Uno de cada seis casos de violencia política contra mujeres es cometida por otra mujer

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Por cada cinco hombres que ejercen violencia política en razón de género hay una mujer que comete la misma infracción, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

De las 435 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 78 son mujeres, es decir, 18 por ciento del total. De ellas 33 son gobernadoras, presidentas municipales o síndicas, la mayoría afiliadas a Morena

Entre las sancionadas predominan autoridades municipales, lo que revela que los conflictos más frecuentes se producen en el ámbito local, donde las disputas por el poder y la administración de recursos suelen ser más directas.

De las 78 mujeres sancionadas, 12 son o eran presidentas municipales (tres de ellas son reincidentes y tienen sanciones más elevadas), 21 son o eran regidoras o síndicas, seis periodistas y 21 son ciudadanas sin militancia ni cargo público, entre otras.

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El artículo 38 constitucional establece que una persona no puede aspirar a la candidatura a un cargo de elección popular mientras su nombre se encuentre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, cuya permanencia es variable en función de la gravedad de la falta.

Según el acuerdo INE/CG269/2020, una persona que cometió una falta leve estará en en registro durante tres años, una falta ordinaria amerita cuatro años, una falta especial se sanciona con cinco años, mientras que los reincidentes estarán en el padrón durante seis años.

La ley electoral establece varias agravantes, entre ellas que la violencia la cometan personas servidoras públicas, aspirantes a una candidatura independiente, precandidatos, candidatos o profesionales de los medios de comunicación.

Las sanciones son más severas cuando dicha violencia se ejerza contra una mujer perteneciente a una comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, personas de la diversidad sexual o con discapacidad.

El caso más grave, de una mujer

Una concejal oaxaqueña denunció en 2022 que su superior mandó colocar en medio de un pasillo una mesa y una silla de madera, y la puso a trabajar sin proporcionarle siquiera un lápiz o una hoja; la llamó “ignorante” e “incompetente”, y por meses se negó a pagarle la dieta que por ley le correspondía.

En 2024, otra regidora demandó a la misma persona por negarse a facilitarle los expedientes contables, administrativos y financieros del municipio donde se lleva registro de la cuenta pública, contrataciones y ejecución de obras, además de usurpar funciones y retenerle el pago de sus dietas con el pretexto de que no estaba cumpliendo con su trabajo.

Oaxaca es la entidad donde se reportan más casos de mujeres que incurren en violencia política en razón de género, con 29 casos, seguida de Chiapas (10) y Guanajuato (siete).

Entre las 78 sancionadas hay 13 casos de reincidencia, es decir, que acumulan dos o más casos de violencia contra las mujeres en razón de género.

En contextos donde la paridad avanza en lo formal, pero persiste la exclusión en lo simbólico y material, “la violencia política se configura como una respuesta reactiva del sistema patriarcal para conservar el poder”, añade

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Las restantes 23 mujeres sancionadas sí tendrían impedimento para aspirar a una candidatura, ya que cuatro estarán en el registro hasta 2027, siete hasta 2028, seis hasta 2029, cuatro hasta 2030 y una hasta 2031. El caso más extremo es el de la perredista Maricela Morales, quien estará más de una década.