Son tres años consecutivos que se demanda a la administración municipal por la mala gestión en materia de movilidad, acuerdos incumplidos y falta de transparencia
Cristina Berenice Muñoz Mendez
León, Guanajuato. Por tercer año consecutivo, se demanda al municipio en materia de movilidad. El colectivo URBE, por dos días, recolectó firmas para darle continuidad a la demanda de amparo por el tarifazo en el Sistema de Transporte Público.
Ernesto Ramírez, representante de URBE León, precisó que el día jueves se presentaron las demandas en contra de diferentes autoridades, son tres, esto al ser los sectores involucrados y que están en contra del aumento al transporte público: los estudiantes, adultos mayores y personas que viven en polígonos de situación vulnerable.
Juan Pablo Delgado, abogado defensor de Derechos Humanos, enlistó varios argumentos de la demanda, uno de ellos fue el proceso que se hizo para acordar el aumento, en donde dijo que hubo una falta de transparencia sobre los datos que demostraban la justificación del aumento, y es que, al momento de solicitar información incluso que era solicitada por integrantes del ayuntamiento, tenía trabas para ser entregada.
No hay datos para los ciudadanos, no hay una auditoría de los estados financieros, tampoco estudios que avalen el aumento, explicó.
Hacer una diferencia entre lo que se tiene como la tarifa técnica, esto es, cuál es el costo real de mantener el transporte público operando en la ciudad, que esa es la única justificación que da al final el ayuntamiento para el aumento y el término de tarifa social que es lo que la población puede gastar, tiene que haber una diferencia entre esos dos términos para poder calcular entonces, si es que tiene que haber un subsidio o bien, si es viable que continúe siendo el transporte público prestado por concesionariasJuan Pablo Delgado
Agregó que, ante los constantes aumentos y que los ciudadanos ven que no hay mejoras en el transporte público, se inclinarán a otros medios de transporte, como lo es la motocicleta, que se traduce en el posible aumento de percances viales y hasta la generación de más contaminación ambiental.
De los derechos que se ven afectados, es el del acceso a la educación, con una movilidad poco eficiente y que repercute a los estudiantes que destinan horas para llegar a sus instituciones educativas.
“Son muchos derechos vulnerados por esta decisión, hay argumentos de fondo, hay argumentos de forma en términos de un procedimiento oficial y esperamos que tanto estas tres demandas como las que vienen, puedan ser analizadas de manera objetiva por el poder judicial de la federación que en los últimos meses ha sido duramente criticado por una buena parte de la población”, destacó.
Este sábado 11 y domingo 12 de enero estarán recabando firmas, en la Biblioteca Central Estatal, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y del 13 al 17 de enero, de 12 a 2 y de 5 a 7 en Américas 104.
De manera digital existe la convocatoria en chance.org, que si bien no representa una validez legal ante el caso, sirve para generar un contexto social para que más se sumen y conozcan que es una causa legítima.
Conforme avancen las fechas, estarán distribuidos en otros puntos como el acceso principal de la feria y terminales de transferencia.
Ante los acuerdos en el anexo único, que se estableció en la comisión mixta tarifaria del año pasado, los concesionarios no los han cumplido del todo, como el de la frecuencia de las rutas, tema que fue mencionado incluso por el regidor de la bancada panista, Hildeberto Moreno Faba, quien precisó está inconformidad ciudadana en los “Mi Barrio Habla” y que es la queja más recurrente de los ciudadanos.
“Sí hicimos mención en la demanda, de que, respecto al acuerdo anterior, hay incumplimiento y hay evidencia del incumplimiento en conjunto por supuesto con muchas notas de prensa (...) han documentado desde enero del 2023 hasta la fecha, hay evidencia suficiente como para asegurar que los acuerdos no fueron cumplidos”, manifestó Juan Pablo.
Las suspensiones de las licencias de los concesionarios al no cumplir los acuerdos, es algo que no ha ocurrido desde el 2023 que se hizo el primer tarifazo en la administración de Alejandra Gutiérrez Campos.
