Familiares de Ernestina Ascencio Rosario y activistas esperan que Estado mexicano acate sentencia de la CIDH
Luego de ser notificadas de la sentencia solicitaron formalmente al Estado mexicano, les proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brindará la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”
Colectivo Marea Verde Altas Montañas alza la voz y exige que Estado mexicano acate sentencia
Como siempre corrige la plana al Estado mexicano en cuanto a las violaciones de derechos humanos y como los distintos colectivos alzó la voz para exigir al Estado que dé cumplimiento a la resolución de ese organismo internacional.
Recordó que en este caso se cometieron graves violaciones tales como mencionar que Ernestina Ascencio Rosario había muerto por gastritis; además de que se violentaron los derechos no solo de ella, sino de sus familiares.
CIDH emitió sentencia contra México por caso Ernestina
Deberá además brindar atención médica, psicológica, psiquiátrica gratuita, prioritaria y lingüísticamente adecuada y efectiva, a través de instituciones de salud especializadas a los hijos de Ernestina.
Tendrá que llevar a cabo las acciones de publicación y difusión de la sentencia, así como hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos.
La sentencia establece que el Estado mexicano deberá otorgar una beca en una institución pública mexicana a los nietos de Ernestina Ascencio Rosario, desde la educación básica y/o técnica, superior y de posgrado o bien para capacitarse en un oficio.
El Estado mexicano tiene un año, a partir de la notificación de esa sentencia para cumplir con la misma y, deberá emitir a la corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo mismo.
¿Quién es Ernestina Ascencio Rosario y qué le sucedió?
Tras la agresión sexual no recibió la atención médica que requería y falleció en la madrugada del día siguiente, en el Hospital Regional de Río Blanco.
En 2017, la CIDH decidió que el caso cumplía con los requisitos para ser examinado por esa instancia internacional y abrió la fase de análisis de los hechos denunciados.
¿Dónde se ubica el municipio de Soledad Atzompa?
Soledad Atzompa está enclavado en la Sierra de Zongolica. Tiene 35 localidades. Su población en el 2020 era de 24 mil 578 habitantes, el 51% de ellos, mujer y el 48.8%, hombre. La mayoría de su población es nahua y, un menor porcentaje, totonaco.
Su principal actividad económica es la elaboración de muebles de madera, artesanía y la agricultura.
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Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, madre de Francisco, Martha, Carmen y Julio Inés Ascencio, fue encontrada por una de sus hijas, tirada en el monte en febrero del 2007 / Foto: Facebook / Abogadas México
Orizaba, Ver.- “A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”, fueron palabras de Martha Inés Ascencio, hija de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua, de la comunidad de Tetlatzinga, en Soledad Atzompa, que murió por falta de atención médica, tras ser víctima de agresión sexual por miembros del Ejército mexicano.
Mediante un comunicado que enviaron los colectivos que acompañan a la familia Inés Ascencio: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C., Robert F. Kennedy Human Rights, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, representantes de los mismos celebraron la decisión de la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues tras casi 19 años de impunidad y negación por la justicia por parte del Estado mexicano, se declaró la responsabilidad internacional de éste por la agresión sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007.
En el documento exponen que, para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesem), “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´, -Los hombres de verde se me echaron encima-”.
Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de Abogadas y Abobados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.
Las representantes de las víctimas consideraron que la jurisprudencia emitida por la corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural, que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.
Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (Cesem), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) , el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza , Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitaron formalmente al Estado mexicano, les proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brindará la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.
En el mismo documento exponen que la decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables.
Consideran que la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.
Luz María Reyes Huerta, activista de Marea Verde Altas Montañas dijo en entrevista que recibieron con beneplácito la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio Rosario.
“Esperemos que el Estado mexicano esté a la altura y, la justicia alcance por lo menos a los familiares”, aunque lamentablemente, las experiencias recientes que ha habido en ese sentido de acatar las resoluciones de la corte no son las mejores. Pese a ese antecedente, espera que esta vez sea diferente.
Ayer, martes 16 de diciembre, a 11 meses de que se realizó la audiencia pública, la CIDH emitió la sentencia y, tras afirmar que el Estado mexicano violentó todos los derechos de Ernestina Ascencio Rosario y sus hijos, lo sentenció a hacer una investigación penal, exhaustiva razonable sobre la violación sexual, tortura y muerte de “Doña Ernestina”, con el propósito de identificar, juzgar, y en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
Además de fortalecer el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Atzompa, adaptará el protocolo existente en el estado o emitirá un protocolo que incluya medidas adecuadas de atención y acceso a la justicia a mujeres indígenas, víctimas de violencia por razones de género, sin discriminación, que cuente con perspectiva de género, étnica y etaria.
Tiene que hacer un diagnóstico para identificar las necesidades y establecer una estrategia de acción que permita superar las barreras lingüísticas que afectan el acceso a la salud y a la justicia de las personas de comunidades indígenas en la entidad y, el Estado crear un registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas para los sistemas de salud y justicia, bien integrado con la participación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y representantes de los pueblos originarios.
Deberá garantizar también, que el Hospital Regional de Río Blanco-IMSS Bienestar y la Fiscalía General del Estado de Veracruz cuenten con servicio de intérpretes y traductores, que faciliten la adecuada atención y acompañamiento a las personas indígenas monolingües.
Tendrá que pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daños, materiales e inmateriales, así como por costes y gastos e integrará a un Fondo de Asistencia Legal para las Víctimas, de la CIDH, la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, madre de Francisco, Martha, Carmen y Julio Inés Ascencio, fue encontrada por una de sus hijas, tirada en el monte a donde llevó a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlaltzinga, perteneciente al Municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica. Al preguntarle qué le había sucedido, Ernestina, moribunda, en su lengua náhuatl, contestó: “Los soldados se me echaron encima”.
Los resultados de la autopsia que realizó el médico legista evidenciaron la existencia de agresión sexual, por lo que se abrió una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Veracruz.
El entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, haciendo a un lado el dictamen pericial que confirmaba el ataque sexual contra la mujer indígena, adelantó la conclusión del caso: “La señora Ernestina murió de gastritis crónica”.
Esta versión fue secundada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, involucrados en el caso. La investigación fue archivada. Los hechos sucedieron durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Cinco años después, en busca de la verdad, en el 2012, organizaciones indígenas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron al Estado mexicano por las causas que provocaron la muerte de la mujer indígena, al no adoptar medidas para garantizar el ejercicio de sus derechos de salud.
El Estado fue denunciado por la violación al derecho a la verdad y su falta de protección eficaz dentro del sistema de justicia del país, en contra de quienes solicitaron acceso a información completa y veraz de lo ocurrido, así como en contra de toda la sociedad.
Fue dentro de esa fase, que el cuatro de diciembre de 2020, en audiencia pública ante la CIDH, los representantes del Estado insistieron en que la muerte de Ernestina había sido ocasionada por causas naturales, nuevamente negaron su responsabilidad.
Seis días después, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en ese entonces, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esa postura no representaba la posición del Estado mexicano y dio a conocer que se había determinado que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) reabriera la investigación sobre el caso y, que el Estado presentaría ante la CIDH una propuesta de solución del mismo.
Durante los años de búsqueda de la verdad por parte de la familia de Ernestina, integrantes de diferentes organizaciones civiles como el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C., Robert F. Kennedy Human Rights, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, han impulsado el caso para que no quede sin justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que tiene su sede en Costa Rica, llevó a cabo una audiencia pública el 30 de enero de este año, en la que compareció una de las hijas de Ernestina Ascencio, así como la representante de las organizaciones civiles que les acompañan, Elizabeth Guevara Mitzi, abogada de Kalli Luz Marina A. C.
El 59.8% de su población estudió la primaria, el 26.3% cursó secundaria y el 9.71%, el bachillerato. La tasa de analfabetismo en el 2020 era de 26%. Del total de esa población, el 36.9% es hombre y el 63.1%, mujeres, todos mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. (Secretaría de Economía).
