El IPPPDDHyP ha emitido 715 medidas en un año marcado por el repunte de la violencia
Carla González
Mazatlán, Sin.- El contexto de violencia que se agudizó en Sinaloa a partir de septiembre de 2024 ha tenido un impacto directo en el trabajo de defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico; el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirmó que desde ese repunte las atenciones prácticamente se duplicaron.
Jenny Bernal Arellano, directora del organismo, explicó que el incremento es evidente si se compara con la tendencia previa.
“La media iba de cinco a seis personas por mes. Desde septiembre del año pasado hemos llegado hasta doce personas por mes. Entonces se ha duplicado el número de personas, lo que nos duele porque desafortunadamente se está viendo violentado el derecho a defender derechos y la libertad de expresión en Sinaloa”, dijo.
Según el corte presentado por la institución, entre 2022 y octubre de 2025 se han emitido 1,488 medidas de protección. Tan solo de septiembre de 2024 a octubre de 2025, se otorgaron 715 medidas, entre ellas 175 de protección, 55 catalogadas como de urgente protección y 359 preventivas.
Durante ese mismo periodo, el Instituto registró 134 presuntas agresiones. La mayoría corresponde a amenazas con 61, además de 7 casos de obstaculización del trabajo periodístico, 7 actos de intimidación en domicilios, 4 amenazas con arma de fuego, 4 daños a vehículos y 4 casos de lesiones, principalmente.
Bernal Arellano indicó que los municipios que permanecen en “foco rojo” son Ahome, Culiacán y Mazatlán, mientras que Navolato y Guasave también mantienen cifras relevantes de agresiones.
Desde la puesta en marcha del Instituto, en 2022, la dependencia ha acompañado más de 50 denuncias formales ante las autoridades competentes relacionadas con ataques al ejercicio periodístico o a la defensa de derechos humanos
En cuanto a los presuntos responsables identificados, suman 134; ellos, 71 son particulares ligados a actividades criminales; 38 particulares sin vínculo registrado; 11 servidores públicos armados; 8 estatales; 4 municipales; uno federal y uno considerado de primer nivel.
