La Sala Superior del TEPJF dejó firme la sanción contra Jorge Rodríguez Medrano por violencia política de género contra la regidora Fernanda Arellano
Miguel Martínez
Guanajuato, Gto.– Lo que comenzó como una denuncia por ataques sistemáticos en plataformas digitales culminó en una sentencia ejemplar que marca un antes y un después en la justicia electoral de la capital. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó firme la sanción contra Jorge Rodríguez Medrano, exaspirante a la alcaldía por Morena, al confirmar que sus conductas vulneraron la dignidad y el ejercicio del cargo de la regidora Fernanda Arellano.
La resolución, que ya causó estado, impone una sanción que trasciende lo administrativo. Al quedar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por un periodo de un año y seis meses, Rodríguez Medrano pierde automáticamente el requisito de contar con un “modo honesto de vivir”, lo que anula sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.
El camino legal puso a prueba la firmeza de las instituciones. La sentencia original, emitida en octubre de 2025, fue impugnada por la defensa del sancionado, llevando el expediente primero a la Sala Regional Monterrey y posteriormente a la Sala Superior. En esta última instancia, los magistrados desecharon en su totalidad los agravios presentados y confirmaron que la violencia política ejercida no está protegida por la libertad de expresión.
El 7 de enero de 2026, con el reinicio de actividades del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), se realizó la notificación oficial. Con este acto se cerró cualquier otra vía de impugnación, obligando al sancionado a cumplir de manera inmediata con las medidas de reparación integral.
La justicia electoral estableció plazos y condiciones específicas para resarcir el daño causado. Rodríguez Medrano cuenta con un plazo máximo de tres días hábiles para redactar y firmar personalmente una disculpa pública, escrita de su puño y letra, en la que reconozca la falta cometida y el daño moral ocasionado a la regidora.
Además, en un periodo no mayor a treinta días, deberá acreditar la asistencia y conclusión de un curso especializado en derechos de las mujeres y prevención de la violencia política, con el objetivo de evitar la repetición de estas conductas. De manera paralela, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) formalizó su inscripción en el padrón nacional de personas sancionadas, un registro público que le impide legalmente contender por cargos de elección popular mientras la sanción esté vigente.
La consecuencia política es contundente. El periodo de sanción de 18 meses, que comenzó a computarse tras la firmeza del fallo, mantendrá a Rodríguez Medrano en el registro de violentadores durante todo 2026 y el primer semestre de 2027, lapso que coincide con las etapas clave de registro de candidaturas para el próximo proceso electoral local.
Especialistas en derecho electoral señalan que el IEEG está obligado a negar el registro a cualquier persona que aparezca activa en dicha lista, por lo que Morena u otro partido político no podrían postularlo, dejándolo fuera de la contienda.
Pese a la resolución definitiva, la regidora Fernanda Arellano subrayó que la justicia aún no está completa. Permanece abierta una investigación paralela ordenada por la Sala Monterrey para identificar a los administradores e integrantes de un grupo de WhatsApp desde donde se habrían coordinado ataques adicionales.
El IEEG continúa con el rastreo de identidades digitales para deslindar responsabilidades y no se descarta que este caso derive en nuevas sanciones o incluso escale a la vía penal, ampliando el alcance de un precedente clave en materia de violencia política en Guanajuato.
