La fiscal Wendy Chávez expresó que se pedirá una pena de hasta 35 años para el presunto responsable del rapto de los menores de origen rarámuri
Rosy Reyes
Rosita y Eduardo, de 10 y 7 años, de origen raramuri, fueron raptados al salir de la escuela en la comunidad de Guachochi, por un vecino que los mantuvo cautivos y los hizo pasar como sus hijos durante 4 meses en un rancho donde los obligó a acarrear piedras y hacer tortillas, por lo cual él cobraba. Otros trabajadores se percataron de que además los golpeaba, por lo que se dio aviso a las autoridades, siendo rescatados y a él lo detuvieron.
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Para la FEM (Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia), este caso escala de la práctica común de familias de jornaleros en donde los niños colaboran en los trabajos, lo que raya en la explotación infantil, a la trata de personas agravada y lesiones, por lo cual irá por la condena máxima de 35 años de prisión.
En cautiverio permanecieron durante cuatro meses los dos niños de origen raramuri que fueron raptados en el municipio de Guachochi por un hombre que fue su vecino durante un tiempo en la comunidad donde habitaban junto con sus padres y demás hermanos.
Entre labores de acarreo de piedras y elaboración de tortillas, los infantes fueron obligados a realizar trabajos forzados por parte del presunto raptor identificado como Héctor C. M., quien se los llevó desde su pueblo de origen desde el mes de octubre del 2024.
La titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Wendy Chávez, informó que se tiene la hipótesis que los menores fueron trasladados a Chihuahua capital de manera inicial, donde permanecieron cerca de un mes y medio hasta que el hombre consiguió empleo en un rancho ubicado en el municipio de El Tule, hasta donde se los llevó.
Tras las indagatorias, la fiscal mencionó que el sujeto contaba con domicilio en la capital del estado, lugar donde se quedaban; sin embargo, al enterarse de que estaban solicitando personal en un rancho de El Tule, decidió trasladarse hasta ese punto.
Luego de acudir a trabajar en el rancho de El Tule, el hombre que también es de origen raramuri presentó ante los demás trabajadores y los patrones a Rosita y Eduardo como sus hijos, manifestando que su madre los había abandonado y que ese era el motivo por el cual lo estaban acompañando.
El predio donde el joven trabajaba no estaba cerca a la casa principal del rancho, ya que caminando se hacía una hora aproximadamente hasta donde estaban los niños, por lo que los demás trabajadores no tenían contacto con los infantes.
Sin embargo, días previos a que fueran rescatados, Rosita y Eduardo se acercaron a la casa principal y fue cuando los otros trabajadores observaron que contaban con huellas de violencia física, por lo que le manifestaron a Héctor que los regresara al lado de su madre.
Lo informado por Wendy Chávez fue que debido al maltrato que presentaban, el propietario del rancho giró instrucciones a uno de sus empleados para que trasladaran a los niños a través de un servicio de transporte de autobús hasta el municipio de Guachochi para reintegrarlos a su domicilio.
Tras la implementación de un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lograron la captura de Héctor C. M., señalado como el presunto responsable de la desaparición y explotación laboral de dos menores de edad, originarios del municipio de Guachochi.
La detención se efectuó el pasado 27 de febrero en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua-Ojinaga, donde agentes cumplimentaron la orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial.
Debido a la explotación que estuvo presuntamente efectuando en contra de los infantes a quienes obligaba a trabajar en jornadas laborales extensas sin recibir pago ni cuidados adecuados, la situación legal del detenido está agravada.
Por ello, la Fiscal Especializada de la Mujer, quien ha trabajado en las investigaciones en torno a este caso, pide que el presunto responsable Héctor C. M., acusado de los delitos de Trata de Personas Agravada y Lesiones en perjuicio de los dos menores en el municipio de Guachochi, reciba la pena máxima, siendo más de 35 años.
“Consideramos que los hechos constituyen los delitos de desaparición cometida por particulares y de trata de personas en la modalidad de explotación laboral y se le imputaron lesiones de violencia física que presentaron los niños”, destacó.
Héctor C. no tiene antecedentes de orden penal, sin embargo, tras las indagatorias en el contexto de investigación se informó que tuvo comportamientos o ejercicios de violencia en contra de sus hermanos, no obstante, estos hechos nunca fueron denunciados.
Es de señalar que tras la audiencia de vinculación a proceso el juez que lleva el caso determinó que el acusado enfrentará proceso penal por la captación de los menores con fines de explotación laboral, así como por los trabajos forzados a los que fueron sometidos y las lesiones ocasionadas durante su cautiverio.
Además, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más pruebas y testimonios que fortalezcan el caso en su contra.
Es regular que infantes colaboren en las labores de campo junto con sus familias, según lo informado por la titular de la FEM, quien mencionó que han llevado a cabo intervención y revisiones para la detección de casos de explotación laboral infantil.
Comentó que está práctica es principalmente en los municipios como Jiménez, Camargo, Casas Grandes, en donde se tiene registro de población flotante, ya que acuden a la pisca de vegetales, por lo que es común que los menores colaboren con sus padres al terminar sus actividades escolares.
Sin embargo, el caso de la privación de la libertad de los hermanitos en Guachochi ha sido diferente, ya que fueron alejados de sus padres, obligados a trabajar en labores de acarreo de piedras y la elaboración de tortillas durante 4 meses, además de recibir maltrato físico.
Puntualizó que existe desconocimiento de cuándo se pueda dar una situación de explotación, por ejemplo, los casos de mendicidad forzada; mencionó que la sociedad ha normalizado ver infantes pidiendo en las calles.
Señaló que al momento de realizar las intervenciones se debe considerar las condiciones económicas por las que se hacen este tipo de actividades, si están siendo forzados y si forman parte de alguna comunidad indígena, esto debido a la cosmovisión que tienen del desarrollo, para no tratar de sancionar en cuestiones que vienen de otras deficiencias en la estructura social.
La titular de la FEM, Wendy Chávez informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) está evaluando el tema con la familia de los infantes para contar con los elementos necesarios para realizar un plan de intervención integral para el bienestar de los menores.
Explicó que dependiendo de lo que se obtenga en las evaluaciones se llevarán a cabo las acciones correspondientes en busca de generar una mayor protección y reintegración a los entornos de los menores.
“Se tienen que considerar algunos factores debido a que se debe evaluar si van a retornar o no al municipio de origen, por la exposición que tuvieron los niños, la búsqueda tan intensa que se realizó, por lo que están expuestos a esa situación se valorará la reubicación y los medios para que puedan establecerse”, detalló la funcionaria.
También, resaltó que se está brindando el acompañamiento terapéutico, tanto para los menores como para sus padres, además de la cuestión asistencial y el seguimiento en tema jurídico hasta que se logre la sentencia en contra del presunto responsable.
De igual forma añadió que a través de las mesas de seguridad se mantienen en alerta para la detección de situaciones similares en los municipios en los que principalmente se reciben a trabajadores agrícolas, es decir con población flotante para la detección de casos de explotación laboral infantil.
En este sentido, Chávez mencionó que la Secretaría del Trabajo lleva a cabo recorridos por los diferentes campos con la finalidad de verificar las condiciones en las que están las personas y si los niños están en espacios adecuados, además de que estén recibiendo educación en las escuelas.
También añadió la importancia de que al presentarse algún delito, se efectúen las denuncias de inmediato ya que esto permite a la autoridad llevar a cabo las intervenciones y lograr brindar el apoyo a las víctimas.
“En el caso de los pequeños de Guachochi, la familia se acercó con prontitud para informar que no estaban localizados, por lo que se generó el despliegue de búsqueda y es importante hacer hincapié en las comunidades indígenas para que se acerquen a realizar las denuncias cuando se presente algún caso de desaparición o detecten cambios en ese comportamiento”, refirió la fiscal.
Finalmente recordó que hace aproximadamente dos años se registró en el municipio de Guachochi un caso en el que se realizó la invitación abierta para los trabajos de recolección de algodón, sin embargo, las condiciones que se ofertaron a los trabajadores no eran las correctas, ya que no los dejaban salir, no les daban alimentos y los tenían hacinados.
En este caso señaló que se encontraba una menor de 17 años, por lo que lograron escapar de las personas que los tenían viviendo en esas condiciones, siendo en ese momento cuando se dio parte a las autoridades quienes realizaron las labores de investigación.
De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas sin mediar palabra ni provocación, señalando que la agresora se reía mientras las atacaba con un cuchillo
