Tras su detención por el ICE en El Paso, autoridades mexicanas informaron sobre dos investigaciones abiertas contra Bertha G., una por desvío de recursos durante la administración de su esposo y otra por robo de diversos objetos
Luego de los hechos, autoridades llegaron al lugar e implementaron un operativo en los alrededores, con el objetivo de localizar personas lesionadas o sin vida, sin resultados positivos
Una de las propiedad ubicadas en Parral que funcionaban como oficinas. / Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral
Luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anulara los créditos fiscales impuestos durante la administración de Javier Corral Jurado contra el exgobernador César Horacio D.J., El Sol de Parral realizó un recorrido por los inmuebles asegurados como parte del proceso, constatando un deterioro y abandono, estado en el que se encuentran actualmente.
Uno de los sitios visitados fueron las oficinas de las empresas vinculadas al exmandatario, ubicadas a las faldas del Cerro de la Antena en Hidalgo del Parral. El panorama es desolador: paredes de tablaroca destruidas, basura acumulada, ventanas rotas que conservan únicamente las rejas, baños completamente inservibles y accesos colapsados e intransitables. La infraestructura ha quedado reducida prácticamente a escombros.
Las oficinas ubicadas en las faldas del Cerro de la Antena están abandonadas. / Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral
El otro inmueble inspeccionado fue la unidad de producción Hidroponía de Parral, ubicada en el municipio de Matamoros. En este caso, el acceso permanece restringido debido a que aún cuenta con una lona oficial que lo identifica como “bien inmueble asegurado por la FGE”.
Desde el exterior, sin embargo, se alcanza a ver un camión tipo quinta rueda y varias estructuras que sugieren haber sido oficinas. Asimismo, los viveros, que en su momento eran utilizados para el cultivo de tomate, están completamente destruidos; sólo quedan en pie las estructuras metálicas y restos del hule especializado.
En Hidroponía ubicada en el municipio de Matamoros, los invernaderos se encuentran totalmente destruidos / Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral
Fue esta mañana cuando el exgobernador, acompañado de sus abogados, dio a conocer resolución del TFJA, la cual invalidó los créditos fiscales promovidos durante el sexenio de Corral, determinando que fueron improcedentes y que no existe fundamento para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado ejecuten acción legal algún sobre dichos adeudos.
Durante una rueda de prensa encabezada por el propio César D.J. y su abogado, Luis Alberto Delgado, se explicó que fue el entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez —actualmente prófugo de la justicia—, quien instruyó realizar auditorías contra el exgobernador y contra la empresa Hidroponía de Parral.
Estas auditorías concluyeron con la emisión de dos créditos fiscales: uno por 17 millones 285 mil 958.86 pesos contra César D.J. y otro por 84 millones 018 mil pesos contra la empresa agrícola, sumando más de 101 millones de pesos.
Los abogados denunciaron que, desde el 2017, la Fiscalía General del Estado aseguró tanto las oficinas como las instalaciones productivas. A pesar de los sellos oficiales que prohibían su manipulación, ambos inmuebles fueron vandalizados e incluso incendiados en algunos sectores, dejando severos daños en infraestructura y mobiliario.
Las paredes de tablaroca de las oficinas fueron totalmente destruidas. / Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral
La defensa de César D.J., argumentó además que las empresas señaladas se dedicaban a actividades como la ganadería y la producción de tomate, las cuales no están sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), motivo por el cual consideran que los créditos fiscales en su contra fueron fabricados y sin sustento legal.
Argumentaron que la resolución del TFJA aparte de establecer la anulación de los créditos, ordena expresamente que las autoridades restituyan los inmuebles asegurados en el estado en que se encontraban al momento del aseguramiento. Esto implica, según los abogados del exgobernador, reponer equipo, mobiliario y cubrir los daños provocados durante el periodo de resguardo.