La reforma elimina al IFT y permite geolocalización sin orden judicial; temen censura y vigilancia estatal
La asociación civil Periodistas Unidos de Parral se pronunció en contra de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada recientemente por el Senado de la República, la cual ha sido ampliamente señalada como una amenaza a la libertad de expresión. Desde diversos sectores se le ha bautizado como la “Ley Censura”, por los riesgos que implica en materia de derechos fundamentales.
La legislación contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que desde 2013 ha regulado de manera independiente el ámbito de radio, televisión e internet. En su lugar se propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad que estaría bajo control directo del Ejecutivo federal.
Según Periodistas Unidos de Parral, esta reconfiguración institucional representa un retroceso serio, ya que elimina los contrapesos y traslada la vigilancia y regulación de los medios a una instancia sin autonomía, lo que podría permitir decisiones arbitrarias desde el poder central.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es que autoriza a la nueva agencia a suspender transmisiones de radio y televisión sin necesidad de orden judicial, apelando a conceptos generales como “seguridad nacional” o “interés público”. También se permitirá la geolocalización en tiempo real de usuarios de telefonía celular sin requerir autorización judicial.
Diversas organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y expertos en comunicación han alertado sobre el riesgo de que estas modificaciones deriven en un sistema de censura previa, vigilancia permanente y control político sobre los contenidos mediáticos.
Desde Parral, el presidente de Periodistas Unidos, Carlos Adrián Barrón, advirtió que esta reforma puede tener consecuencias especialmente graves para regiones donde el ejercicio periodístico ya enfrenta condiciones adversas. “No podemos permitir que se legalice la censura. Esta reforma pone en riesgo la autonomía informativa, la privacidad y el derecho ciudadano a la verdad”, expresó.
Barrón también señaló que, aunque algunas disposiciones fueron modificadas luego de la presión pública, como la eliminación de un artículo que facultaba bloquear redes sociales, la esencia autoritaria de la propuesta se mantiene. “Cambiar una parte del texto no basta. El enfoque sigue siendo de control, no de fortalecimiento democrático”, dijo.
La organización convocó a otros gremios periodísticos, universidades, colectivos ciudadanos y medios de comunicación a manifestar su rechazo. “Callar ante este tipo de reformas es ceder terreno al autoritarismo. Si dejamos que la censura se normalice desde la ley, después no habrá ley que nos defienda”, concluyeron.
