Apoyado en cientos de decretos, poderes de emergencia, ataques a sus rivales y el control del Partido Republicano y del Congreso, Estados Unidos apenas ha ofrecido resistencia al regreso del magnate
Redacción / El Sol De México
Un año después de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha ensanchado de forma agresiva los márgenes del poder presidencial en EU, apoyándose en decretos, poderes de emergencia, ataques a sus rivales y el control del Partido Republicano, mientras el Congreso dominado por sus aliados, apenas ha ofrecido resistencia efectiva a esa expansión.
En lo que va de su segundo mandato, Trump ha desdibujado los límites de la Presidencia al amparo de un gabinete ciegamente leal y un liderazgo republicano dispuesto a apoyar su agenda a pesar de los precedentes establecidos por el propio Legislativo.
“En 2025, el presidente consolidó la autoridad ejecutiva llevando al límite la ley, usurpó poderes tradicionalmente reservados al Congreso, los tribunales y los estados. Inició una purga de la burocracia para sustituir a funcionarios de carrera por leales políticos”, afirma el analista político Ian Bremmer.
Mediante la combinación de un uso masivo de órdenes ejecutivas (más de 200), cambios regulatorios acelerados y una política exterior decidida casi en solitario, Trump ha reconfigurado en un año el equilibrio de poderes en Washington.
Esto ha consolidando un Ejecutivo que invade espacios tradicionalmente reservados al Legislativo y los estados.
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El mismo día de su inauguración firmó varias órdenes que suspendieron el programa de admisión de refugiados, endurecieron vetos migratorios y ampliaron los poderes de los agentes migratorios para realizar detenciones, concentrando en la Casa Blanca decisiones que antes pasaban por procesos más largos y compartidos.
También emitió decretos para reducir el tamaño del Gobierno federal y reducir a mínimos la asistencia extranjera, desmantelando entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sin contar con el Congreso.
Trump declaró una “emergencia nacional” por la inmigración ilegal y tráfico de fentanilo para imponer aranceles a la mayoría de importaciones de Canadá y México -luego ajustados- , utilizando facultades ejecutivas para reorientar política comercial y de seguridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Trump declaró una ‘emergencia nacional’ por la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo para imponer aranceles a la mayoría de importaciones de Canadá y México
También utilizó la IEEPA para respaldar su guerra comercial contra los socios comerciales de EU e imponer gravámenes punitivos, sin pasar por una autorización legislativa específica para cada medida, esfuerzos que fueron rechazados en tribunales federales y que han llegado hasta la Corte Suprema, que debe emitir pronto una decisión.
En una ruptura con la costumbre de sus antecesores de notificar previamente al Congreso antes de realizar acciones militares, Trump ha ordenado ataques sumarios contra embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, matando a la gran mayoría de sus ocupantes.
Las irregularidades del primer ataque, donde supuestamente se remató a supervivientes de un bombardeo inicial, lanzó investigaciones en el Congreso, que sin embargo no lograron detener la llamada operación “Lanza del Sur”, en el marco de la cual continúan estos bombardeos.
El reciente ataque sorpresa en Caracas que resultó en la captura y traslado del ahora depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, para ser enjuiciados en Nueva York, tuvo lugar sin la autorización explícita del Congreso, que no fue notificado con anterioridad por su “tendencia a filtrar información importante”, según afirmó Trump.
Esto ha llevado a líderes de las minorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes a denunciar un “sobrepaso” de las facultades de guerra del presidente, que antes ya había ordenado bombardeos a infraestructuras nucleares iraníes sin tomar en cuenta a los comités de seguridad nacional del Legislativo.
La mayoría republicana en la Cámara y el peso conservador en el Senado han permitido a Trump avanzar su agenda con escaso coste político, frenando iniciativas de supervisión y rechazando intentos de limitar por ley el recurso a emergencias y órdenes ejecutivas.
Sin embargo, se han registrado episodios puntuales de rebeldía, como las revueltas de legisladores conservadores en votaciones clave sobre gasto y ayudas internas, o las quejas bipartidistas por la falta de información sobre operaciones en el exterior, que de momento no han cristalizado en una coalición estable para limitar la autoridad presidencial.
Un año después de la llegada de Trump a la presidencia de EU, las prácticas autoritarias de la actual administración republicana han erosionado los derechos humanos en ese país y en el resto del mundo, alertó la organización Amnistía Internacional (AI).
En un informe divulgado, titulado ‘Sonando la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos’, AI menciona el debilitamiento del Estado de derecho en ese país y los ataques a la libertad de expresión.
“Sin duda, estas prácticas autoritarias de la Administración Trump están erosionando los derechos humanos y aumentando el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o disienten, incluyendo abogados, estudiantes y defensores de derechos humanos”, puntualiza.
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El informe menciona varias áreas en las que el Gobierno de Trump está socavando los pilares de una sociedad libre, como los ataques contra la libertad de prensa y el acceso a la información, la libertad de expresión y de reunión pacífica, las universidades, los opositores y críticos políticos, los jueces, los abogados o el sistema legal.
El informe también documenta ataques de los derechos de los refugiados y migrantes, el retroceso de la protección contra la discriminación, el uso del Ejército para asuntos nacionales, el desmantelamiento del sistema de rendición de cuentas corporativas o los esfuerzos para socavar los sistemas internacionales diseñados para proteger los derechos humanos.
Con información de AFP y EFE
La sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior llevarán a cabo la investigación
