La OEA consideró que se trató de un proceso electoral sumamente complejo y polarizante, por lo que el análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora
Roxana González
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios
La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó no replicar en ningún otro país de la región el modelo de selección por voto popular de jueces que México aplicó en la lección del domingo pasado.
En su informe preliminar sobre la elección judicial, la organización regional subrayó que la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial.
“Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, destaca el informe de la misión que participó como observadora en el proceso.
Además, manifiesta preocupación por el bajo nivel de participación de la ciudadanía. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la elaboración del informe, la participación para la elección era de aproximadamente 13.1 por ciento. “Se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados”, destaca.
Asimismo, consideró que se trató de un proceso electoral sumamente complejo y polarizante, por lo que el análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. “La Misión observó que este proceso se llevó a cabo en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”, añade.
La Misión, además, tomó nota de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresaron sus preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma judicial con los estándares internacionales de independencia judicial.
La Relatoría Especial de la ONU advirtió que la elección popular podría politizar el Poder Judicial, subordinando decisiones técnicas a intereses electorales. La CIDH, por su parte, manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto de reforma y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del estado de derecho.
La Misión advierte, también, que, de no mediar cambios en el calendario electoral, lo sucedido en Durango y Veracruz, donde además de la elección judicial se eligieron ayuntamientos, esta situación se replicará en 2027 en todo el país, dado que las elecciones judiciales se celebrarán el mismo día en que se deberá votar para renovar la Cámara de Diputados y en el que la mitad de las entidades federativas elegirán gobernador. Ello, según la Misión, supondrá un enorme desafío para las autoridades electorales, no sólo en términos operativos y logísticos, sino también en relación con cómo mantener las dos elecciones, que son de naturaleza diferente, completamente separadas y evitar la influencia de los partidos en la elección judicial.
Entre las recomendaciones que emite en materia de tecnología electoral, la OEA pide ampliar los plazos destinados al diseño, desarrollo e implementación del sistema de cómputos, a fin de garantizar una mayor robustez técnica y operativa; así como incluir desde la etapa de diseño, un proceso de modelado de amenazas que permita identificar posibles vulnerabilidades, evaluar riesgos y establecer controles preventivos en la arquitectura del sistema.
