Productores, especialistas y legisladores alertaron durante el foro que las reformas propuestas podrían limitar acceso al recurso
Las reformas impulsadas desde el Congreso de la Unión para modificar la Ley de Aguas Nacionales encendieron las alarmas entre productores y especialistas del sector hídrico, quienes consideran que estos cambios podrían representar un retroceso en el acceso y aprovechamiento del recurso. Así lo expresó el diputado Guillermo Ramírez durante su participación en el foro sobre la Ley General del Agua, donde calificó las propuestas como un “ejercicio autoritario” que pone en riesgo el desarrollo del campo.
El encuentro, convocado por el diputado Alejandro Domínguez, reunió a productores agrícolas, ganaderos, representantes del sector minero y expertos en derecho, quienes expusieron los impactos que la reforma tendría en sus actividades. De acuerdo con los asistentes, centralizar aún más las decisiones en materia de agua y restringir los derechos actuales derivaría en un escenario de incertidumbre para el sector productivo.
Durante su intervención, el diputado presidente Guillermo Ramírez enfatizó que el campo depende de condiciones justas y de acceso real al agua para poder sostenerse. Señaló que no se puede hablar de progreso sin inversión en infraestructura hidráulica, como la construcción de presones, ni sin garantizar reglas claras que permitan un uso equitativo del recurso. “Las reformas planteadas significan un retroceso en los avances logrados en materia de aprovechamiento hídrico”, afirmó.
Ramírez sostuvo que lo que está en discusión no solo afecta a los productores, sino a toda la cadena económica asociada al campo, por lo que insistió en la necesidad de escuchar a quienes viven diariamente las consecuencias de la falta de agua y de las decisiones federales. Alertó que imponer cambios sin consenso podría agravar la situación de regiones que ya enfrentan sequías prolongadas.
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En el foro también participaron los diputados federales Tony Meléndez y Rubén Moreira, quienes coincidieron en que México necesita una legislación que responda a la realidad productiva y social del país, no una que limite la actividad económica. Ambos reafirmaron su compromiso con el sector rural de Chihuahua y destacaron la importancia de mantener un frente unido en la defensa del recurso hídrico.
Los representantes del sector minero y agrícola expusieron que, si bien es necesaria una actualización normativa, esta debe construirse a partir del diálogo y no desde disposiciones que, consideraron, parecen ignorar la diversidad de regiones y necesidades del país. Advirtieron que implementar reglas más restrictivas sin ampliar la capacidad de infraestructura sería contraproducente.
Las conclusiones del encuentro evidenciaron una preocupación generalizada: las modificaciones propuestas no responden a las necesidades reales del campo y podrían dificultar aún más la gestión del agua, en lugar de resolver los problemas de escasez. Los asistentes coincidieron en que se requiere una visión integral que contemple inversión, tecnología y participación ciudadana.
Finalmente, los productores y legisladores hicieron un llamado a las autoridades federales para que escuchen directamente a quienes dependen del agua para trabajar y producir. Insistieron en que la nueva ley debe construirse desde el territorio y no desde decisiones centralizadas que, según dijeron, podrían afectar la viabilidad del campo mexicano en los próximos años.
