El cobro para torres más altas en Mazatlán no tiene sustento jurídico, advierten abogados
Abogado señala que lo aprobado por el Cabildo evidencia una improvisación legislativa, al pretender imponer este cobro vía Ley de Ingresos, sin que exista en la Ley de Hacienda, ni en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población
Que cualquier contribuyente podría promover un juicio de nulidad o juicio de amparo alegando violación al principio de legalidad tributaria.
¿Un nuevo impuesto?
“Si quieren hacer torres de 50 niveles y el uso de suelo se los permite, bienvenido porque es inversión, porque es derrama económica, nada más que pues les fallaron quienes les vendieron la idea de que estaban sacando las cosas bien”, concluyó.
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Las torres del malecón tienen varios niveles. / Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán
Mazatlán, Sin.- El 7 de agosto el Cabildo mazatleco aprobó por mayoría enviar al Congreso del Estado de Sinaloa una propuesta para modificar la Ley Municipal de Ingresos 2025, e incorporar la expedición de licencias para aumentar derechos de edificabilidad, es decir, pagar más para construir más niveles de los permitidos en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población.
Aunque la medida fue recibida con entusiasmo en el sector inmobiliario, el abogado Guillermo Quintana Pucheta lanza una advertencia jurídica, ya que no es viable legalmente y puede poner en riesgo la seguridad jurídica de proyectos.
En el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda se lee que con fecha del 15 de mayo del 2025, el Cabildo aprobó someter al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal, con el objetivo de incorporar en ella diversos conceptos de derechos relacionados con servicios prestados por la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, tales como dictámenes de factibilidad técnica, licencias de uso de suelo, constancias de zonificación, trámites de subdivisión y fusión, terminación de obra y visto bueno de operación.
Sin embargo, se argumentó que dicha propuesta se encuentra en el análisis por los diputados y que al permear la regulación para todos los municipios, su aprobación puede llevar varios meses.
La sesión de Cabildo donde se acordó enviar la iniciativa al Congreso del Estado. / Foto: Gobierno de Mazatlán
Ante este escenario se propone incorporar temporalmente estos conceptos en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2025 como medida excepcional y de carácter transitorio.
Ahí también se reveló que esto es con el objeto de dotar de certeza jurídica a los cobros que actualmente se realizan de hecho, pero que no cuentan con la debida base normativa en la Ley de Hacienda.
Entre los derechos por la prestación de servicios públicos se encuentran la expedición de licencia para aumentar derechos de edificabilidad para llegar al CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo) Máximo, a través de la transferencia de potencialidades; expedición de licencias para aumentar derechos de edificabilidad para llegar al CUS Máximo, a través de la compra de derechos por cesión onerosa; expedición de licencia para aumentar derechos de edificabilidad para llegar al CUS Máximo Flexible, expedición de licencia de flexibilidad de lote mínimo permitido.
El litigante explicó que lo aprobado por los ediles evidencia una preocupante improvisación legislativa, ya que pretender imponer este cobro vía Ley de Ingresos sin que exista en la Ley de Hacienda, ni en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Centro de Población, implica, dice, una evasión del procedimiento legal para modificar este instrumento de planeación, que por ley requiere estudios técnicos, consulta pública y dictamen de congruencia.
El sector inmobiliario del puerto tiene en la actualidad más de 400 proyectos en marcha. / Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán
“¿Por qué no modificaron el Plan Director? La razón es clara: evitar el procedimiento legal de consulta vecinal, modificar el Plan implica transparentar el proceso y dar voz a colonos y comités ciudadanos. La propuesta busca evitar esa consulta y hacer el cambio de facto”, dijo.
Agregó que jurídicamente estas leyes cumplen funciones distintas y jerárquicamente complementarias; la Ley de Hacienda es la que puede establecer la existencia de un derecho o contribución municipal, definiendo su objeto y la tarifa, mientras que la Ley de Ingresos sólo está facultada para fijar la periodicidad, tasas de actualización y previsión de recaudación anual, pero no para crear nuevos tributos.
El especialista en litigios administrativos, ambientales e inmobiliarios, resaltó además que según lo plasmado en este dictamen, se reconoce que llevan años aplicando cobros sin sustento, vulnerando el principio de legalidad tributaria, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quintana Pucheta añadió que de llegarse a apoyar por el Congreso Local habría riesgos jurídicos, por ejemplo, impugnaciones por vecinos colindantes que sí tienen interés jurídico, al verse afectados por el incremento de densidad, presión en servicios y alteración del entorno.
Torres en construcción en la avenida del Mar. / Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán
Además, si los tribunales determinan la ilegalidad del cobro, el Ayuntamiento tendría que devolver con actualizaciones y recargos todas las cantidades indebidamente recaudadas, generando un impacto presupuestal grave.
“El Cabildo aprobó en su momento una propuesta de ‘CUS flexible’ en materia de desarrollo urbano. Sin embargo, no prosperó ante el Congreso. El esquema que ahora se intenta aprobar constituye un segundo intento, pero con mayores debilidades legales, ya que nuevamente se omite el procedimiento formal de modificación del PDUCP”, añadió.
En esa sesión de Cabildo el dictamen se aprobó por mayoría de los presentes, se ausentaron el regidor Giovanni González Zatarain y Wendy Barajas Cortés, mientras quienes votaron en contra fueron la morenista Fabiola Torres Torres, la priista Maribel Chollet Morán y el panista Felipe Parada Valdivia.
Entrevistada al respecto, Chollet Morán precisó que su voto fue en contra porque en mayo se había aprobado un dictamen y se había remitido al Congreso, el cual no pasó.
Según la edil, la JUCOPO, que encabeza la diputada Tere Guerra Ochoa, consideró que era un impuesto “fifí” y que se contrapone a la narrativa oficialista de no creación de nuevos impuestos.
“Es una incongruencia que por temas de carácter estrictamente político de la propia bancada de Morena se los hayan obstaculizado. Me parece que la división entre ellos está muy marcada también en el Congreso del Estado. No hubo voluntad política porque no quisieron asumir el costo de que estaba creándose un impuesto”, consideró.
Aclaró no estar en contra del desarrollo en Mazatlán, reconoció que esta aprobación la tomaron con entusiasmo el sector inmobiliario porque les va a permitir construir más niveles, sin embargo, señaló que es políticamente incorrecto.
Trabajadores de la construcción. / Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán
