El avance del proceso depende ahora de que el juez de ejecución determine la vía para resarcir las afectaciones, afirmó
El abogado Mariano Cordero, representante de un grupo de afectados por el fraude de la financiera Aras, señaló que bajo las condiciones actuales se podría alcanzar únicamente la reparación del 50% de los daños, o incluso un poco menos. Explicó que el avance del proceso depende ahora de que el juez de ejecución determine la vía para resarcir las afectaciones, decisión que podría darse antes de que concluya el año, siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia retome las reuniones programadas.
Cordero informó que sostendrían un encuentro con autoridades del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, este fue pospuesto debido a una reunión de pleno. La intención, dijo, es que en las próximas sesiones se defina al menos una parte del esquema de reparación del daño para las víctimas, quienes han esperado por años una resolución clara.
Explicó que la forma de pago aún no está definida, ya que corresponde exclusivamente al juez de ejecución determinar el método con base en la sentencia. “Ahí está el detalle, eso es justo lo que debe resolver el juez; él es quien debe establecer cómo se realizará la reparación”, comentó. Añadió que actualmente existen bienes libres de gravamen que podrían ser rematados, vendidos o incluso entregados materialmente a los afectados, aunque todavía falta que el proceso avance de manera formal.
En cuanto al valor real de los bienes asegurados, el abogado reconoció que las estimaciones iniciales han variado considerablemente. Originalmente se hablaba de un total aproximado de 550 millones de pesos, pero al iniciar los trabajos de revisión se detectó que varios inmuebles habían sido recuperados por sus antiguos propietarios, otros fueron entregados en pago y un número importante de vehículos se encuentra prácticamente perdido. De más de 160 unidades aseguradas, comentó, solo unas 15 permanecen en los corralones oficiales.
Debido a ello, Cordero consideró imposible aspirar a un pago total del daño causado por el fraude. Subrayó que, con lo que existe actualmente al alcance del juez de ejecución, la recuperación podría rondar un 50%, aunque no descartó que el porcentaje resulte menor. “Sería muy aventurado decir que se pagará el 100%, claro que no. Pero sí se pagará lo que se logre rescatar del juicio que ya concluyó”, afirmó.
En Parral, detalló, existen cerca de 300 personas con derecho a la reparación del daño. Todas ellas permanecen a la espera de que el juez de ejecución emita las instrucciones pertinentes para continuar con el proceso. Mientras tanto, indicó que siguen analizándose diversos bienes para determinar su procedencia y resolver cualquier impedimento legal que pueda retrasar la distribución.
El abogado destacó que, de encontrarse nuevos bienes mediante procedimientos de extinción de dominio que actualmente realiza la Fiscalía, estos serán destinados íntegramente a la reparación del daño. Consideró que este esfuerzo podría mejorar el monto final recuperado, aunque por ahora no existe un cálculo preciso de cuánto podría sumarse.
Finalmente, Cordero pidió a los afectados no desesperarse ante la lentitud del proceso. Recordó que se trata de un asunto complejo que ha requerido entre 12 y 13 reuniones de alto nivel, y que la burocracia ha dificultado los avances. “Que no se raje la gente; algo bueno ha de salir de todo esto”, expresó.
