Arroyo Jabalines, el caudal que abriría un boquete a la Comuna por demandas judiciales
Un juicio de amparo, una denuncia penal por despojo, por afectaciones a bienes nacionales, quejas administrativas y hasta de negligencia, tienen entrampada a la administración que encabeza Estrella Palacios Domínguez por el desvío del afluente
Redacción / El Sol De Mazatlán
El tramo intervenido de 80 metros lineales rectificó el flujo del agua y eliminó una curvatura natural, alterando significativamente su trayectoria.
Dicho delito, apuntó, está penado con entre 3 y 9 años de prisión e inhabilitación de por vida.
A esto se suman una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por despojo y abuso de funciones.
Otra ante la Fiscalía General de la República por afectación a bienes nacionales.
Una queja administrativa ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Denuncias por negligencia ante el Instituto Estatal y el Instituto Nacional de Protección Civil, por la ausencia de Osuna Tirado durante las obras de “desazolve”.
Negociaciones ílicitas
“¿De dónde iba a erogar recursos públicos para un recurso reparativo, si manifestaron que no había realizado la afectación? ¿O iba a salir de su bolsillo?”, cuestionaron los afectados.
Los propietarios fueron amenazados, incluso, con declarar la propiedad en zona de alto riesgo y proceder a su expropiación, lo cual consideran un abuso de autoridad.
Quintana Pucheta resaltó además que el secretario del Ayuntamiento ha negado al Juez de Control entregar los videos del circuito cerrado de dicha reunión, acumulando dos multas personales de 25 mil pesos cada una por desacato.
Conagua confirma daños; ordena restituir el cauce
La Comisión Nacional del Agua confirmó que hubo una afectación al cauce natural del arroyo Jabalines.
Antonio Bernal Villa, director técnico del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, declaró recientemente que aún no se ha identificado a los responsables, pero el área jurídica de Conagua ya trabaja en una denuncia ante la FGR.
La Conagua instruyó al Ayuntamiento de Mazatlán a restituir de inmediato el cauce original; no obstante, la Comisión deberá respetar el proceso legal, notificar al afectado y presentar estudios técnicos previos.
“El soporte documental, ¿dónde está? Se corre el riesgo de que al no hacerlo con esas técnicas que se deben seguir, el cauce del arroyo no quede igual o que sigan afectando la propiedad”, expuso.
Señaló además que la parte afectada no ha sido notificada por la Conagua, por lo que solicitarán copia del oficio enviado al Ayuntamiento.
Independientemente de que haya un ordenamiento para mitigar los daños ocasionados, eso no exime a los funcionarios de ser juzgados por las conductas cometidas y descartó un posible desistimiento.
Eduardo Murrieta Sánchez, apoderado legal de la familia, detalló que el predio afectado tiene una extensión total de 28 mil metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 4 mil 560 fueron invadidos.
El 29 de junio los propietarios sorprendieron a las máquinas del Ayuntamiento trabajando dentro del predio, sin autorización y sin exhibir documento alguno que acreditara los trabajos.
“Yo los agarré ahora sí que de forma in fraganti, y para eso existen las fotografías que yo tomé de ellos ese día en el lugar, entonces no me pueden decir que no fueron ellos, esa es la realidad”, declaró Murrieta.
Esta modificación ha generado preocupación entre habitantes de colonias Huertos Familiares y Labastida Ochoa, quiénes temen que la alteración del cauce incremente el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.
Los vecinos relataron que sostuvieron reuniones con representantes del Ayuntamiento, quienes les indicaron que el arroyo solo sería tapado si así lo ordena un juez.
Esta versión contradice lo que previamente se le habría informado al propietario afectado, a quien le negaron ser los responsables de la desviación.
“Se está investigando, hay que pasarlo a la parte investigadora y la parte investigadora empieza a hablarle a los que presuntamente estén involucrados”, explicó el funcionario.
Sin embargo, Quintana Pucheta desmintió que se trate de una denuncia ciudadana, y que más bien fue presentada por el propio Moisés Ríos Pérez contra trabajadores sindicalizados.
La líder sindical adelantó que de ser así, habrá defensa jurídica para sus trabajadores.






























