Laura Isabel León Ochoa dirigía el área comercial de Fonacot cuando la empresa de su cuñado, Samuel Baldomero Carpio Martínez, comenzó a aparecer en las licitaciones. La coincidencia de apellidos y tiempos basta para encender las dudas: ¿red familiar o simple azar burocrático?
Hiroshi Takahashi
Si la historia de Samuel Baldomero Carpio Martínez retrata la discreción del contratista que aparece de pronto en contratos multimillonarios, la de Laura Isabel León Ochoa expone cómo los engranajes familiares sostienen esas estructuras invisibles. Cuñada de Carpio, hermana de María Guadalupe León Ochoa —esposa del empresario—, su papel en el Instituto Fonacot se cruzó con el momento en que Ibero Azteca 2000 comenzó a figurar en los procesos de licitación.
La cronología es precisa. Entre 2015 y marzo de 2019, Laura Isabel fue Directora General Adjunta Comercial de Fonacot. Sus funciones incluían la estrategia de colocación de créditos, la supervisión de ferias y, sobre todo, el área que controlaba la relación con proveedores de servicios como el Centro de Atención Telefónica (CAT).
En 2017, documentos oficiales la citan como responsable de acciones tras el sismo de Oaxaca; en 2018, su firma aparece en informes de comisión de trabajo. Ese mismo año, Ibero Azteca 2000 participó en un procedimiento de licitación del Fonacot y logró aprobar la evaluación técnica.
En paralelo, los flujos financieros de Carpio mostraban un incremento sustancial: entre 2018 y 2022 recibió más de 68 millones de pesos, de los cuales 46 millones provinieron de Sambalca Enterprise, una empresa de call centers que más tarde se asociaría con Ibero Azteca para competir en la licitación FNCOT-LPN-005-2022. El acta de fallo de ese proceso consignó que la propuesta conjunta cumplió con todos los requisitos.
La conexión no es sólo temporal. Los registros muestran que Laura Isabel León Ochoa y Samuel Baldomero Carpio compartían algo más que reuniones familiares: coincidían en estructuras empresariales flexibles, con objetos sociales diseñados para abarcar rubros tan dispares como joyería, textiles, consultoría o telecomunicaciones. La versatilidad de esas actas recuerda a los expedientes de Fonacot en los que proveedores con perfiles similares ofrecían servicios que poco tenían que ver con su experiencia previa.
Te puede interesar: No está en las facultades del presidente asignar contratos: Nuño sobre acusaciones a EPN
Más allá de Fonacot, los rastros de Carpio se extendieron a CIBanco e Intercam Banco, instituciones financieras señaladas por autoridades estadounidenses por omisiones en la supervisión de transferencias internacionales. En registros patrimoniales aparecen movimientos de Carpio con al menos una de estas instituciones durante el periodo en que su cuñada estaba en Fonacot. No hay pruebas de que Laura Isabel haya tenido participación directa en esos flujos, pero la proximidad temporal y familiar refuerza el patrón: empresas con objetos sociales elásticos, proveedores que migran de giros comerciales menores a contratos estatales, y nombres que se repiten en juntas y actas notariales.
El entramado Carpio–León Ochoa no se sostiene por un gran escándalo, sino por la acumulación de coincidencias: domicilios fiscales compartidos, apoderados comunes, parientes en cargos de decisión, y proveedores que aparecen de pronto en procesos clave. La discreción es parte del método. Laura Isabel no buscó reflectores; su perfil bajo le permitió mantenerse fuera del radar. Pero los documentos muestran que, como cuñada y como funcionaria, fue un nodo indispensable en la red que permitió a Samuel Baldomero Carpio Martínez ampliar su alcance empresarial en el ecosistema estatal.
No era la clase de funcionaria que concediera entrevistas o buscara protagonismo. Su nombre aparecía en comunicados oficiales —cuando inauguraba una feria de crédito en Oaxaca, cuando participaba en un convenio con la SCT, cuando supervisaba programas en estados golpeados por el sismo de 2017—, y luego desaparecía de los titulares. Pero detrás de ese bajo perfil, su oficina era un punto neurálgico: ahí se supervisaban licitaciones millonarias, se analizaban propuestas de proveedores y se validaban procesos que más tarde pasarían al Comité de Adquisiciones.
