Las 471 personas desplazadas que acudieron previamente a revisar sus viviendas constataron el abandono, deterioro, saqueo de sus casas y pertenencias
Luis Ramírez / Corresponsal
San Juan Juquila, Oaxaca.- Las 64 familias desplazadas de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria, en este municipio ubicado en el distrito de Yautepec, acusaron a autoridades estatales y federales de incumplir los compromisos para garantizar un retorno seguro y digno, y de mantenerlas en un estado de indefensión tras dos episodios de desplazamiento forzado.
En un pronunciamiento, hecho hoy en la explanada municipal, dirigido a medios de comunicación, los gobiernos federal y estatal, la comunidad señaló que fue expulsada de su territorio en enero de 2017 y nuevamente en agosto de 2024, sin que hasta la fecha exista una solución integral que permita el retorno pleno de las familias ni la restitución de sus derechos humanos.
De acuerdo con el documento, el desplazamiento tiene su origen en un conflicto agrario con la comunidad de San Pedro Ocotepec. Las familias sostienen que representantes de esa comunidad utilizaron a un grupo disidente interno de Guadalupe Victoria para justificar hechos de violencia, generar desestabilización social y provocar el desplazamiento forzado.
Las y los comuneros afirmaron que San Pedro Ocotepec ha intentado simular ante autoridades agrarias una posesión territorial que, aseguran, no le corresponde conforme a derecho, ya que las tierras en disputa han sido ocupadas y trabajadas históricamente por la comunidad de Guadalupe Victoria.
El pronunciamiento advierte que este conflicto ha dejado consecuencias graves, entre ellas la pérdida de vidas humanas, daños a la integridad personal, afectaciones al patrimonio comunitario, ruptura del tejido social y la alteración de la forma de vida de la comunidad como pueblo indígena. Añaden que el Estado mexicano no ha cumplido plenamente con su obligación de prevenir, atender, sancionar y reparar estas violaciones.
Respecto al proceso de retorno, las familias señalaron que el gobierno de Oaxaca anunció un plan con supuestas garantías de seguridad, en el que participarían la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación de Delegados de Paz, instancias de atención a derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No obstante, denunciaron que el retorno nunca se concretó en condiciones reales de seguridad.
Indicaron que persisten amenazas, intimidaciones y condicionamientos por parte de integrantes plenamente identificados del grupo disidente que opera dentro de la agencia de Guadalupe Victoria, lo que generó —señalan— un retorno fallido y sin garantías para una estancia segura y digna.
Como ejemplo, expusieron que de las 471 personas desplazadas que acudieron previamente a revisar sus viviendas con la intención de iniciar trabajos de rehabilitación, ninguna pudo permanecer en la comunidad. Las familias únicamente constataron el abandono, deterioro, saqueo de sus casas y pertenencias.
También denunciaron que se aseguró públicamente que la Asamblea General de Ciudadanos de Guadalupe Victoria había autorizado el retorno y que existían acuerdos firmes entre las partes, lo cual —afirman— nunca se materializó, evidenciando la falta de voluntad del grupo disidente y el deterioro de la confianza hacia las autoridades estatales.
De manera particular, recordaron que el 4 de noviembre de 2025 el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó un operativo para el retorno total de las 64 familias, el cual no se concretó. Las familias consideraron este hecho como un nuevo acto de revictimización, al mantenerse en condiciones de precariedad, sin vivienda y sin posibilidad de trabajar sus tierras.
En el documento, responsabilizaron de la planeación técnica y logística del fallido retorno a Donato Vargas, coordinador de los Delegados de Paz, a quien atribuyeron la falta de acuerdos sólidos que permitieran un retorno garantizado entre las comunidades en conflicto.
Actualmente, las familias desplazadas informaron que se encuentran reunidas en la explanada municipal, donde exigen un retorno masivo, inmediato y sin restricciones, con garantías plenas de seguridad, al sostener que la Constitución garantiza la igualdad de derechos y que ningún grupo puede situarse por encima de la ley.
Asimismo, solicitaron la intervención directa del gobernador del estado y del gobierno federal, al advertir que la falta de atención institucional continúa afectando a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres y hombres que carecen de un lugar donde vivir y, al ser campesinos, no pueden trabajar sus tierras ni asegurar el sustento de sus familias.
En materia agraria, exigieron que el juicio en curso se resuelva de manera definitiva y conforme a derecho, sin presiones. Expresaron preocupación por la intervención de asesores legales vinculados a San Pedro Ocotepec, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en años anteriores formó parte del equipo jurídico que asesoró a esa comunidad, aunque aclararon que confían en la independencia del Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, las autoridades comunitarias de Guadalupe Victoria, la Autoridad Municipal, la Representación de Bienes Comunales y la Asamblea General de Ciudadanos exigieron el cumplimiento inmediato de la promesa de un retorno ordenado, masivo y con garantías de seguridad, y pidieron al gobierno de Oaxaca atender de manera directa y responsable un proceso que consideran clave para la restitución histórica de los derechos de la comunidad.
