Senado aprueba reforma contra extorsión: elevan penas hasta a 42 años
El dictamen obliga a crear unidades especializadas contra la extorsión, eleva las sanciones, crea un tipo penal único y refuerza el combate a extorsiones desde las cárceles
Rafael Ramírez / El Sol de México
¿Cuáles son las penas que establece la reforma contra la extorsión?
El dictamen fija tres niveles de penalidad agravada:
19 a 33 años
Para cobros continuos; extorsión a comerciantes, empresarios o productores; imposición de precios; uso de terceros sin conocimiento; aprovechamiento de dependencias públicas; extorsión a candidatos o autoridades; o exigencia de dinero aprovechando situaciones de peligro.
20 a 37 años
Cuando la víctima sea migrante, menor, adulto mayor, embarazada o persona con relación de confianza; cuando se usen datos personales, imágenes o información privada; medios electrónicos; simulación de secuestro; o terceros para recibir pagos.
31 a 42 años
La reforma también sanciona conductas vinculadas:
Investigación especializada y combate desde penales
Las fiscalías deberán crear unidades especializadas en extorsión, con personal evaluado y certificado bajo estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras se establecen, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro.
La ley ordena bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, uno de los principales focos de extorsión telefónica en el país.
¿Qué modificó el Senado a la reforma contra la extorsión?
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que el Senado realizó 15 ajustes sustantivos, entre ellos:
Corral defendió que la nueva ley “cierra todas las rendijas a los extorsionadores” y homologa tipos penales y protocolos en todo el país para terminar con la disparidad de penas y la impunidad.
Posturas en tribuna
Subrayó que la ley contempla un amplio catálogo de agravantes, sanciones a redes de apoyo, medidas estrictas en penales, y un sistema robusto de protección a víctimas.
La senadora pidió reconocer las realidades estatales y cuestionó que la penalidad uniforme no distingue entre extorsiones de alto impacto y casos menores.
La senadora Alejandra Barrales advirtió que el crecimiento de este delito va ligado al avance del narcotráfico y que hoy es uno de los ilícitos que “tiene de rodillas” a un número creciente de familias mexicanas.
La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, advirtió que la nueva ley corre el riesgo de quedar como “un catálogo de buenas intenciones” si no se garantiza presupuesto suficiente para su implementación.
Subrayó que se trata de un fenómeno que crece, dijo, en ocasiones con la tolerancia o complicidad de autoridades de todos los niveles, lo que explica una cifra negra del 97 por ciento, según el INEGI.
También advirtió que la ley exige la creación de unidades especializadas en extorsión, con ministerios públicos, policías y analistas certificados, pero sin recursos asignados para ello. Señaló tres focos rojos:
Murguía concluyó que ninguna ley, “por perfecta que sea, puede reducir un delito solo con publicarse”, y reiteró que mientras no haya recursos, el mayor problema seguirá siendo la impunidad.
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El dictamen fue aprobado por unanimidad con 110 votos a favor y turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.
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