Presuntos nexos con el crimen organizado alcanzan al menos a 13 alcaldes durante la administración de Sheinbaum

Pablo Rodríguez

Junto al alcalde también fueron detenidos  el director de Seguridad Pública municipal, Juan Manuel N, el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel N; y el director de obras Públicas, Isaac N.

Diego N tenía denuncias ciudadanas por presuntas prácticas de corrupción y extorsión, además de un conflicto abierto con la empresa José Cuervo que acusó a su administración de incrementar de manera injustificada el impuesto predial de su planta en el municipio de Tequila.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante la ceremonia en que María del Rosario N le dejaba el cargo a su esposo, autoridades desplegaron un operativo para detenerlo, pero ambos escaparon ese día.. 

Meses después la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que fue localizado y detenido en el municipio de Valle de Bravo, mientras que su esposa fue capturada en Metepec.

A María del Rosario N se le acusó por presuntos nexos con grupos delictivos y al momento de su captura contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Ambos siguen a la espera de que se les dicte sentencia.

Otro caso del Operativo Enjambre es el de María Elena N, expresidenta municipal de Amanalco, detenida el 22 de noviembre de 2024 por su presunta responsabilidad en el homicidio del funcionario Miguel Ángel Lara y de su escolta. 

El exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José N, fue detenido en 2025 por la Fiscalía General de la República, la detención es relacionada con su presunta implicación en el caso del Rancho Izaguirre

De acuerdo con la investigación judicial, María Elena N, mantenía un conflicto político con el funcionario y habría recurrido a integrantes del cártel la Familia Michoacana para ordenar el ataque. Las autoridades determinaron su responsabilidad penal y fue condenada a 70 años de prisión.

La FGR le imputó los delitos de delincuencia organizada y omisión, bajo el argumento de que habría sido notificado de las actividades ilícitas en el predio sin actuar al respecto. 

El caso actualmente sigue en proceso, y se encuentra en detención preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure el procedimiento legal. 

La jueza federal que dictaminó esa prevención también expresó que la investigación debería tener un plazo de cuatro meses para su cierre. Al día de hoy el caso no ha tenido una resolución. 

Otro caso es el de Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa de El Grullo, Jalisco, señalada por las autoridades financieras por posibles vínculos con redes de lavado de dinero, aunque al momento no hay ninguna investigación formal en contra de ella.

El 5 de enero de este año las autoridades informaron de la detención de Ernesto N, entonces presidente municipal de Cintalapa, Chiapas. El exalcalde es investigado por presuntos abusos de autoridad, corrupción y el posible vínculo con grupos criminales.

En el mismo operativo fue capturado José Antonio N, alcalde interino de Frontera Comalapa, tras la desaparición de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo de Tuxtla Gutiérrez. 

La Fiscalía señaló a José Antonio N, por desaparición forzada, homicidio, extorsión agravada, corrupción y desvío de recursos, así como por presuntos nexos con el denominado Cártel Chiapas y Guatemala. 

También en Chiapas fue detenido Rosenberg N, alcalde de Bella Vista, a inicios de 2025, mientras circulaba sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez- Ciudad Cuauhtémoc. El edil fue acusado de abuso de autoridad de acuerdo con las autoridades.

A estos se suma la detención de José Luis N, expresidente municipal de Solistahuacán, Chiapas, quien fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos. Además, las autoridades jurisdiccionales ordenaron que reintegre a la hacienda pública municipal más de 14 millones de pesos.

En Michoacán durante diciembre de 2024, se acusó a Anabel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, vínculos con el CJNG por agradecer publicamente a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, la entrega de juguetes y regalos a niños del municipio. 

En una primera instancia se solicitó a la FGR investigar dichas acusaciones, las cuales no prosperaron y en marzo de 2025 el Congreso del estado de Michoacán aprobó un juicio político contra la alcaldesa, el cual quedaría suspendido en diciembre del mismo año. 

En Puebla, las autoridades informaron sobre la detención de Gerardo N, exalcalde de Cuautempan, Puebla, realizada el 4 de febrero de 2026 en territorio tlaxcalteca, tras permanecer varios meses prófugo.

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Otro caso es el de Mauro Yuriel N, exalcalde de Apulco, Zacatecas. Detenido en julio de 2025, tras permanecer prófugo desde el 31 de octubre del 2024, cuando fue desaforado y separado del cargo por la Legislatura local.

Se le acusa de estar presuntamente vinculado con Gerardo N, alias El Geras, identificado por las autoridades como un mando del CJNG.