Aseguran que recientes reformas y decisiones reflejan un control cada vez mayor sobre los recursos estratégicos, particularmente el agua
Los representantes de los productores manifestantes del municipio de Jiménez elevaron el tono de sus críticas al Gobierno Federal, al señalar que en México “ya terminó la democracia” y que el país “se encamina al socialismo”. Así lo expresó Jesús José Barraza, uno de los voceros del movimiento, quien acusó que las recientes reformas y decisiones oficiales reflejan un control cada vez mayor sobre los recursos estratégicos, particularmente el agua.
Durante la entrevista, Barraza afirmó que las movilizaciones campesinas fueron “manipuladas” y que incluso hubo acciones simuladas para aparentar respaldo y desactivar protestas. Además aseveró, que ya no son parte del Frente Nacional, sino que ahora estarán trabajando con diferentes grupos. Señaló que los tractores utilizados en un acto reciente frente a la Cámara de Diputados “eran unidades nuevas, sin una pizca de polvo”, las cuales, aseguró, fueron rentadas por actores políticos para aparentar una protesta que, dijo, no representaba al verdadero sector productivo.
El representante también criticó que ninguna de las propuestas presentadas por especialistas en materia hídrica fue incluida en la reforma a la Ley de Aguas. Aseguró que la postura del sector agrícola fue ignorada, pese a la gravedad de la problemática que enfrentan los productores y a la urgencia de establecer un marco legal que brinde certeza sobre el uso y transmisión de las concesiones.
Barraza advirtió que la inconformidad se ha extendido a otros estados, con productores de Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Sinaloa expresando su disposición para escalar las protestas. Incluso aseguró que ya se analiza la posibilidad de tomar refinerías como medida de presión, señalando que el malestar es generalizado y que el gobierno “está empujando al límite” al campo mexicano.
En el tema energético, acusó que el país destina recursos al extranjero mientras los productores nacionales enfrentan costos elevados y falta de infraestructura. Aseguró que México produce entre 1.6 y 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, pero cuestionó que el combustible subsidiado se exporte a naciones como Cuba, mientras la gasolina y el diésel en México se mantienen entre los más caros.
Sobre las concesiones de agua, reiteró que la nueva regulación implicaría un control absoluto por parte de la Conagua. Explicó que, aunque la ley establece que la herencia de los títulos será posible, en la práctica estos pasarán primero a un “fondo de ahorro de agua” administrado por la autoridad federal, la cual tendrá la facultad de negar la transmisión si considera que el acuífero no tiene disponibilidad.
El representante denunció además que en su región se habían preautorizado grandes volúmenes de agua para nuevos solicitantes, mientras que a los ejidatarios locales se les informó que el acuífero estaba sobreexplotado. Acusó que la determinación de disponibilidad depende del criterio del funcionario en turno, lo que, señaló, “abre la puerta a la discrecionalidad y a un mercado oculto del agua”.
Finalmente, Barraza afirmó que el recorte de presupuesto y personal a Conagua hará imposible regular adecuadamente los pozos clandestinos o resolver el rezago de más de una década en trámites pendientes. Aseguró que estas condiciones derivarán en la pérdida de concesiones para productores legítimos y reiteró que el movimiento continuará “por cuenta propia”, luego de considerar que el diálogo en la Cámara de Diputados fue “una farsa”.
