Entre las señaladas aparece una empresa de capital chino, Puerta del Sol, con un incumplimiento del 65.5 por ciento en un contrato por 21.3 millones de gasas.
El mensaje político es claro: Juárez ocupa un sitio estratégico en la construcción del segundo piso de la Transformación. Y en esa ecuación, Pérez Cuéllar aparece como pieza clave.
En Palacio Nacional se presumió la lista negra: 33 empresas señaladas por incumplir con la entrega de medicamentos. La narrativa buscaba contundencia, pero en los pasillos se comenta que el tiro salió chueco. Rafael Gual Cosío, director de Canifarma, dejó caer el dato incómodo: de esas compañías, sólo tres pertenecen a la Cámara, y varias ni siquiera son farmacéuticas, mucho menos fabricantes consolidados. Algunas carecen incluso de registros sanitarios. Dicho de otro modo: el propio gobierno abrió la puerta a intermediarios de papel y ahora finge sorpresa por el desabasto.
La deuda pendiente —más de 14 mil millones de pesos desde 2019— es otro secreto a voces. Difícil exigir puntualidad a proveedores cuando la Tesorería tarda años en pagar. Mientras tanto, el discurso oficial presume coberturas de 97 por ciento en IMSS e ISSSTE, cifras que no cuadran con las 43 millones de piezas no entregadas, incluidos 17 millones de oncológicos.
En corto, se admite que la urgencia no es médica sino política: mostrar autoridad en medio de un sistema de compras convertido en ruleta rusa. La presidenta fija plazos y amenaza con vetos, pero pocos preguntan quién adjudicó contratos a empresas sin credenciales. En el escenario público, la culpa recae en los proveedores; en el privado, la falla está en el modelo de compras. Y en medio, los pacientes: ellos pagan la factura del juego de culpas.
En Chihuahua llamó la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum eligiera Ciudad Juárez —y no la capital del estado, como ocurrió en la mayor parte de su gira— para rendir su informe presidencial. El municipio fronterizo, gobernado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar, fue el escenario donde, ante más de 20 mil juarenses, la mandataria anunció la próxima apertura de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Cinco de ellos se inaugurarán próximamente en la ciudad gracias a la colaboración del presidente municipal, espacios que representan un respiro para las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y para quienes carecen de un lugar seguro para el cuidado de sus hijos.
El Tren Interurbano México–Toluca, bautizado como El Insurgente, enfrenta una situación que parece menor, pero que en realidad expone una cadena de irregularidades preocupantes. Trabajadores de limpieza denunciaron trabas para realizar su labor en la estación Zinacantepec, lo que evidencia la fragilidad en la gestión de servicios básicos de una obra que debería simbolizar modernidad y eficiencia.
La controversia se agrava porque detrás de estas obstrucciones aparece el nombre de Honorato Cisneros Salcido, vinculado a la firma Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, recientemente inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Una empresa con antecedentes cuestionables no debería tener injerencia alguna en la operación de un proyecto de esta magnitud.
No se trata sólo de un problema de acceso para trabajadores, sino de la sombra de intereses privados que buscan mantener presencia a toda costa. Si las autoridades no corrigen estas prácticas, el tren que prometía ser un modelo de conectividad podría convertirse en un símbolo de opacidad y desorden administrativo.
