Alternancia política y hogares con jefatura femenina, rasgos de ciudades con menos violencia

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Gozan de alternancia política, tienen una densidad poblacional menor al promedio, registran altos porcentajes de hogares con jefatura femenina y tienen una participación ciudadana mayor al promedio.

Una de las principales conclusiones del análisis de México Evalúa es que la seguridad pública no debe concebirse como una prerrogativa exclusiva del gobierno federal ni como un producto automático del uso intensivo de la fuerza.

En 12 de los 13 casos de éxito, el número de personas por kilómetro cuadrado es menor al promedio de las ciudades capitales

La investigación sugiere que es posible pasar de una visión reactiva y centralizada a una política pública anclada en el territorio, capaz de reconocer la diversidad de contextos y de fortalecer las capacidades locales para prevenir el delito.

De las 13 entidades con buenos resultados en sus políticas públicas contra la violencia, nueve tienen una mayor tasa de hogares con jefatura femenina que el promedio de todas las capitales.

Las cuatro ciudades que tienen una disrupción familiar menor al promedio (casos por cada 10 mil habitantes) son Saltillo, La Paz, Chetumal y Toluca.

Recomendaciones

Con el fin de avanzar en la descentralización de la seguridad, en la aplicación de políticas no penales y en acciones de proximidad, el análisis de México Evalúa plantea las siguientes medidas:

—Diseñar un nuevo mecanismo de transferencias etiquetadas a municipios, similar al extinto Fortaseg, pero orientado exclusivamente al fortalecimiento de capacidades preventivas, no sólo operativas.

—Establecer criterios de asignación basados en indicadores objetivos, como reducciones sostenidas en delitos de alto impacto y prácticas innovadoras en prevención no penal.

—Redefinir la participación federal, limitando el despliegue de Fuerzas Armadas a zonas con alta conflictividad, y garantizando el respeto a la autonomía municipal en tareas de proximidad.

—Incorporar mecanismos de evaluación participativa, en especial para políticas no penales, con representación ciudadana en los procesos de seguimiento y auditoría social.

—Crear incentivos para que municipios con mejores resultados capaciten a otros mediante esquemas de mentoría intermunicipal o redes regionales de aprendizaje.

—Reforzar capacidades institucionales en municipios con rezago y proveer asistencia técnica para fortalecer áreas administrativas y operativas clave en municipios con baja capacidad instalada.

—Superar el paradigma exclusivamente punitivo, incorporando estrategias de prevención situacional, social y comunitaria alineadas con diagnósticos locales.