Advierte magistrado que no hubo indagatoria exhaustiva en el INE para determinar si existió la llamada “operación acordeón”
Aura García
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó nuevamente las infracciones contra personas juzgadoras que contendieron en la pasada elección judicial y aparecieron entre los denominados “acordeones”. Esta vez, se trató de una denuncia de la ministra Yasmín Esquivel –quien previamente libró una multa millonaria por el mismo tema– contra Sara Irene Herrerías Guerra, una de sus pares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por mayoría de tres magistrados, y con la ausencia del presidente Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle –quienes se excusaron de la sesión para evitar un posible conflicto de interés–, el Pleno resolvió que el material probatorio no era suficiente para determinar si hubo uso masivo de acordeones y si esta acción influyó en el electorado.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único que se pronunció para que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE reevaluara los asuntos puestos a discusión. Además, apuntó que dicha instancia no llevó a cabo un análisis exhaustivo, integral ni holístico de los casos, lo que impide determinar “si existió o no la llamada operación acordeón”.
En la sesión del Pleno se presentaron cuatro impugnaciones a cargo de la ponencia de Alfredo Fuentes Barrera vinculadas a esta práctica electoral; en todas se determinó que no hubo los suficientes elementos de tiempo, modo y lugar para determinar si la difusión de este material de propaganda prohibida existió.
“Considero que se debió hacer un solo procedimiento con la totalidad de pruebas directas e indirectas para evaluar si existió o no la llamada operación acordeón, determinar sus alcances y, en su caso, definir el beneficio indebido de quienes resultaron electos”, destacó Reyes Rodríguez Mondragon en su participación.
Por su parte, Fuentes Barrera defendió sus proyectos, estableció que para la UTCE no existe ya alguna posibilidad de recabar pruebas que desemboquen en una conclusión diferente y subrayó que la pluralidad de indicios no lleva de manera unívoca a una conclusión.
Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Soto votaron para respaldar el proyecto del Magistrado Fuentes Barrera y en consecuencia declararon inexistentes las posibles infracciones cometidas por actores de la elección judicial, entre ellos la Ministra Sara Herrerías.
Los proyectos concluyen –una vez más– que no es posible probar la difusión masiva o generalizada de los acordeones ni la responsabilidad de algún sujeto sobre las conductas denunciadas y, mucho menos si las candidaturas señaladas recibieron un beneficio indebido que amerite sanción.
