El año pasado, 22 elementos de seguridad federal fallecieron por ataques con explosivos, de acuerdo con datos de la Defensa
Roxana González
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios
La Fiscalía General de la República (FGR) busca adquirir en al menos 40 países con los que México tiene acuerdos comerciales, equipos antibombas para blindar a su personal en operativos en los que corran el riesgo de toparse con artefactos explosivos, de acuerdo con una licitación lanzada esta semana por la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero.
La compra publicada en la Plataforma de Compras MX, antes Compranet, se da en medio de un incremento significativo en el uso de artefactos explosivos por parte del crimen organizado. De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), entre 2015 y 2021 aseguraron 341 dispositivos de este tipo, mientras que de enero de 2022 a marzo pasado fueron 10 mil 803. El número de militares y policías muertos o heridos por drones explosivos, bombas o granadas caseras también han ido en aumento, al pasar de cuatro en 2021 a 22 el año pasado.
En este contexto, la FGR planea adquirir 21 trajes modulares antibombas modelo EOD/IED, confeccionado con fibras de alta resistencia, blindaje suave y duro, capaz de proteger el cuerpo y órganos internos del personal técnico especialista en explosivos contra los efectos de una detonación de sustancias o artefactos explosivos como granadas o bombas.
En una primera partida y segunda partida, la FGR solicita que los trajes estén compuestos por un chaquetón que protege el dorso, pantalón, casco, un par de protectores para los pies, un sistema de alimentación modular para los equipos de comunicación y enfriamiento, un par de guantes para la protección de manos, así como bolsas de transporte del traje y equipo de uso rudo para cada módulo, y un gancho de acero de uso rudo para colgar el traje con capacidad de soportar hasta 60 kilogramos de peso.
Todo el equipo deberá contar con protección de hasta 200 gramos de TNT (dinamita), sistema de liberación rápida de emergencia, resistencia a los fragmentos producidos por una explosión de 650 metros por segundo y cumplir con los estándares del Instituto Estadounidense de Justicia.
Dichos trajes, además, deben estar disponibles en cinco tallas diferentes, para usuarios con estaturas que vayan desde los 150 hasta los 210 centímetros de estatura. Se calcula que el peso de cada traje se ubique en un rango de entre 30 y 39 kilogramos, a los cuales se adicionará un casco de hasta 5.5 kg.
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“La Fiscalía General de la República requiere de la adquisición de equipo especializado para contención de onda de sobrepresión y de explosivos, protegiendo al usuario ante los efectos más críticos de una explosión tales como son: la sobrepresión, fragmentación, impacto y calor”, detalla la dependencia en su licitación con carácter internacional bajo la cobertura de tratados.
Apenas el lunes pasado, una oficial de la policía municipal de Coronango, Puebla, resultó herida por la explosión de dos artefactos mientras revisaban un automóvil que contenía restos humanos. Un mes antes, el 28 de mayo, una mina terrestre estalló al paso de un convoy de la Guardia Nacional que patrullaba un camino de tierra en los alrededores del poblado El Santuario, en los límites entre Michoacán y Jalisco. Seis militares murieron y dos resultaron heridos.
En esa misma zona, el 13 de febrero un campesino de 79 años murió al explotar una mina terrestre colocada sobre un camino de terracería en la localidad de El Callejón. Se trató de la segunda explosión en menos de un mes, ya que el 31 de enero, otra mina explosiva se activó cuando un convoy militar circulaba entre los límites de Aguililla y Tepalcatepec, hecho que dejó un elemento lesionado de gravedad.
De acuerdo con la organización internacional Insight Crime, el aumento en el uso de los artefactos explosivos de fabricación casera por parte de grupos criminales podría estar relacionado con su facilidad de fabricación, ya que a diferencia del armamento militar, pueden elaborarse a bajos costos y no requieren una gran intervención tecnológica ni materiales complejos. “Son parte de una táctica de guerra para imponerse ante rivales y protegerse de operativos del Estado”, señala la organización en su informe sobre el uso de artefactos explosivos por parte del crimen organizado, publicado en febrero pasado.
El equipo que busca la FGR, y que también ha sido adquirido con anterioridad por la Defensa, incluye un contenedor destructor de artefactos explosivos, utilizado en la desactivación de artefactos por detonación secundaria sin que estos causen daños a personas o estructuras cercanas, un escudo antibalístico y dos mantas supresoras de ondas expansivas y contención de fragmentos, todos bajo normas de calidad internacionales.
