Guanajuato busca sancionar con cárcel agresiones sexuales contra animales
El Partido Verde en el Congreso local plantea cárcel para las personas que incurran en agresiones sexuales a los animales hasta por cuatro años, así como multas económicas de hasta 300 días
Vivian Della Rocca
Paulina Abascal, integrante del Consejo y representante de asociaciones protectoras, señaló que aunque en el municipio se han recibido reportes sobre prácticas de abuso sexual contra animales, muchos no prosperan por falta de denuncias formales.
Hace algunos años recibimos un reporte, pero nunca se formalizó. Antes esto se veía como un tabú y no se denunciaba
La iniciativa plantea imponer hasta cuatro años de prisión por estos actos, lo cual, para Abascal, representa un progreso necesario, aunque insuficiente.
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“A mí siempre se me va a hacer corto el tiempo de penalización, pero sí creo que vamos avanzando. Esto también va a impulsar a que desde los ministerios públicos se capaciten y no desestimen denuncias, desde maltrato cotidiano hasta abuso sexual”.
Paulina Abascal destacó que aunque en Guanajuato capital ha crecido la visibilidad de los animales como miembros de familia y ya se les reconoce como seres sintientes y animales de compañía y no mascotas, a nivel nacional se vive un aumento preocupante de casos de crueldad.
“Estamos en el peor escenario de abuso. Vemos casos que nunca habíamos visto hace 15 años (...) Será un parteaguas porque mucha gente cree que el abandono no es maltrato, y menos si se deja a un animal enfermo. En diciembre habrá avances importantes”.
La activista informó que actualmente la asociación que representa, que se llama Fundación Corazón Animal, da seguimiento a un caso de abandono de un animal enfermo, proceso que lleva siete meses ante el Ministerio Público.
“Estamos esperando que el jurídico no haya echado para atrás nada de lo que propusimos. Tengo fe en que sí va a haber un gran avance. Guanajuato merece un reglamento que se aplique.”
Abascal hizo un llamado a seguir reforzando también la legislación estatal, pues aún existen vacíos legales que limitan la actuación de las autoridades cuando los casos se trasladan al ámbito municipal.
























