Tráfico de armas: de “nutrir” a las guerrillas a equipar al narco
Archivos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad describen que desde hace al menos 70 años, en nuestro país se trafica con armas procedentes de EU, primero para nutrir a las guerrillas y ahora a la delincuencia organizada
Según los informes, mientras se desempeñaba como primer oficial del buque petrolero “Igancio Allende”, en 1969 realizó nueve viajes a Brownsville y en una ficha de información de la DFS se lee:
Contrabando de armas nutre al narco
Así lo detalla un oficio, fechado el 27 de noviembre de 1971, respecto a una junta en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre operaciones de cambio de droga por armamento en el estado de Sinaloa.
El mismo día, pero en Matamoros Tamaulipas, se reportó la detención de Carlos Pérez Melgar, originario de Chiapas y quien intentó contrabandear por la Aduana Fronteriza 14 mil proyectiles calibre 22.
Un delito más vigente que nunca
Actualmente, las autoridades federales estiman que el número de armas que se trafican cada año está entre 200 mil y 500 mil.
-¿Considera que todavía no está implementada una estrategia formal desde Estados Unidos para frenar el tráfico de armas?, se le preguntó.
“Tienen que implementarla todavía más. Hubo un operativo que hicieron donde hubo la incautación de armas, pero es uno; nosotros estamos diario incautando y destruyendo laboratorios de droga”, esgrimió.
Además, la empresa revela que no se puede continuar hasta conectar una bomba eléctrica dentro del yacimiento, porque el nivel de agua impide el ingreso de los rescatistas
Se trata de cédulas profesionales se otorgarán a los doctores de 12 selecciones que jugarán la fase de grupos y eliminación, del 11 de junio al 5 de julio
Tiene 38 años, cuenta con estudios de Derecho y con maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago; previamente se había desempeñado subsecretario para América del Norte
El tráfico de armas hacia México aumentó al expirar la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos en 2004. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Hoy le llaman “río de hierro”. Así es catalogado el tráfico o contrabando de armas de fuego de Estados Unidos a México por el Índice de Paz donde se califica además como un fenómeno “que tiene profundos efectos en la actividad delictiva”. El problema no es nuevo y documentos consultados por El Sol de México revelan que este delito data desde hace al menos 70 años.
En su momento el contrabando de armas de fuego alimentó a la guerrilla y a los grupos disidentes en México, y desde hace más de 50 años también al poder de fuego de las agrupaciones del crimen organizado dedicadas al narcotráfico.
Informes de inteligencia de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) consultados por este diario revelan que desde hace décadas las autoridades de seguridad mexicanas han identificado el contrabando de armas por estados como Baja California, Sonora, Chihuahua o Tamaulipas, entre otros.
A lo largo de los años, el trasiego de armamento tuvo distintos rostros y objetivos. Uno de los rostros fue el primer oficial del buque petrolero “Ignacio Allende”, Alberto Cázares Ramírez, quien en 1969 traficaba carabinas M1 y M2 desde Brownsville, Texas hacia los puertos de Veracruz y al de Tampico, Tamaulipas.
Cázares Ramírez, señalado por la DFS por su filiación comunista, fue investigado por el trasiego de armas y municiones y en su expediente se lee que en marzo de 1950 se graduó como pilotín de la Escuela Náutica de Veracruz y en 1955 fue autorizado como piloto. Además, por decreto presidencial obtuvo el título de ingeniero geógrafo y para 1968 se graduó como capitán.
“Se nos ha informado por persona que presta sus servicios en el barco petrolero ‘Ignacio Allende’ que hace viajes entre puertos de Estados Unidos y México, que a bordo de esta embarcación se realizan contrabandos fuertes de armas y municiones, especialmente M1 y M2. El último cargamento consistió en 20 cajas con M1 y M2 conteniendo 10 fusiles cada una, así como una caja de cargadores y otra con 10 mil cartuchos”.
En la ficha se agrega que “el responsable del cargamento fue el primer oficial, Alberto Cázares Ramírez, teniéndose conocimiento de que estaba destinado (el cargamento) a grupos ‘guerrilleros’ comunistas en el estado de Guerrero. La filiación de Cázares Ramírez es comunista y tiene antecedentes de haber servido de enlace entre las células comunistas extranjeras con los grupos que operan en México”.
Entre los registros revisados por este diario, se incluye la transcripción que data de 1952 de una comparecencia en la que el señor Murray I. Sann, de 26 años y residente en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México, conoció a Fred Scheuer en el México City College, donde ambos estudiaban juntos. Según las declaraciones, Scheuer le reveló dedicarse a la venta de armamento, adquirido en el país vecino, en México al mejor postor.
De cada 10 armas que se incautan en México en escenarios violentos, 78 por ciento son adquiridas en armerías estadounidenses. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
“De cada 10 armas que se incautan en México en escenarios violentos, 78 por ciento fueron vendidas en armerías, sobre todo de estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas”, explica el especialista en temas de seguridad pública, Javier Oliva.
En entrevista con El Sol de México, agrega que el hecho de que el trasiego de armamento entre Estados Unidos y México persista tras 70 años se debe “a la porosidad de las dos fronteras” y a esto se suma “la enorme laxitud jurídica que hay en algunos estados de Estados Unidos para poder comprar un arma”.
En enero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional del Comercio y el Tráfico de Armas de Fuego, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la cual señala que tres de cada cuatro armas que se incautaron en México, entre 2017 y 2021, en operativos contra el crimen organizado provenían de Arizona, California, Nuevo México y Texas.
Los informes de la DFS consultados por esta casa editorial revelan que el tráfico de armas para los cárteles se intentó combatir desde los más altos niveles del gobierno y con apoyo de agencias estadounidenses como el FBI. Asimismo, los documentos advertían que el contrabando de armamento se realizaba con ayuda de ciudadanos y aviones estadounidenses.
En la reunión se dieron cita Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa; Vicente Fonseca, jefe de la Policía Judicial Federal Militar; Edmundo Arriaga, jefe de la Policía Judicial Federal; Francisco Quiroz, comandante del Batallón de la Policía Militar, entre otros. En el documento se lee que Cuenca Díaz expuso que se tenían datos verídicos sobre el tráfico de drogas a cambio de armamento en Sinaloa.
Por ello acordaron que la Dirección Federal de Seguridad obtendría antecedentes y datos generales de Paul Alan Vanressen y el piloto aviador Richard Mason, ciudadanos estadounidenses que facilitaban el contrabando. Por su parte, la Defensa Nacional rastrearía la ubicación de las pistas de aterrizaje clandestinas de Sinaloa, y la Policía Judicial Federal, en colaboración con el FBI daría seguimiento a las matrículas de los aviones utilizados para el tráfico.
En los años subsecuentes la DFS también generó fichas de información sobre el tráfico de armas en otros estados como Chihuahua, donde el 3 de febrero de 1972 las autoridades encontraron ocho cajas con armas en el rancho de Manuel El Chivo Mendoza, quien junto con otros cuatro sujetos contrabandeaban armas, según reportes de periódicos locales.
Otro informe dirigido al director de la DFS, fechado el 9 de noviembre de 1973 señala que en Tijuana, Baja California, “un cargamento de armas de fuego y municiones, que se presume era destinado para radicales revolucionarios de Centro América, fue interceptado por las autoridades aduanales estadounidenses en San Isidro, California, U.S.A., a unos cuantos metros de la Garita Internacional con Tijuana, B. C.”. El cargamento constaba de 66 rifles calibre 30-30 y una gran cantidad de municiones.
Meses después, el 1 de mayo de 1974, le reportaron al director federal de seguridad que en Los Ángeles, California, fue detenido Rudy Rodríguez Esquerra, con un contrabando de armas destinado a la Ciudad de México. Tras su detención, el inculpado reveló que el armamento era para el movimiento revolucionario y reconoció que anteriormente también había traficado armas a Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; y Nogales, Sonora.
Según lo que se lee en el reporte, Rodríguez Esquerra operaba el contrabando junto a su familia y varios socios, quienes contaban con una red de 60 vehículos y siete aviones con los cuales también traficaban drogas de México a Estados Unidos.
Desde esos años, las autoridades mexicanas ya intercambiaban informes de inteligencia sobre el tema y en una carta escrita por Jimmy L. Tallant, fiscal especial fuerza de choque en Nueva Orleans, dirigida al comandante Federico Amaya, general de división en la Zona Militar de Guadalajara, Jalisco, se compartió información sobre seis estadounidenses y dos mexicanos bajo proceso penal en Estados Unidos por “conspiración para exportar a su país armas, municiones y explosivos”.
En la copia del proceso se acusa a Murray Morris Kessler, alias Martin Keller; a Richmond C. Harper, a Marion Hagler, a Francisco Paco Flores, a Adler B. Seal, a James A. Miller Jr., a Joseph Mazzuka, alias William J. Paul; y a Jaime Fernández, quienes entre febrero y julio de 1972 realizaron diversas operaciones de tráfico de armamento hacia México.
De acuerdo con el Índice de Paz, además del narcotráfico “otro flujo ilícito a través de la frontera entre México y Estados Unidos que tiene profundos efectos en la actividad delictiva es el contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México, un fenómeno al que se ha denominado el ‘río de hierro’”.
Elrabando de armas lleva décadas documentándose por las autoridades mexicanas. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México
El informe para México del Índice de Paz detalla que mientras este ilícito lleva décadas documentándose, investigadores han relacionado “el aumento de armas estadounidenses en México con la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos en 2004, antes de la cual se estimaba que menos de 90 mil armas de fuego eran traficadas a través de la frontera cada año”.
“En ese momento el presidente era George Bush hijo y él hubiera tenido que ratificar la prohibición para la venta de fusiles de asalto y de repetición. No lo hizo. Tampoco lo hizo Obama. Obviamente tampoco lo iba a hacer Trump, ni Biden y tampoco lo va a hacer Trump ahora (...) esto explica el repunte de la violencia en México a partir de que se pueden comprar fusiles de asalto y de repetición en Estados Unidos”, expone Oliva Posada.
El especialista detalla que Trump no atenderá el tema de las armas debido al apoyo que recibió de las armerías durante su más reciente campaña presidencial. Dicha ayuda en especie monetaria provino de organizaciones como la National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle).
Mientras el Índice de Paz 2025 apunta que hay cinco rutas principales de drogas y armas de Estados Unidos a México, el último informe semestral (noviembre de 2024-mayo de 2025) de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, destaca que entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República identificaron 11 rutas de contrabando de armas.
En su informe se lee que las principales rutas de tráfico de armas que alimentan al crimen organizado a lo largo y ancho del país van de San Diego, California a ciudades como Tijuana, Culiacán, Tepic, Manzanillo y Acapulco; de Yuma, Arizona a San Luis Río Colorado; de Phoenix, Arizona a sonoyta, Hermosillo, Ciudad Cuauhtémoc, Parral, Durango, Guadalajara; de Nogales, Arizona a Nogales (Sonora), Magdalena de Kino, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Los Mochis.
También de Tucson, Arizona a Agua Prieta, Moctezuma y Hermosillo; de El Paso, Texas a Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia; de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México; de McAllen, Texas a Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Valles, Pachuca, Puebla, Oaxaca; y de Brownsville, Texas a Matamoros, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.
Al conversar con este diario, Javier Oliva considera que la solución no es la prohibición, sino un reforzamiento del control en la venta de armas en Estados Unidos y que desde México se debería negociar con propuestas como: “si ustedes controlan la venta de fusiles de asalto y de repetición, es probable que disminuyan las masacres en Estados Unidos”, puesto que según datos del FBI, cada mes se producen de tres a cuatro masacres, con base en un criterio numérico de que haya más de cuatro muertos.
Sin embargo, reconoce que de México sí hay voluntad para atender el tráfico de armas pero no de Estados Unidos; “en Estados Unidos no han dado muestras ni una sola evidencia, que tienen la voluntad de -insisto, no prohibir- controlar la venta de armas en su país”.
“Nosotros pensamos que tienen que acrecentar esas actividades, y se los hemos dicho en la mesa, y es la realidad: siguen entrando armas a nuestro país. Nosotros revisamos de este lado de la frontera, pero ellos tienen que hacer su parte, necesariamente”, expuso.
Actualmente, en México las incautaciones de armas se actualizan constantemente y según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con operativos permanentes como la Operación Frontera Norte -que inició el 5 de febrero- autoridades federales han asegurado cuatro mil 667 armas de fuego, 755 mil 299 cartuchos de diversos calibres, así como 21 mil 868 cargadores.
