El PAN en el Congreso de Guanajuato propuso una iniciativa para que se establezcan plazos máximos para resolver los asuntos en la materia
Vivian Della Rocca
Guanajuato, Gto. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa.
El coordinador, Jorge Espadas Galván, expresó que lo que se busca es proteger los derechos de las personas y resolver sus disputas frente a la conducta administrativa de los órganos públicos.
Para ello se propone establecer un término de 300 días consecutivos para interponer algún juicio de nulidad, como resultado de la omisión que tuvo la autoridad de señalar el medio de impugnación.
Esto implica que dentro de este plazo que se está proponiendo, se tengan que resolver y no se prolonguen en el tiempo las resoluciones, donde incorporamos una causal de sobreseimiento que no se haya promovido acto procesal alguno por los interesados dentro del término de 300 días consecutivos
Explicó que también se establece el cumplimiento sustituto de la sentencia para que la autoridad pueda cumplir con las resoluciones en favor de los ciudadanos y así favorecer el acceso igualitario de la justicia.
Evita que los asuntos se prolonguen en el tiempo, de manera casi interminable, en algunos casos, se da mayor seguridad procesal a las partes dentro de los juicios protegiendo los derechos de las personas en la resolución de sus disputas
Espadas Galván dijo que el cumplimiento sustituto de una sentencia podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el magistrado que hubiera emitido la sentencia, cuando por las circunstancias materiales del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al proceso.
Finalmente, remarcó que la iniciativa tiene un alto impacto social en la vida de los justiciables ya que les garantiza el acceso igualitario a la justicia, lo cual es esencial para proteger los derechos de las personas y resolver sus disputas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.
