Ese caudal de peticiones representa un aumento de 465% respecto de las 7 mil 747 que se produjeron durante todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Para Ernesto Villanueva, las solicitudes gubernamentales para la remoción de contenidos en redes sociales no son necesariamente negativas, pues en algunos casos están vinculadas a actos delictivos.
Peticiones para Google
Otra firma que publica con regularidad sus informes de transparencia y que actualiza año con año las estadísticas sobre solicitudes de gobierno para retirar contenidos es Google.
Informó que usuarios dentro de Estados Unidos verían “Golfo de América”, mientras que en México y otras regiones seguirían viendo “Golfo de México”.
Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.
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Imágenes ilustrativas de personas utilizando la red social Facebook / Foto: Archivo Roberto Hernández/ El Sol de México
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México alcanzó el mayor número de solicitudes gubernamentales para retirar contenidos de plataformas como Facebook, YouTube, X y TikTok.
Debido a restricciones de las leyes electorales, alertas de salud y posibles conductas delictivas, pero también por tratar de interferir en la conversación pública, las presiones gubernamentales hacia las redes sociales van en aumento.
En el sexenio pasadocrecieron hasta en 465% las peticiones de las diversas instancias de gobierno para que las plataformas digitales retiren videos, imágenes, mensajes o noticias.
Si bien el número de usuarios, la cantidad de contenido y el mal uso de las redes sociodigitales son fenómenos que van al alza en todo el mundo, especialistas en derecho a la información aseguran que detrás de estos números también se esconde un interés del gobierno por desaparecer el rastro de información incómoda.
De acuerdo con los informes de Transparencia de la empresa Meta, entre 2019 y 2024 desde México se generaron 43 mil 820 solicitudes gubernamentales para eliminar contenido en sus diversas plataformas: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads, Workplace y MetaQuest.
Desde 2013, año en que el gigante tecnológico comenzó a generar los informes de transparencia, el periodo con más solicitudes gubernamentales para retirar contenidos publicados en Meta ha sido 2024, con 10 mil 80 casos.
Los informes que Meta publica en su Centro de Transparencia no desglosan los motivos por los cuales los gobiernos del mundo piden omitir contenidos, ni los casos en que acceden a las peticiones. Sólo las dividen en “solicitudes de procesos legales” y “solicitudes de divulgación de emergencia”.
Las primeras son peticiones de gobiernos que requieren un proceso legal, como una orden de registro. Las segundas se refieren a las ocasiones en que las fuerzas del orden público pueden presentar solicitudes sin necesidad de un proceso legal.
En 2024, de las 10 mil 80 solicitudes de gobierno en México, 6 mil 890 fueron de procesos legales (68%), mientras que las restantes 3 mil 190 (32%) obedecieron a divulgación de emergencia. De ese total, la mitad fueron atendidas por la empresa y la otra mitad fue ignorada.
“En todo el mundo, no sólo en México, siempre hay una tensión entre los gobiernos y los medios de comunicación, y en medio de esa tensión siempre está la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber que tiene la gente”, afirma Ernesto Villanueva, experto en derecho de las nuevas tecnologías.
Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Villanueva afirma que detrás de las solicitudes de remoción de contenido hay un afán del gobierno por eliminar de las redes sociales elementosnegativos o críticos que puedan ser utilizados en su perjuicio.
“Las solicitudes pueden ser loables cuando las redes son utilizadas para ciberdelitos. Es muy común, por ejemplo, el caso de jóvenes que terminan su noviazgo y fotografías comprometedoras que se intercambiaron las ponen al descubierto para denostar a la otra persona. En esos casos está plenamente justificada la solicitud”, explica.
“En todo el mundo, no sólo en México, siempre hay una tensión entre los gobiernos y los medios de comunicación, y en medio de esa tensión siempre está la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber que tiene la gente”Ernesto Villanueva, experto en derecho de las nuevas tecnologías
Según datos de su portal de transparencia, entre 2019 y 2024 se recibieron 268 solicitudes para remover información, un aumento de 148% respecto a las 108 solicitudes emitidas entre 2013 y 2018.
Durante el sexenio pasado, el año con más peticiones fue 2023, con 95 recursos interpuestos, seguido de 2024 con 80. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el año con más solicitudes a Google fue 2014, con 25 peticiones.
“Los gobiernos se comunican con Google para presentar solicitudes de eliminación de contenido por diferentes razones. Los organismos gubernamentales pueden afirmar que el contenido infringe una ley local y adjuntar en sus solicitudes órdenes judiciales que, a menudo, no están dirigidas a Google”, informa la empresa.
Otro tipo de solicitudes consisten en limitar el acceso a la población de cierto país. En el caso de México, Google restringió el acceso a más de 31 mil 500 artículos reportados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por presunta violación de leyes locales relacionadas con bienes regulados.
También se limitó el acceso a más de 250 artículos reportados por el Instituto Nacional Electoral (INE) que presuntamente violaban la ley electoral y fomentaban la violencia política de género.
Según las bases de datos de Google, desde 2013 autoridades mexicanas han solicitado retirar 115 contenidos que consideran difamantes, 69 por estar implicados en el delito de fraude, 80 por motivos de privacidad y seguridad, 10 por razones de seguridad nacional, tres por criticar injustificadamente a autoridades gubernamentales y 19 por vulnerar la ley electoral.
Entre la gran diversidad de productos que tiene el gigante de la tecnología, los más impugnados por autoridades mexicanas son YouTube, el motor de búsqueda, Google Play, Google Maps, Google Images, Google Earth, Google Ads, Gmail y Blogger.
Una de las controversias más visibles entre Google y el gobierno mexicano ocurrió a principios de año, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como “Golfo de América” dentro de sus plataformas gubernamentales. Esta orden fue seguida por empresas como Google Maps, que adoptaron el nuevo nombre para usuarios en Estados Unidos.
Es muy común, por ejemplo, el caso de jóvenes que terminan su noviazgo y fotografías comprometedoras que se intercambiaron las ponen al descubierto para denostar a la otra persona. En esos casos está plenamente justificada la solicitudErnesto Villanueva, experto en derecho de las nuevas tecnologías
El 29 de enero de 2025, la presidenta Sheinbaumanunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta a Sundar Pichai, CEO de Google, solicitando que no sustituyeran el nombre del Golfo de México, argumentando que dicha denominación tiene un respaldo histórico, reconocido por la Organización Hidrográfica Internacional.
Google respondió vía una carta enviada por Cris Turner, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la empresa. En ella aseguró que su política es mantener una postura “imparcial y consistente”, basándose en fuentes oficiales como el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos.
La empresa más irregular en sus informes de transparencia es X, pues los reportes notienen periodicidad fija, existen años sin información oficial y las variables que mide no son las mismas a lo largo del tiempo.
Para 2024 no se cuenta con un número exacto de solicitudes gubernamentales, pero el sitio de transparencia sugiere un aumento en solicitudes debido a tensiones políticas en el marco de las elecciones federales.
El año pasado, las instancias con más peticiones fueron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y tribunales locales; también figuran gobiernos estatales como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Entre los motivos que más exponen las peticiones oficiales están la desinformación electoral, el contenido de odio, difamación contra figuras públicas y la seguridad pública (crimen organizado y ciberataques).
Respecto a la red social TikTok, sus informes de transparencia comenzaron a publicarse en 2021 con una periodicidad semestral. Las solicitudes gubernamentales para borrar contenido procedentes de México empezaron en 2023, con 34 peticiones para eliminar datos de 649 cuentas, sin especificar la identidad de los usuarios. Para 2024, los intentos de censura bajaron a solo cuatro solicitudes.
Detrás de las solicitudes gubernamentales está “el deseo de las autoridades de retirar noticias que son incómodas, negativas, en las que el escrutinio no le es favorable”, apunta Villanueva, quien subraya que estos intentos van en contra del derecho a la información.
“Para poder reconstruir nosotros un hecho noticioso necesitamos ir hacia atrás y ver la trazabilidad de los sucesos: dónde empezaron, qué sucedió, cómo fueron evolucionando los hechos. Y eso lo podemos hacer cuando esa información está disponible. Y si no está disponible, pues tenemos entonces vacíos informativos”, contextualiza.
En octubre pasado, la organización Freedom House publicó su informe anual “Libertad en la red”, un estudio que evalúa la incidencia política en los contenidos que se divulgan por internet en todo el mundo.
De los ocho reactivos considerados en la metodología de Freedom House, México dio positivo en tres: los comentaristas progubernamentales manipulan las discusiones en línea, bloguero o creador de contenidos en línea arrestados, encarcelados o en detención prolongada por contenido político o social, y bloguero o creador de contenidos atacado físicamente o asesinado.
Con este resultado, México obtuvo una calificación que lo posiciona como un país “parcialmente libre” en materia de contenidos en internet, categoría que comparte con países como Brasil, Líbano, Nicaragua, Uganda y Zimbabue.
