La igualdad sustantiva no se decreta: se financia, se coordina y se evalúa. Invertir en cuidados es invertir en el tiempo, el trabajo y la libertad de millones; pero también en el crecimiento y la viabilidad económica del país.
Hablamos cada vez más del Sistema Nacional de Cuidados, pero a veces se etiqueta como sistema cualquier programa suelto o una ocurrencia bien intencionada. Un sistema no es un anuncio: es arquitectura del Estado. Define políticas públicas, distribuye competencias, fija estándares, genera información, evalúa y tiene presupuesto. Sin eso, no hay sistema: hay dispersión.
La urgencia no es solo social, es económica. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ya sostiene al país: en 2022 su valor equivalió a 24.3% del PIB y en 2023 a 26.3% del PIB. Y ese “PIB invisible” recae mayoritariamente en mujeres, que aportan más del 70% de ese valor. La desigualdad de tiempo es, por eso, desigualdad de ingresos, de autonomía y de ciudadanía.
En un contexto de finanzas públicas limitadas, la pregunta no es si alcanza para cuidados, sino si el país puede seguir perdiendo productividad y recaudación por mantener a millones de mujeres fuera del empleo formal. El IMCO estima que acelerar la participación económica de las mujeres podría aumentar el PIB en 6.9 billones de pesos en la próxima década, y que, con una agenda decidida, el PIB en 2030 podría ser 15% mayor que el de 2020. La política de cuidados es, en ese sentido, una política de crecimiento y sostenibilidad fiscal: más empleo formal implica más seguridad social, más impuestos, menos rotación y menos pobreza.
Pero un sistema de cuidados con enfoque feminista no puede limitarse a ayudar a las mujeres a cuidar mejor, como lo hacen la mayoría de los planteamientos actuales. Debe transformar la organización social del cuidado y cumplir al menos con reconocer, reducir y redistribuir, y avanzar hacia remunerar y representar (cinco R). Reconocer el cuidado como trabajo; reducir cargas excesivas; redistribuirlas entre Estado, mercado, comunidad y hogares; dignificar y remunerar el empleo de cuidados; y asegurar participación efectiva de personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados en la toma de decisiones.
Aquí es clave el diamante del cuidado: cuatro vértices sostienen el cuidado: Estado, mercado, comunidad y hogares. Si uno se retira, otro absorbe el costo, y casi siempre lo pagan las mujeres. Por eso el sector privado debe entrar con corresponsabilidad real: licencias, servicios, cumplimiento laboral y aportaciones concretas, no filantropía, ni en plan negocio.
El sistema tampoco debe diseñarse focalizando poblaciones como si el cuidado fuera un beneficio. Debe garantizar un derecho universal: derecho a cuidar, a recibir cuidados y a contar con condiciones para el autocuidado. Eso exige cobertura progresiva, calidad, accesibilidad territorial e interoperabilidad con salud, educación, trabajo y desarrollo social.
Y, sobre todo, exige gobernanza y presupuesto. El primer paso es reconocer en la Constitución el derecho al cuidado. El segundo, una Ley General que establezca competencias claras entre Federación, estados y municipios, y cree una instancia estratégica de coordinación vinculada a la Presidencia, en coherencia con la Ley de Planeación, para asegurar transversalidad presupuestaria, metas medibles y evaluación periódica. Sin presupuesto etiquetado de a de veras y sin mecanismos públicos de seguimiento, el sistema se vuelve palabra vacía.
