El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que estableció sanciones contra un red de lavado de dinero de la facción de la “Chapiza” en Mazatlán, vinculada con desarrollos inmobiliarios y otros negocios en el puerto.

Lo que era un secreto a voces, este lunes salió con un misil desde Washington directamente hacia el Cártel de Sinaloa y sus operadores en la Perla del Pacífico.

Lo raro es que, bueno, no tan raro, el gobierno mexicano no haya informado de las personas señaladas con anterioridad.

Desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum no se cansa de presumir la colaboración con las autoridades gringas en materia de combate a las drogas.

Pero otro vez queda en evidencia que en el flujo de información de allá para acá en este flagelo hay “mano cargada” de un solo lado.

Los financiadores y testaferros son los operadores logísticos de un entramado criminal que se expande para controlar la vida ilícita de un lugar, copta autoridades y corrompe a todo un ecosistema social, en nombre del progreso.

Pero detrás está el verdadero poder: la forma en que disuade para lograr sus objetivos, con billetes o balas.

Estados Unidos está cerrando el cerco financiero a la facción de los “Chapitos” en su territorio, pero al mismo tiempo le abre la puerta a familiares para “protegerlos”. Son o no, pues, el enemigo a vencer.

Del lado mexicano el dinero que generan sigue en el sistema financiero y no se toca, ¿por qué? Por la complicidad de las autoridades nacionales, ellas tienen la llave.

Las 10 empresas señaladas por el Tesoro de EU operadas por estos personajes son visibles en el puerto sinaloense.

Pronto se sabrá si Hacienda y la FGR hace la chamba de este lado.