Suman 30 mil 620 víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos en todo el país, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet) de la FGR
Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa, Mariela Macay / El Sol de Tampico y Raúl García / El Sol de Zacatecas
Uno de estos casos es el de María, asentado en la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA-TAMP/0000803/2023.
FGJEZ asegura investigación en todos los casos
Cuidado y hablas porque te va a cargar tu madre
Pero a pesar del dolor físico y el temor, Antonio no se quedó callado y habló con su abogado para denunciar el nivel de violencia que sufrió dentro del Penalito.
Estoy diagnosticado con estrés postraumático por tortura
Aunque Antonio logró al menos un pronunciamiento a su favor de la CEDH, el caso de María no tuvo tanta suerte.
Los obstáculos de María para acceder a la justicia son uno de los factores por los cuales las víctimas no denuncian.
Tortura y mal tratos delitos sistemáticos
Según el representante del Centro de Derechos Humanos, la tortura inicia con los policías preventivos, se prolonga con las policías de investigación y continúa dentro de los penales”.
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El 17 de febrero de 2025 el exfiscal general del estado de Veracruz, Jorge “N”, ingresó al penal Pacho Viejo estrá a un año de prisión preventiva por el delito de tortura. / Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com
“El director llegó con la Licenciada Chabela, me pidió que me diera la media vuelta, que me pusiera de espaldas y me agarró a tablazos. Fue la primera vez de muchas veces, pero ese día me reventó los glúteos y me hizo sangrar. Es un dolor muy fuerte, me quedé tirado en el piso sin poder moverme, algunos compañeros se acercaron para tratar de ayudarme”, dice Antonio, acusado de presunto fraude en febrero de 2022 y encarcelado en el módulo de prisión preventiva conocido como Penalito ubicado en el puerto de Veracruz.
La Licenciada Chabela era una tabla de madera de aproximadamente un metro de largo, con 30 centímetros de ancho, con una especie de agujeros, utilizada por el director del Penalito para golpear a los presos.
El caso de Antonio es uno de los tres mil 331 asentados en carpetas de investigación por tortura y tratos crueles e inhumanos abiertas en Veracruz, la entidad en la que más se acumula este tipo de delitos en el país.
Los tablazos se repitieron cada 15 días y dependían del estado de ánimo del director, sin embargo, la tortura psicológica era diaria a través de amenazas del tipo que debía cuidarse, que lo iban a violar o que lo iban a agarrar por la fuerza.
“Sentía que me iban a violar. El director lo insinuaba. Te aterrorizan mentalmente, vives con el miedo. Ahí no se come a gusto, más bien tragas. Estás asustado de que te agarren de sorpresa. Creo que era por encargo del director esa tortura. No podía creer ese nivel de maldad, porque era por el simple gusto de que ellos disfrutaran de tu miedo”, menciona Antonio.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías de las 32 entidades, entre entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024 se abrieron 23 mil 711 expedientes por presuntos delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos en todo el país.
Los golpes constantes en la puerta de su hogar fueron el preámbulo. Mientras quitaba los cerrojos, el portón fue abierto violentamente por varios hombres. María, fue tomada del cabello por uno de los invasores y empujada a una silla. Sometida, observó a uno de los victimarios desenfundar un cuchillo. Mientras suplicaba, vio como caían mechones de su cabello. Las agresiones contra la joven de 25 años no pararon. Recuerda a una persona de “tez morena, ojos color miel con gorra y corte militar” mientras le desabrochaba el pantalón.
“Me bajaron el pantalón. No sé quién fue específicamente, pero uno de ellos me metió una pistola en mis partes íntimas. Me preguntaban cuáles eran los puntos, quiénes eran mis encargados. Yo les decía que no sabía nada de eso. Me repetían que les dijera para quién trabajaba, que cuál era mi cártel”, recuerda la joven comerciante de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las denuncias documentadas en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet) de la FGR incluyen a 30 mil 620 víctimas (ambos delitos). De acuerdo con la información consultada por Organización Editorial Mexicana (OEM), los ataques fueron cometidos por 23 mil 668 presuntos agresores de los tres niveles de gobierno, así como por personas sin identificar.
Las entidades con más carpetas de investigación abiertas son, además de Veracruz, Ciudad de México, con tres mil 24; Estado de México, con dos mil 215; Chihuahua, que suma mil 685, y Oaxaca, con mil 543 investigaciones abiertas.
Manuel Añorve y Rubén Moreira, coordinadores de la bancada del PRI, reclamaron la muerte de 50 políticos en el primer trimestre de 2025. / Foto: Ilustrativa Ricardo Martínez / Diario de Xalapa
La tortura y tratos crueles e inhumanos, según la información de Renadet, fueron cometidas por personal de las policías ministeriales y agentes de las secretarías de Seguridad Pública estatales, así como por policías municipales y “otros”. En el documento también se registraron agresiones de la Guardia Nacional, de la extinta Policía Federal, así como del Ejército, como en el caso de María, quien identificó a sus agresores, en Nuevo Laredo, como militares.
Allan Óliver López Badillo, fiscal especializado de derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), asegura que se investigan todos los casos, sin embargo, reconoce una línea muy delgada que separa a la tortura de los tratos crueles y de otros delitos de lesiones.
El funcionario mencionó que la tortura, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un evento traumatizante “que deja secuelas a largo plazo” en el que se provocan “dolores fuertes o traumas con un fin determinado, que puede ser la obtención de información u otros fines”, por lo que la diferencia fundamental con los tratos crueles, es que estos “no dejan estas secuelas a largo plazo”. Además, reconoció la indagación de casos solo en casos relacionados con funcionarios.
Una protrusión discal —desviación de un disco de la columna vertebral— que le genera fuertes dolores, insomnio, incontinencia, ansiedad y otras afectaciones físicas y emocionales son el resultado de los maltratos que Antonio sufrió durante cuatro meses en el Penalito de Veracruz.
El 6 de junio de 2022, Antonio salió libre, pero aunque el juez dio la orden de su liberación a las 19:00 horas, su salida se dio alrededor de las 11:00 de la noche. Antes de salir, recibió la última amenaza del director: “Cuidado y hablas porque te va a cargar tu madre”.
Asegura que su testimonio no fue suficiente para comprobar la tortura, así que tuvo que empezar una lucha en varias instancias para alzar la voz y demostrar la violencia que sufrió a manos de los encargados de la seguridad.
“Primero fui con el abogado y a pesar del testimonio y los golpes, aunque los certificamos ante el notario, no era suficiente para comprobar la tortura, así que fuimos a Derechos Humanos a meter la queja. También se metió una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, detalla.
En este año, tres años después de haber sido detenido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resolvió que el empresario Antonio del Río Argudin fue víctima de tortura durante su detención en 2022, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y emitió la Recomendación 020/2025 a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
En el documento, la comisión que encabeza Namiko Matzumoto Benítez señala que la SSP deberá girar sus instrucciones para que se de la reapertura de las investigaciones administrativas y sean tramitadas de una manera diligente además de que se deberá coadyuvar con la FGE en la integración de la Carpeta de Investigación que se encuentra en trámite en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
También recomendó que se pague una compensación a la víctima y se capacite eficientemente a los servidores públicos involucrados, en materia de respeto, defensa y garantía de los derechos humanos.
En cuanto a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado expediente 308/2022, del Río Argudin asegura que continúa parada a pesar de la recomendación en contra. Señala que ahora su lucha de justicia es para que el director del Penalito este tras las rejas por el delito de tortura.
“Estoy diagnosticado con estrés postraumático por tortura, eso lo sufren las personas que van a la guerra, tengo ansiedad, no puedo dormir, tengo pesadillas, no controlo ni las vías urinarias, también afecta mi relación sexual. No estoy bien, aún recibo amenazas. Me he tenido que cambiar de casas, también cambio de número telefónico (...) Yo quiero justicia, es lo que pido y voy a continuar hasta obtenerla”, afirma.
La joven presentó una denuncia en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la FGR, así como una queja en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) tras sufrir lo que calificó como tortura el 12 de agosto de 2023. La investigación sigue en curso en la FGR, sin embargo, el caso no prosperó, a pesar de presentar videos donde se observa a los soldados afuera de su casa.
En su resolución, el visitador del comité de Derechos Humanos determinó la falta de pruebas para confirmar las acusaciones y agresiones, las cuales atribuyó a problemas físicos y emocionales de María, así como por posibles ataques de sus familiares.
Jaime Domínguez Pérez, defensor del territorio e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) continúa sin recibir reparación del daño por parte de las autoridades de Morelos a 12 años de las agresiones en su contra
“Durante mi detención fui trasladado a Tetelcingo donde sufrí agresiones físicas y psicológicas. Posteriormente me llevaron a la Torre de Morelos, manteniéndome incomunicado por aproximadamente seis horas sin presentarme ante ninguna autoridad competente”, relató Domínguez al recordar los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2013 en Cuautla, durante una manifestación contra el Proyecto Integral Morelos.
En el Estado de México, la tercera entidad con más expedientes abiertos por tortura y tratos crueles e inhumanos, el director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, considera a ambos delitos como sistemáticos.
La mañana del 18 de abril fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado en el barrio de Zapotitlán en la alcaldía Tláhuac, lugar donde el hombre trabajaba como vigilante del predio. / FOTO: Luis Barrera/La Prensa
“No hemos visto en lo más mínimo ningún combate institucional, ninguna política pública que tienda a erradicar la tortura como una práctica permanente. En 100 por ciento de los casos que acompañamos hubo tortura”.
“Es una cadena. Policías municipales o estatales detienen, los de investigación prolongan la tortura en el Ministerio Público, y ya en el penal, el personal penitenciario perpetúa esa violencia”, explicó Lara Duque.
Aunque el Registro Nacional del Delito de Tortura tiene documentados tres mil 24 expedientes por ambos delitos en la entidad, el director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, solo tiene documentado a una persona procesada.
La falta de políticas para evitar y erradicar el delito es evidente a pesar de la campaña México sin tortura, lanzada en 2024, o el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT), el cual carece de presupuesto, de acuerdo con la organización Fundar.
Los registros desmienten las múltiples negaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador al negar la tortura. Incluso, 10 días antes de dejar el cargo (20 de septiembre de 2024) afirmó: “En este gobierno no ha habido desapariciones, no ha habido represión, no ha habido tortura, no hay masacres, los índices de letalidad son los más bajos porque son menos los muertos que los detenidos y heridos”. Con información de Emmanuel Ruiz /El Sol de Cuautla y Ximena García /El Sol de Toluca
