Lo que pone en duda que los nuevos procedimientos puedan resolverse en los 20 días que marca la ley
Marcos Merendón
El residente de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado en la región sur, Óscar Gutiérrez, manifestó su preocupación por el rezago que mantiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la atención de trámites relacionados con concesiones de agua, situación que, dijo, podría agravarse con la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas Nacionales.
Durante entrevista, Gutiérrez reconoció que existe coincidencia en la necesidad de contar con un mayor control y medición del uso del agua; sin embargo, señaló que las formas planteadas en la nueva legislación generan inquietud entre productores agrícolas y ganaderos, especialmente aquellos que cuentan con pozos para uso pecuario o agrícola.
Explicó que el artículo 22 de la nueva ley establece que los derechos de concesión no podrán ser heredados ni transferidos libremente, lo que representa un problema serio para propietarios de ranchos agrícolas, ya que el agua es el principal valor de una tierra productiva y cualquier operación de compraventa quedaría sujeta a la autorización del Gobierno Federal.
“El problema es el tiempo”, enfatizó, al cuestionar qué pasará mientras se espera la anuencia federal para transferir un derecho de agua, pues advirtió que no es viable que los productores permanezcan meses o incluso años sin una resolución, lo que podría frenar operaciones productivas y comerciales en el campo.
En ese sentido, recordó que actualmente Conagua mantiene trámites pendientes con retrasos de cinco, siete y hasta diez años sin respuesta, particularmente en autorizaciones de pozos, lo que pone en duda que los nuevos procedimientos puedan resolverse en los 20 días que marca la ley.
Óscar Gutiérrez también expresó inquietud por posibles discrecionalidades en la aplicación de la norma, al advertir que el retraso en resoluciones podría abrir la puerta a favoritismos o prácticas irregulares, afectando directamente a los productores que dependen del agua para su actividad económica.
“Si hoy en día hay un rezago de años, ¿qué garantía existe de que ahora sí se va a cumplir el plazo?”, cuestionó, al señalar que prometer resoluciones rápidas sin atender el problema estructural de Conagua resulta poco creíble para el sector rural.
Finalmente, el funcionario estatal sostuvo que la nueva Ley de Aguas Nacionales “es para pensarse”, al advertir que el exceso de control gubernamental puede traducirse en pérdida de libertades para los ciudadanos, por lo que llamó a mantenerse atentos y defender los derechos adquiridos.
