Reformas a la Ley de Aguas Nacionales pretenden asegurar privilegios de concesionarios: CNAA
Representantes de la Contraloría advirtieron que reformar la Ley de Aguas Nacionales podría usarse para mantener los privilegios de las concesiones de agua más grandes en el país
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Desde 2012 el derecho humano al agua quedo establecido en la Constitución. / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com
Representantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) y la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida advirtieron que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) podrían simular la repartición equitativa de este recurso fundamental, mientras que garantiza losprivilegios en concesiones de agua que por más de 30 años qur pertenecen a industrias refresqueras, cerveceras o inmobiliarias en el país.
En conferencia de prensa, el representante de la Red Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua, Ricardo Ovando Ramírez, señaló que desde 2012 cuando el derecho humano al agua quedo establecido en la Constitución la ley señaló que se debía crear una Ley General de Aguas (LGA), por lo que criticó la propuesta del gobierno federal de modificar la legislación existente y además crear una nueva.
“Lo que nosotros sospechamos es que se pretende mantener la LAN para en cierto modo guardar los privilegios que por más de 30 años, desde 1992, tenemos lo que nosotros llamamos la hidrocracia, es decir, todas esas concesiones que han sido acaparadas por las refresqueras, las primeras, las cerveceras, las inmobiliarias, etc”, advirtió Ricardo Ramírez.
El representante afirmó que estas legislaciones fragmentan el derecho humano al agua en dos leyes, lo cual es una incongruencia de acuerdo a un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizado por su compañero, Rodrigo Gutiérrez Rivas.
“Pensamos que nos quieren dar atolito con el dedo consagrando el derecho humano al agua en una LGA donde se garanticen tantos litros al día por habitante, en donde supuestamente se reconozca la gestión comunitaria del agua y tantas otras cosas más; porque también se nos ha dicho que lo que pretenden es corregir el sistema de concesiones, en voz del propio director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, pero cuando nosotros ofrecimos apoyo como contraloría y Coordinadora Agua para Todxs, pues simple y sencillamente fuimos ignorados”, apuntó.
Los representantes de la contraloría y organizaciones que se suscribieron al pronunciamiento también denunciaron la exclusión instalada desde la ley hacia los organismos locales y comunitarios de gestión del agua. Afirmaron que existen por lo menos 28 mil comités y sistemas locales de agua, según el Plan Nacional Hídrico, que a la fecha no cuentan con reconocimiento legal,respetoni apoyo de las autoridades en todo el país.
Agregaron que esta “camisa de fuerza legal” impuesta sobre estos organismos locales obliga o engaña a sus representantes a solicitar concesiones de agua para sus comunidades en lugar de ser incluidos a las asignaciones municipales de agua, por lo que estos sistemas locales deben aportar grandes cantidades de recursos de sus bolsillos para tener acceso a pozos, lo que deja a la comunidad sin dinero para invertir en la potabilización y el saneamiento de este recurso.
Ricardo Ramírez detalló que en el pueblo de San Sebastián, en Zumpango, el municipio introdujo de forma arbitraria redes de distribución de agua que invadieron la jurisdicción del sistema comunitario, amparados por la legislación actual. También en Cuautla, en el estado de Morelos, miembros de la red alertaron que ya les están exigiendo una concesión de agua para abastecer a la comunidad.
“La LAN menciona que el estado puede dotar de dos maneras diferentes el agua: una es por concesión y la otra es por asignación. La concesión está diseñada para personas físicas y morales, es decir, empresas, mientras que la asignación es para la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento del derecho humano al agua. Entonces, a los compañeros de allá de Cuautla los quieren meter en la dinámica de que tramiten su concesión. Sin embargo, esto ha generado muchos problemas y lo hemos visto ya en varios lados en el Estado de México, en donde engañan, orillan a los compas de sistemas comunitarios a que tengan su concesión. Entonces quedan sujetos y obligados a pagar derechos de extracción de agua. Conocemos un caso de un sistema que paga 180 mil pesos bimestrales, más lo que paga de luz. Está a punto de quebrar”, afirmó.
Asimismo, denunciaron que la actual legislación mantiene un modelo donde los permisionarios pueden realizar descargas de contaminantes a cuerpos de agua sin costo ni vigilancia, pues las declaraciones sobre omisiones y transferencia de contaminantes son voluntarias. En los casos donde se hacen muestreos de la calidad de los recursos hídricos en una zona, muchas veces son realizados por las mismas empresas o personas físicas responsables de su contaminación bajo el lema “ el que contamina, paga”.
“Se esconde una realidad perversa que consiste en pagar por contaminar sin tomar en cuenta los daños a la salud y al medio ambiente que crea esta práctica. La contaminación se agrava por la cada vez mayor toxicidad y bioacumulación de sustancias ajenas al agua, cuya calidad rara vez se mide y de modo criminal, frecuentemente, se simula. Todo lo anterior desequilibra la salud y amenaza la vida de los seres humanos y de otras especies vivas. Repercute negativamente en la calidad del agua de consumo humano para usos posteriores y además, en general, afecta el bienestar de los ecosistemas”, detalló el representante de la CNAA.
