Caso de desaparición forzada en Veracruz pone en jaque preliberación de Javier Duarte

Aldo Canedo / El Sol de México

Además, aseguró, el juez resolvió sobreseer el tema con una “extraña celeridad”.

¿Cómo se relaciona el caso de desaparición forzada con Javier Duarte?

Además, la FGR, a través de su fiscal especial Manuel Granados Quiroz, buscó exponer que Duarte recayó en mala conducta, dado que evitó acudir o entorpeció la realización de la audiencia inicial por este caso hasta en seis ocasiones.

De acuerdo con la relatoría de la testigo Denisse Moreno, por un año y tres meses Duarte evitó acudir a la audiencia inicial.

La serie de faltas del exgobernador de Veracruz comenzaron el 6 de junio de 2018, cuando se solicitó una orden de captura en su contra. En dicho caso, aseguró la testigo, se tuvo el consentimiento del gobierno de Guatemala.

A partir del 9 de agosto de 2021, cuando se solicitó la primera audiencia inicial, Duarte cayó en faltas. En este caso, el exmandatario —ya preso en el Reclusorio Norte— pidió que se difiriera dado que habría tenido contacto con una persona contagiada de COVID-19.

La segunda falta fue el 12 de noviembre de 2021, cuando Duarte se negó a salir de su celda y, ante los hechos, se le cumplimentó la orden de aprehensión en colaboración con autoridades del Reclusorio Norte.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2022, no se logró llevar a cabo la audiencia por supuestos problemas de salud que argumentó Duarte. Esto se suma a un nuevo aplazamiento previo por una suspensión judicial conseguida por la defensa legal del imputado.

La audiencia se volvió a aplazar el 17 de marzo de 2022 y finalmente se llevó a cabo el 16 de noviembre de dicho año.

En aquel día, se detalló que Duarte acudió con retraso, y además, pidió que se difiriera dado que previamente había presentado problemas de salud como vómito y desmayo.

Duarte, pese a no contar con autorización del juez, salió de la audiencia, por lo que la autoridad judicial pidió que se le regresara (con atención médica).

Ante ello, fue reincorporado a dicha audiencia con uso de la fuerza pública, y estuvo atado en una silla bajo la presencia de custodios.

Luego de que se le vinculó a proceso penal, la defensa de Duarte solicitó que el juez desechara una prueba obtenida presuntamente bajo tortura, hecho admitido por el juzgador que, además concedió la cancelación del proceso penal contra Duarte en noviembre de 2024.

Tras esta relatoría, la fiscalía veracruzana impugnó esta resolución, apelación que apenas en noviembre de este 2025 se radicó para su trámite, por lo que aún no está resuelto de fondo.

En estas cuatro horas de audiencia, participaron otros cinco testigos, cuatro de ellos procedentes de la fiscalía de Veracruz, quienes hablaron y respondieron cuestionamientos sobre otros procesos penales de Duarte ya cancelados.

Se trata de las últimas etapas en esta audiencia que se reanudará a las 16:30 horas, donde Duarte pretende acreditar que cumple con todos los requisitos necesarios para obtener su preliberación.

Esta liberación anticipada corresponde al caso federal de lavado de dinero y asociación delictuosa, por los que Duarte se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años, que se cumplen en abril de 2026.

Para obtener la preliberación, el exgobernador debe cumplir con requisitos como que no existan procesos penales abiertos que impliquen prisión preventiva.

Por ello, en caso de que se acredite que aún no está caído el proceso penal por desaparición forzada, la juez Ángela Zamorano Herrera podría detener la salida temprana del exgobernador.

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En cambio, si considera que cumple con todos los requisitos, podría ordenar su libertad y que Duarte de Ochoa salga este mismo miércoles.