Observatorio Ciudadano | Ciudadanía al grito de más transparencia, menos burocracia

El pasado 20 de marzo se publicó una nueva Ley General de Transparencia en el Diario Oficial de la Federación, más allá de lo técnico o legal, esta reforma marca un cambio muy profundo que debe preocuparnos y hablo desde la perspectiva de la sociedad civil, porque desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo que por más de dos décadas fue esencial para vigilar a nuestros Gobiernos en el uso y destino de nuestros presupuestos.

Fue precisamente que gracias al INAI que la ciudadanía ejercía el derecho de solicitar información pública como el gasto en obras, sueldos de funcionarios, el uso de los recursos relacionados con impuestos, y muchísimos datos más. Lo importante es que el INAI era un organismo autónomo y eso le daba la fuerza para exigir rendición de cuentas sin interferencias.

Con su desaparición, el Gobierno federal propone un nuevo esquema que contempla la creación de un organismo llamado “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública). A simple vista puede sonar positivo, pero en el fondo no lo es.

Los cambios con este nuevo modelo

Para empezar, el nuevo organismo tendrá sólo el 45% del presupuesto que tenía el INAI, con ese recorte atenderá a menos de la mitad de las instituciones que antes estaban obligadas a rendir cuentas, esto es sólo al 39% de los llamados “sujetos obligados” federales. Significa que la mayoría de las instituciones públicas federales ya no serán supervisadas por un órgano especializado y tendrán que crear sus propios mecanismos internos para cumplir con las obligaciones de transparencia.

A nivel federal, esta situación implica la creación de, al menos, ocho nuevos organismos, uno para cada sector del Gobierno, es decir, un organismo para el Poder Judicial, otro para los órganos autónomos, otro para los partidos políticos y así sucesivamente. Cada uno necesitará instalaciones, personal, capacitación y presupuesto propio. Lo que se nos expuso a la sociedad civil fue que el INAI representaba alto costo en presupuesto público, pero con estos cambios es evidente que estaremos frente a una mayor fragmentación estructural de las instituciones, más burocracia y seguramente se requerirá más dinero público. Está claro que el tema del recurso fue un pretexto.

Este nuevo modelo que propone la Federación deberá replicarse en los 32 estados del país para continuar con la centralización. En el caso de Sinaloa si se elimina la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) se tendrían que crear seis nuevos organismos para cubrir lo que hoy hace uno solo, éstos serían para las secretarías estatales, para los municipios, para el Congreso local y uno más para los partidos; también para sindicatos y para el Poder Judicial. Sin duda, más burocracia, más gasto, más confusión y más obstáculos a la ciudadanía para acceder a la información pública, a todos esos datos que las autoridades generan, procesan y deben entregarnos.

Los riesgos de este cambio

El acceso a la información pública se prevé que sea más lento, complicado y menos efectivo, sin embargo, el riesgo mayor que detectamos es la pérdida de la autonomía de los órganos garantes del derecho del acceso a la información. El nuevo organismo nacional dependerá del Poder Ejecutivo lo que abre la puerta a la opacidad, a la manipulación de la información, al condicionamiento y a posibles conflictos de intereses. En lugar de un árbitro imparcial que obligue a los gobiernos tendremos un organismo que responda directamente a sus intereses.

Al dispersar la responsabilidad con el nuevo modelo, existen múltiples dependencias y organismos que perderán la especialización y el camino será más difícil para la ciudadanía que solicite información; todavía no tenemos garantías de a quién se le pedirá cuentas cuando una institución niegue información tampoco qué garantías tendremos para que nuestros derechos sean protegidos.

La transparencia de la información pública no es un privilegio, es un derecho que nos acerca a la información, nos permite tomar mejores decisiones y exigir cuentas a nuestras autoridades, recordemos que la información es poder y nos empodera como sociedad civil y eso suma al control de la corrupción; ahora con un acceso menos abierto a toda esa información pública, se reducen las formas de participar activamente en la vida democrática.

Acciones en Sinaloa

La desaparición del INAI nos afectará a todos de distinta manera, por eso nos hemos sumado como organización en la mesa de propuestas a través de la Red Ciudadana del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa para que la armonización de la Ley de Transparencia para el Estado con la General sea lo más ciudadanizada posible, partiendo del principio pro persona, es decir, desde la perspectiva de Derechos Humanos. Como lo hemos informado a través de nuestras redes vamos de la mano con otras organizaciones, con activistas y periodistas con la firme intención de incidir y de evitar el control de la información pública desde los gobiernos.

El viernes pasado entregamos, como Red, el documento con las propuestas ciudadanas para la armonización de la Ley, le toca al Congreso local revisarlas, tomar en cuenta nuestras voces y abrirnos espacios para colaborar, porque la participación ciudadana también es un derecho y exigimos que haya todas las condiciones para ejercerlo desde el Legislativo. Ya les iremos informando por aquí cómo avanzamos y las respuestas de los diputados. Nos leemos en la próxima.

observatoriociudadanomzt@hotmail.com

@observatoriomz

tFB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

IG: observatorio ciudadanomzt

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y Licenciado en Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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