Desarman esquema de control de precios de La Familia Michoacana en Edomex

Ximena García

En el mercado de la construcción, por ejemplo, se documentaron incrementos de hasta 122 por ciento en el block, 71 por ciento en arena y grava, y 77 por ciento en clavos, además de sobreprecios en el cemento y el mortero.

En productos básicos como pollo, res y cerdo, el esquema generaba incrementos de hasta 372 por ciento, lo que afecta a familias enteras de municipios rurales.

En el caso de Tejupilco, por ejemplo, la organización criminal cerró el rastro municipal para operar uno propio, donde cobraba tarifas arbitrarias por el sacrificio de ganado.

También en Tejupilco, el grupo criminal instaló un centro de acopio donde eran interceptados paquetes con destino a municipios del sur del Estado de México. Empresas como Mercado Libre, Estafeta y Fedex eran las principales afectadas.

Los establecimientos asegurados operaban como centros de acopio y venta, pero también como bodegas de paquetería donde se retenían envíos para cobrar cuotas ilegales a los destinatarios

El fiscal Cervantes detalló que los ocho detenidos no son sicarios ni jefes de plaza en el sentido tradicional, sino operadores económicos que mantenían el andamiaje financiero de la organización criminal.

José Fernando N, otro maderero de la región, estaba vinculado a cobros ilegales de hasta 20 por ciento sobre el costo de sus productos.

En el rubro alimenticio, Antonio N. controlaba la distribución de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, donde imponía cuotas de cinco pesos por kilogramo de ganado.

Bernardo Alejandro N, quien fue detenido en Quintana Roo, encabezaba un esquema de venta de pollo a comerciantes de Ixtapan de la Sal, a quienes amenazaba si intentaban adquirir el producto con otro proveedor.

Red de extorsión tenía protección política

La detención de Yareli N, tercera regidora de Ixtapan de la Sal, puso en evidencia cómo esta red combinaba a empresarios, líderes sindicales y servidores públicos.

De acuerdo con la investigación, la regidora utilizó su cargo para facilitar encuentros con comerciantes y persuadirlos de alinearse con el grupo delictivo.

En al menos un caso, la negativa de un comerciante derivó en su secuestro exprés, donde la funcionaria estuvo presente para exigir el pago de la cuota.

Todo esto será entregado a la Secretaría del Bienestar, que repartirá los alimentos a las familias afectadas por este esquema y los materiales de construcción serán para que los municipios realicen obra pública.

“Se trata de un esquema inédito en la entidad, que asegura que estos recursos lleguen a quienes más los necesitan sin esperar años de litigios”, indicó el fiscal.