Las medidas buscan reducir riesgos durante el llenado de cilindros de gas LP y prevenir accidentes
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos reforzó los protocolos de seguridad que deben cumplir las gaseras de la ciudad, con el propósito de disminuir riesgos durante la carga de cilindros de Gas LP y prevenir accidentes que puedan poner en peligro a trabajadores y a la población en general.
Estas acciones forman parte de una supervisión más estricta del reglamento interno para la carga de cilindros, el cual establece procedimientos específicos para garantizar una operación segura. La autoridad municipal destacó que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio y debe observarse de manera permanente.
El coordinador de la dependencia señaló que, si bien los lineamientos de seguridad ya existen, actualmente se está reforzando su aplicación para asegurar que todas las gaseras operen bajo los mismos estándares de prevención de riesgos.
Dentro de las disposiciones obligatorias se establece que la carga de cilindros debe realizarse con el vehículo apagado y sin personas a bordo, además de prohibir de manera estricta fumar, encender fuego o utilizar flamas abiertas dentro del área de llenado.
Asimismo, se reiteró la obligatoriedad del uso del cable de puesta a tierra, el cual permite controlar la electricidad estática y evita la generación de chispas que puedan provocar incendios o explosiones durante el proceso de carga.
Protección Civil indicó que únicamente podrán cargarse cilindros certificados y en buen estado, de acuerdo con la normatividad vigente, respetando también el límite máximo de llenado del 80 por ciento como medida preventiva.
Como referencia práctica, se explicó que un cilindro de 20 kilogramos solo puede llenarse hasta 16 litros y uno de 30 kilogramos hasta 24 litros, manteniendo siempre una proporción segura conforme a su capacidad, con el fin de evitar sobrepresión y fugas.
Finalmente, la Coordinación Municipal advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones derivará en sanciones económicas y, en casos graves o reincidentes, en la clausura de establecimientos, como parte de una política de cero tolerancia ante prácticas que representen un riesgo para la seguridad pública.
