Regidoras y funcionarios municipales confrontaron posturas sobre el cumplimiento de un acuerdo de 2025 destinado a garantizar espacios de resguardo y protección para mujeres en vulnerabilidad
Luis Murillo
Durante la sesión de Cabildo en Hidalgo del Parral, se generó un debate en torno al cumplimiento del acuerdo aprobado en mayo de 2025 para la creación, habilitación y operación de un centro de refugio para mujeres víctimas de violencia, impulsado por la Comisión de Igualdad de Género.
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La regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Larissa Martínez Rivera, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que la iniciativa es una respuesta jurídica ante el incremento de la violencia de género en el municipio. Afirmó que el centro no opera ni brinda atención, lo que constituye una omisión institucional con consecuencias graves para las víctimas.
Indicó que la falta de un refugio funcional obliga a las mujeres violentadas a permanecer con sus agresores, subrayando que la legislación nacional y los tratados internacionales obligan a los municipios a garantizar este tipo de espacios de protección y seguridad.
En contraste, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Arturo Cordero Burciaga, informó que el tema ha sido atendido desde el ámbito administrativo. Explicó que el municipio cuenta con la preparación para instalar un espacio de resguardo, precisando que los protocolos de operación son estrictos y requieren la voluntad de las usuarias.
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Cordero Burciaga detalló que el modelo viable para la ciudad sería un centro de resguardo provisional y no necesariamente un refugio permanente, además de que la ley obliga a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para su correcto funcionamiento.
El funcionario sostuvo que el acuerdo se encuentra plenamente cumplido en términos administrativos y que el proyecto fue informado al Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer, ofreciendo ampliar la información técnica en sesiones posteriores.
Por su parte, las regidoras Martínez Rivera, de MC, y Alejandra Chávez, de Morena, insistieron en que los acuerdos del cuerpo colegiado tienen fuerza legal obligatoria. Enfatizaron que la existencia de instancias estatales no exime al municipio de su responsabilidad directa en la protección de las mujeres.
Finalmente, el exhorto fue recibido formalmente por el pleno, quedando asentado el compromiso de dar seguimiento al tema ante las posturas encontradas sobre la materialización del espacio operativo y funcional.
