Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.
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Cuando se plantea iniciar la construcción de un desarrollo inmobiliario o un mega proyecto del gobierno, a menudo, se realizan consultas a mano alzada en plazas y parques públicos de la comunidad donde tendrá lugar el proyecto; sin embargo, el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf),Gustavo Sánchez, advirtió que confundir estas votaciones con una consulta popular formal vulnera el derecho de los pueblos a tener una representación real regida bajo lineamientos internacionales.
Las consultas populares deben estar ligadas a comunidades “sujetas de derecho” como lo son pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, según lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también señala que debe existir un diálogo y negociación informado entre los desarrolladores del proyecto y las comunidades para tomar en cuenta sus necesidades y que se respete sus usos y costumbres.
“Puede ser algo de tan poco rigor como juntar un grupo en una plaza, en un espacio público, y a mano alzada pedirles que voten si están de acuerdo o si están en contra de alguna cuestión específica, pero nosotros cuando hablamos de titulares de derechos como son pueblos indígenas, comunidades locales y pueblos afrodescendientes, que son los tres grandes grupos que se manejan en este momento en el ámbito internacional nos estamos refiriendo a otros procesos que tienen ciertos pasos y ciertos elementos. Lo peligroso de confundir una cosa con otra es que se puede estar violentando un derecho de un pueblo, de una comunidad al sustituir o banalizar la figura de consulta”, afirmó el presidente de la Red Mocaf.
En concreto, Sánchez describió que el Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos de estos pueblos a tener información accesible y oportuna sobre los desarrollos planeados en su comunidad y establece un tiempo para llevar a cabo una discusión interna y, posteriormente, negociar con el gobierno o la iniciativa privada sobre las necesidades de estas personas, para que el proyecto se construya en apego a los usos y costumbres de la región.
Pese a ser una determinación a nivel internacional, el presidente de Red Mocaf advirtió que muchos países no se apegan a este instrumento, por lo que algunos abogados los denominan coloquialmente como instrumentos legales “soft” o suaves. Algunos otros, como las salvaguardas de Cancún, tienen un menor poder vinculante a nivel internacional, aunque sí establecen un mayor alcance en sus definiciones.
Estas salvaguardas reconocen a las “comunidades locales” como aquellos grupos rurales con identidad e historia propias, pero que no necesariamente descienden de pueblos indígenas. De acuerdo con Gustavo Sánchez, esta definición abarca la mayoría de ejidos en México, ya que aproximadamente dos de cada diez ejidos forman parte de alguna de las 64 comunidades indígenas que hay en el país; el resto es considerado como una comunidad local.
“Más allá de lo que señalan las salvaguardas de Cancún, la Ley Forestal dice que tiene que haber consentimiento libre, previo informado, de ejidos y comunidades sin hacer distinción si son indígenas o no son indígenas. Entonces, para lograr el consentimiento libre, previo, e informado tendría que ser a través de estos pasos”, puntualizó.
Las dependencias de gobierno encargadas de un determinado proyecto son las responsables de llevar a cabo los procesos de consulta popular y en el caso de un proyecto del sector privado, son las empresas las encargadas de negociar con las comunidades, por lo que Sánchez subrayó la necesidad de crear una instancia que acompañe a estos grupos.
“Cuando pones a una empresa minera a negociar, la cual tiene ejércitos de abogados, contra una comunidad que probablemente no tenga ningún asesor legal, ¿no? Entonces, sí es necesario que exista el acompañamiento de una dependencia o que exista algún mecanismo. Las dependencias están rebasadas: necesitan un mecanismo para que la comunidad pueda solicitar el apoyo o el acompañamiento de alguna ONG o de alguna organización indígena o comunitaria que le ayude a llevar su proceso”, recomendó.
Más allá de lo que señalan las salvaguardas de Cancún, la Ley Forestal dice que tiene que haber consentimiento libre, previo informado, de ejidos y comunidades sin hacer distinción si son indígenas o no son indígenas...Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mocaf
En este sentido, Gustavo Sánchez recordó casos emblemáticos que ejemplifican estas consultas como la del pueblo de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, donde en 2023 la comunidad logró que la Secretaría de Economía cancelara la concesión de una minera canadiense, subsidiaria de Almaden Minerals, con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil como Fundar.
Para el presidente de la Red Mocaf es contraproducente que los gobiernos y las empresas desarrollen proyectos sin incluir las opiniones de las comunidades que impactan estos desarrollos, ya que el conflicto genera una imagen pública negativa para las empresas y dependencias que se embarcaron en una obra, por lo que el especialista afirmó que la consulta popular se debe incorporar incluso en los presupuestos de una construcción. “Es cuestión de voluntad política”, sentenció.
