La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió un oficio dirigido al gobierno de Concordia para que se tomen acciones, pero nada se ha hecho y nada puede hacer la CEDH más allá de señalar con el dedo hacia donde está el fuego.
Los incendios registrados en la sierra del sur de Sinaloa agravan la crisis de violencia que se vive en Sinaloa: colectivos feministas denunciaron el miércoles 21 de mayo que estos siniestros son provocados por grupos del crimen organizado, con lo cual se bloquea la única vía de suministro que tienen poblados como Chirimoyos, La Petaca, El Cuantanal, Potrerillos y El Palmito.
Esto es indicio también de la poca capacidad que ha mostrado el gobierno de Sinaloa a lo largo de ocho meses para combatir esta ola de violencia producida por grupos del narcotráfico que se disputan el control en Sinaloa. El bloqueo de estos pueblos pone en una situación delicada a sus pobladores, ya que no pueden recibir suministros, pero tampoco pueden salir al estar bloqueado el acceso.
No importa cuántas detenciones se realicen en los operativos de seguridad a lo largo de toda la entidad o cuantos sicarios sean abatidos, la respuesta del crimen tarda poco en dejarse sentir, de una forma u otra: en esta ocasión, dejan incomunicadas a cientos de familias de la sierra y el gobierno poco hace para remediar esta situación.
La situación requiere acción inmediata. Acciones que el gobierno probablemente tardará en realizar, por lo que solo queda esperar a que no sea demasiado tarde cuando las autoridades finalmente hagan su arribo con despensas, agua, víveres, operativos de seguridad y programas del Bienestar.
La administración estatal ha reconocido que hay tres incendios forestales activos y están tomando acciones para apagar las llamas, pero no apagan el otro incendio, el que quema la seguridad de los sinaloenses. Ese incendio es el que mayor atención requiere y es el que parece no importar.
