El FBI no investiga a Natanson sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal
EFE
El FBI allanó este miércoles la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.
“A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono”, afirmó Bondi en X.
El Post calificó la medida de “inusual y agresiva”, al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.
La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.
Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.
El FBI no investiga a Natanson sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.
The Washington Post también detalló que Hannah Natanson, cuyo domicilio fue allanado por el FBI, no es acusada de ningún delito hasta ahora, y que la denuncia penal contra Aurelio Pérez Lugones no lo acusa de filtrar infromación.
El medio también señaló que Estados Unidos no cuenta con ninguna ley que tipifique como delito, de manera explicita, que un periodista obtenga o publique información.
Mientras el caso se esclarece, The Washington Post dejó claro que se mantienen firmes en su apoyo a la libertad de prensa y la defensa del trabajo de quienes conforman la institución.
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La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una política de la anterior Administración de Joe Biden (2022-2025) que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.
