El presidente del Sistema Producto Nuez alertó que la propuesta de reforma podría afectar la certeza en concesiones de agua
La reciente iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha generado un clima de incertidumbre jurídica entre los productores agrícolas del estado, quienes temen por la falta de claridad en los nuevos artículos y modificaciones del marco legal. Así lo señaló Alejandro Licón, presidente del Sistema Producto Nuez, al advertir que los cambios introducidos ponen en riesgo la certeza con la que los agricultores administran sus concesiones.
Licón explicó que, al comparar la actual ley vigente desde 1992 con la nueva propuesta, se observan entre 10 y 20 artículos modificados que cambian palabras y estructuras clave, lo que abre la puerta a interpretaciones confusas. “Hay artículos que son copia exacta de la ley del 92, pero hay otros con cambios mínimos que alteran completamente su sentido. Esos pequeños ajustes generan incertidumbre jurídica, especialmente sobre las concesiones de agua”, subrayó.
Uno de los puntos que más preocupa al sector agrícola es la reducción del periodo de renovación de las concesiones, que antes era de 10 años y ahora se pretende fijar en cinco. Según Licón, estos cambios: “se están haciendo de manera unilateral, sin considerar la opinión de los productores ni de los expertos técnicos, y con un trasfondo más político que técnico”.
El representante del Sistema Producto Nuez añadió que, aunque la nueva ley establece que las concesiones de agua seguirán siendo heredables, existen cláusulas adicionales que condicionan los procesos de transmisión o venta. “Sí, la ley dice que se pueden heredar, pero también incluye textos extras que generan dudas. Por ejemplo, ahora se plantea que el título debe entregarse a la Conagua, y será la dependencia la que determine si se autoriza o no. ¿Cómo van a ser juez y parte?”, cuestionó.
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Licón indicó que esta situación representa un riesgo para los productores que buscan garantizar la continuidad de sus actividades agrícolas y la estabilidad de sus propiedades: “Si tú quieres vender tu rancho o transferir una concesión, ahora estarás sujeto a la decisión de una autoridad que puede condicionarte. Eso no da certeza jurídica, al contrario, la elimina”, lamentó.
Asimismo, el dirigente señaló que, aunque funcionarios de la Comisión Nacional del Agua han intentado tranquilizar al sector asegurando que “la ley trae muchas cosas buenas”, la realidad es que los textos modificados no brindan seguridad. “Nos dicen que no nos preocupemos, pero cuando uno revisa los artículos comparativos, se da cuenta de que hay vacíos y ambigüedades que dejan todo a criterio de la autoridad”, explicó.
Ante este panorama, Licón consideró fundamental que la reforma no entre en funciones hasta que se corrijan las inconsistencias detectadas. A su juicio, la nueva legislación fue elaborada “desde un escritorio, por diputados alineados, sin conocer la realidad del campo ni el impacto que estos cambios pueden tener en la producción agrícola”.
Finalmente, el líder nogalero llamó a las autoridades a abrir el diálogo con los sectores productivos antes de aprobar una ley que, lejos de fortalecer la gestión del recurso hídrico, podría poner en riesgo el desarrollo agrícola en todo el estado. “No se trata de rechazar el cambio, sino de hacerlo con responsabilidad y con reglas claras que den certeza jurídica a quienes vivimos del campo”, concluyó.
