Con la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, se busca que la arborización deje de ser ‘un acto de voluntad política’ y se convierta en una exigencia legal
Carla González
Mazatlán, Sin._ Con el propósito de que la arborización y la conservación de áreas verdes sean un componente obligatorio en el desarrollo urbano de Sinaloa, el diputado local Carlos Escobar Sánchez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
El legislador morenista expuso que el desarrollo urbano y la protección ambiental caminen juntos en la planeación de obras públicas y privadas, pues aunque el marco legal actual contempla disposiciones sobre arborización, éstas carecen de mecanismos claros de cumplimiento, lo que limita su efectividad.
La propuesta busca robustecer esas disposiciones, para que la arborización deje de ser “un acto de voluntad política” y se convierta en una exigencia legal clara, medible y verificable en el ejercicio de la obra pública.
“Una ciudad moderna también debe de ser verde, donde el desarrollo y el medio ambiente vayan de la mano. Un ejemplo claro aquí en Mazatlán es la avenida del Delfín con más de 2 kilómetros y que no tiene un solo árbol plantado, con infraestructura moderna pero sin árboles. Con esta iniciativa buscamos que en cada obra pública o privada haya árboles sí o sí”, dijo.
La propuesta, entregada en Oficialía de Partes el pasado 20 de mayo, plantea una evolución en la planeación urbana, al reconocer a los árboles y áreas verdes como infraestructuras esenciales, al mismo nivel que las rúas, electricidad o transporte.
Entre los principales puntos de la iniciativa, se incluye la obligatoriedad de incorporar áreas verdes o elementos de arborización en toda obra pública, especialmente en banquetas, camellones, plazas, parques y escuelas, así como la inclusión de las áreas verdes arborizadas como parte del equipamiento urbano.
Asimismo, se propone definir con precisión las áreas verdes urbanizadas para facilitar su correcta aplicación por parte de autoridades estatales y municipales, y se establece que las excepciones al deber de arborizar deberán estar técnicamente justificadas y documentadas en el expediente de obra.
El proyecto establece además que, en la construcción de calles o vialidades con camellones, los constructores deberán plantar especies endémicas o nativas de la zona, y que una vez recibidas las obras, su mantenimiento será responsabilidad de los gobiernos estatal o municipales, según corresponda.
Otro de los aspectos relevantes es que antes de autorizar cualquier acción urbanística, las autoridades deberán evaluar los impactos financieros derivados del mantenimiento de la infraestructura verde, mientras que los propietarios o beneficiarios de las obras deberán aportar recursos proporcionales para su conservación.
En la exposición de motivos, el diputado subraya que los árboles son “los pulmones de las ciudades”, fundamentales para la vida, la salud y el equilibrio ambiental. Además de generar oxígeno, los árboles absorben contaminantes, ayudan a reducir la temperatura ambiente entre 2 y 8 grados centígrados, incrementan la biodiversidad urbana y pueden aumentar el valor de las propiedades hasta en un 20 por ciento.
Con esta reforma, se pretende que la arborización deje de ser una buena práctica voluntaria y se transforme en una política pública obligatoria, orientada a construir ciudades más sostenibles, habitables y resilientes ante el cambio climático.
