Ministros de Energía y Justicia de Ucrania dimiten tras ser salpicados por escándalo de corrupción
Las acusaciones se centran en sobornos relacionados con contratos de Energoatom, la empresa estatal nuclear y el mayor proveedor de electricidad del país
AFP
Zelenski dijo que tanto su ministro de Justicia, German Galushchenko, como su ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, debían presentar su renuncia.
Los investigadores creen que el primero obtuvo “beneficios personales” de la trama corrupta cuando era titular de Energía.
Poco después, ambos presentaron sus cartas de renuncia, informó la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko. El Parlamento de Ucrania aún debe aprobar formalmente las dimisiones.
Enemigos internos
La gente “recauda todo el dinero posible para ayudar al ejército y ellos se lo guardan en sus sótanos”, reaccionó Davyd, un creador de contenidos de 24 años, a AFP.
“¿Por qué hacen esto?”, se preguntó el joven, que prefirió no dar su apellido y expresó su preocupación por cómo afectará el escándalo a los apoyos de Kiev dentro de la UE.
Olena Boikova, de 57 años, dijo a su vez que sentía “indignación” por el caso. También calificó a los implicados de “enemigos internos”.
Los investigadores afirman que la trama de corrupción fue ideada por Timur Mindich, copropietario de la productora audiovisual Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando era comediante antes de entrar en política.
Mindich huyó del país poco antes de que se hicieran públicas las acusaciones el lunes, informó el servicio de fronteras del Estado.
El mandatario ucraniano no hizo comentarios sobre su papel en la trama, pero la primera ministra dijo que le estaba imponiendo sanciones personales junto a otro empresario acusado, Oleksandr Tsukerman.
El escándalo supone una prueba importante para Zelenski, quien se enfrenta a acusaciones de centralizar el poder y silenciar a los críticos tras la invasión rusa de febrero de 2022.
En julio, Zelenski presentó una ley ante el Parlamento que buscaba cercenar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU).
Tras recibir un aluvión de críticas y producirse las primeras manifestaciones en los casi cuatro años de guerra, retiró la iniciativa.
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