Hasta aquí, en apariencia, se trata de un procedimiento habitual para garantizar el funcionamiento de un hospital municipal. Sin embargo, cuando se observa el historial de las compras públicas relacionadas con el proveedor, comienzan a surgir preguntas que merecen ser respondidas con claridad.

No se trata sólo del monto, sino del patrón que aparece en los procedimientos.

La pregunta inevitable es si estamos frente a una competencia real o simplemente ante un esquema repetido de participantes que terminan validando los mismos resultados.

Colusión a la vista…

A esto se suma otro elemento que llama la atención: el proveedor que ha ganado estos contratos es una comercializadora, es decir, una empresa que intermedia productos. En términos de mercado, esto no es imposible, pero sí es inusual cuando ocurre de manera reiterada en contratos públicos de alto monto y de alto impacto.

Es decir, el mismo proveedor que hoy abastece medicamentos e insumos hospitalarios también ha sido contratado para suministrar materiales hidráulicos.

Este dato no implica por sí mismo una irregularidad, pero sí abre una pregunta legítima: ¿estamos ante un proveedor con una extraordinaria capacidad para competir en mercados completamente distintos o ante un modelo de contratación pública donde los mismos actores se repiten independientemente del giro del contrato?

Eso nos hace pensar que estamos frente a un posible caso de colusión, es decir, un tipo de corrupción. La colusión se refiere cuando varias empresas se ponen de acuerdo para simular competencia en una licitación.

En el caso del Hospitalito, la ciudadanía merece saber algo muy sencillo: si los 82 millones de pesos que se acaban de comprometer realmente se traducirán en medicamentos disponibles en las farmacias del hospital y en atención digna para quienes dependen de ese servicio.

Porque, al final, el problema no es quién gana los contratos, el problema es que, pese a todo ese dinero, los pacientes siguen esperando medicamentos que no llegan. ¿Por qué?

*Gustavo Enrique Rojo.

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*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y Licenciado en Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.