Senado concluye votación para frenar “pensiones doradas”; envía reforma a San Lázaro

Rafael Ramírez / El Sol de México

La reforma plantea que las pensiones del personal de confianza del sector paraestatal no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivaldría a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

Legisladores del oficialismo señalan que, de aprobarse totalmente la reforma, permitiría un ahorro cercano a los cinco mil millones de pesos anuales para el erario.

Morena defiende fin de privilegios y oposición señala inconsistencias

Durante la discusión, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina sostuvo que la reforma busca poner orden en el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos.

El legislador subrayó que el objetivo no es eliminar las pensiones, sino evitar que existan jubilaciones desproporcionadas financiadas con recursos públicos.

Aunque votaron a favor del dictamen, legisladores de oposición plantearon diversas reservas sobre el diseño de la reforma.

Sin embargo, cuestionó que la reforma excluya a las Fuerzas Armadas y advirtió que vincular el tope al salario presidencial podría generar incertidumbre.

Según explicó, actualmente uno de cada cinco pesos del presupuesto federal se destina al pago de pensiones, mientras que el pasivo pensionario del país podría alcanzar 11.4 billones de pesos en las próximas décadas.

PRI advierte posible uso político

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano expresó preocupación por la posibilidad de que la reforma tenga efectos retroactivos que afecten derechos laborales adquiridos por trabajadores jubilados.

También cuestionó que la iniciativa no incluya a otros sectores del Estado, como el Poder Judicial o ciertos regímenes especiales, y sugirió que el proyecto podría responder a cálculos políticos.

Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.

Al tratarse de una reforma constitucional, en caso de ser avalada por San Lázaro deberá posteriormente ser aprobada por al menos 17 congresos estatales antes de su promulgación y entrada en vigor.