Se duplican embarazos infantiles en Parral durante 2024; activistas temen mayor incidencia este año
Colectivas como Amor no es Violencia y Atenea señalan omisiones de Salud, DIF y Fiscalía, pese a que la ley obliga a denunciar y actuar de oficio en estos casos
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Chihuahua, mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años constituye violación equiparada, un delito que debe perseguirse de oficio.
Para ella, este doble rasero revela una visión moralista y punitiva: “Prefieren que una niña tenga un hijo producto de una violación a que interrumpa el embarazo”.
Luna Chávez asegura que, incluso cuando las víctimas o sus familias intentan denunciar, se enfrentan a barreras institucionales.
“En la Fiscalía de la Mujer muchas veces no hay ministerios públicos disponibles, o se les cuestiona sobre su conducta, sobre cómo iban vestidas o dónde estaban. Eso es revictimización, y lo que genera es desconfianza total en el sistema.”
Ambas organizaciones coinciden en que las escuelas podrían jugar un papel clave en la detección temprana de casos, pero los protocolos de actuación son poco conocidos y no se aplican correctamente.
“El engranaje institucional no funciona —dice Luna Chávez—. Si uno de los mecanismos falla, todos los demás se detienen. Así de frágil es el sistema de protección en Parral.”
Entre la costumbre y el delito
Las activistas advierten que, detrás de esas uniones, existen patrones de violencia familiar y de reproducción intergeneracional del abuso: madres que se casaron siendo niñas y ahora repiten el esquema con sus hijas.
“Si una madre se casó a los 14 y su hija hace lo mismo, ¿cómo explicas que eso es un delito? Hay una falta de educación integral y una aceptación social del abuso”, reflexiona Ornelas.
El rostro institucional
Según lo consultado por este medio, el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) de Parral reconoce la gravedad del fenómeno, pero defiende que la prevención debe abordarse “de manera integral”.
Sin embargo, las organizaciones civiles consideran que estos esfuerzos, aunque valiosos, no atacan el núcleo del problema: la falta de denuncias y de intervención directa ante los casos detectados.
El papel del Instituto Municipal de la Mujer
Capas de responsabilidad
Una cadena que puede romperse
Las cifras que no alcanzan
“El matrimonio infantil se logró erradicar en Chihuahua apenas en 2018, pero todavía se permiten uniones informales entre niñas y adultos. Esa es la puerta de entrada a esta tragedia”, afirma Luna Chávez.
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En Parral, colectivos feministas alertan por el aumento de embarazos en niñas y adolescentes / Foto: Cortesía / IMSS
En Parral, el 2024 fue un año alarmante según colectivos feministas y defensores de las infancias, ya que se registraron 12 casos de adolescentes embarazadas, es decir, más del doble que en 2023 cuando ocurrieron cinco, y una problemática que se agudiza si se contempla entre las nuevas madres a dos niñas de 11 años. Para las asociaciones Amor no es Violencia y Atenea, esto más que números —que incluso temen se disparen en 2025— refleja la negligencia con la que actúan las autoridades, porque las víctimas siguen en aumento y los delitos como la violación continúan impunes.
En meses pasados, Parral estuvo en la conversación nacional debido al problema del embarazo adolescente que se agravó durante 2024, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Nacimientos Registrados elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el análisis realizado por este medio con cifras de 2023 y 2024 se constató que la cifra se duplicó en ese periodo: mientras que en 2023 se documentaron 5 nacimientos de niñas menores de 15 años, en 2024 el número ascendió a 12 casos, más del doble que el año anterior.
De esos 12 embarazos registrados en Parral, dos correspondieron a niñas de 11 años, uno a una niña de 12, tres a menores de 13 y seis a niñas de 14 años, según los datos oficiales de la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR).
Para las entrevistadas, el dato que en apariencia forma parte de una estadística fría encierra detrás historias de abuso sexual, omisiones institucionales y una red de silencio que alcanza a autoridades municipales, estatales y de salud. Ninguno de estos casos —pese a tratarse de menores de 15 años— ha sido denunciado formalmente ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), el DIF o la Secretaría de Salud, organismos que por ley están obligados a actuar de oficio cuando se trata de niñas menores de 15 años.
El aumento de embarazos infantiles en Parral no solo alarma por las cifras, sino por lo que revela: una ausencia de mecanismos efectivos de protección. Las organizaciones civiles Amor no es Violencia y Atenea coinciden en que este incremento es reflejo de una negligencia institucional sostenida.
“Lo que llama la atención es que no hay una sola denuncia. La Secretaría de Salud no reportó, el DIF estatal ni el municipal interpusieron querella alguna, y eso, tratándose de menores, es muy grave. Si no lo hace la familia, corresponde a las autoridades hacerlo de oficio”, señala Silvana Ornelas Tapia, presidenta de la asociación Amor no es Violencia.
En 2024 se registraron 12 embarazos en menores de 15 años, el doble que el año anterior / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
Para Ornelas Tapia, la omisión no puede justificarse en la falta de conocimiento o en la carga de trabajo de las dependencias, pues la ley establece con claridad que una persona menor de 15 años no puede consentir relaciones sexuales, por lo que cualquier embarazo en este grupo de edad constituye un delito sexual. “Hay coerción, hay abuso, aunque no haya violencia física. Si la autoridad no actúa, perpetúa el delito”, agrega.
La activista explica que muchos de estos casos permanecen ocultos dentro de los hogares o comunidades rurales, donde los llamados usos y costumbres aún pesan más que la ley. “En la Sierra Tarahumara hay más embarazos infantiles que en Ciudad Juárez, a pesar de tener una población mucho menor. Eso nos habla de un patrón cultural y de la falta de presencia institucional en las zonas marginadas”, advierte.
En este sentido, se detalla que el Artículo 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece: “Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”.
Pese a ello, tanto el personal de salud como el docente suelen abstenerse de notificar a la Fiscalía o al DIF cuando detectan un caso. “Hay médicos que atienden partos de niñas de 11 o 12 años y no dan vista al Ministerio Público. Pero si esa misma niña llega después por un aborto, entonces sí lo reportan”, critica Ornelas.
La situación fue confirmada por Susana Luna Chávez, representante de la asociación Atenea en Parral, quien señala que el problema se origina en una cultura de la revictimización y la ausencia de denuncia.
Organizaciones civiles denuncian la falta de denuncias y atención institucional en Parral / Foto: Cortesía / IMSS
“Tenemos una sociedad que sigue viendo la educación sexual como un tabú. Las niñas y adolescentes no cuentan con información clara, ni en casa ni en la escuela, y cuando se atreven a hablar o a buscar ayuda, se topan con autoridades que las juzgan o minimizan sus testimonios.”
En las entrevistas, tanto Ornelas Tapia como Luna Chávez subrayan que el contexto cultural de Parral y su zona rural circundante propician la normalización de relaciones desiguales entre hombres adultos y niñas.
“No estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas”, enfatiza Ornelas. “No es lo mismo una mujer de 30 años que decide tener un hijo, a una niña de 12 que tiene una relación con un hombre de 30. Ahí no hay consentimiento posible”.
Los registros del Inegi reflejan esa realidad: cada año se reportan entre cinco y doce embarazos de menores de 15 años solo en Parral. En muchos de estos casos, las familias aceptan la relación o incluso la formalizan mediante uniones informales.
Dos niñas de 11 años figuran entre los embarazos reportados en 2024 / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
A través de un posicionamiento enviado a este semanario, la dependencia aseguró que impulsa programas que promueven oportunidades reales de desarrollo, como los Clubs de la Juventud y los apoyos económicos a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“Creemos que proporcionar medios de desarrollo personal y profesional es un medio de prevención. La prevención no se limita a repartir métodos anticonceptivos, sino que pasa por brindar herramientas, orientación y espacios donde las y los jóvenes puedan crecer con valores, propósito y responsabilidad”, indicó la institución.
El IMJ subrayó que mantiene colaboración con la Jurisdicción Sanitaria, que brinda charlas y acompañamiento en temas de salud sexual y reproductiva, y que cuenta con un convenio para ofrecer atención psicológica a bajo costo.
Documentos oficiales del propio municipio, como el Protocolo de Atención a Usuarias del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), establecen que ante cualquier caso de violencia o abuso, las áreas de salud, psicología y jurídica deben activar de inmediato un procedimiento de canalización hacia instancias como la Fiscalía de la Mujer, el DIF o los Centros de Justicia para las Mujeres. También puedes leer: Abordarán diputada local y fiscal General de Chihuahua caso de niña rarámuri embarazada en Parral
El protocolo indica claramente que la atención debe ser integral, confidencial y con seguimiento hasta la resolución del caso. No obstante, en los hechos no existen registros públicos que confirmen que alguna de las doce niñas embarazadas en 2024 haya sido canalizada por el IMM o por otra institución.
Paralelamente, el programa educativo “Yo y mi Plan de Vida”, también impulsado por el IMM, busca promover la autonomía de las adolescentes, la prevención de violencias y la toma de decisiones libres e informadas en materia sexual y reproductiva.
El material subraya que “la segunda década de vida no es para cuidar hijas o hijos, sino una etapa crucial para construir proyectos personales y colectivos”. Luna Chávez sostiene que, aunque el documento tiene un enfoque pedagógico progresista, su implementación en las escuelas es limitada y depende de convenios con planteles que muchas veces no se concretan.
El marco legal mexicano y estatal es claro. El Código Penal de Chihuahua establece penas de prisión para quien mantenga relaciones sexuales con personas menores de 14 años, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los funcionarios públicos a denunciar cualquier hecho que pudiera constituir delito.
En el ámbito sanitario, la NOM-046-SSA2-2005 obliga a las instituciones de salud a notificar al Ministerio Público cuando una persona menor de edad presenta signos de violencia sexual o embarazo.
Para las organizaciones, el incumplimiento de estas normas es lo que convierte el problema de los embarazos infantiles en una falla estructural del Estado. “La ley no se aplica. Ni médicos, ni maestros, ni autoridades municipales dan aviso. Y si nadie denuncia, no hay investigación, no hay responsables, no hay justicia”, resume Luna Chávez en su intervención.
Ambas activistas coinciden en que el camino para revertir esta situación pasa por la educación sexual integral, la capacitación constante del personal médico y docente, y el fortalecimiento de las redes de denuncia.
También plantean la necesidad de campañas más claras y visibles: “No basta con folletos ni con mensajes tibios. En México seguimos sin ver un espectacular que diga: ‘Ponte condón’ o ‘La vasectomía también es tu responsabilidad’”, apunta Ornelas.
El municipio, por su parte, sostiene que la prevención debe empezar desde la autoestima y el proyecto de vida, con talleres y acompañamiento psicológico. Pero mientras los programas se mantienen en el papel y los protocolos no se activan, las niñas siguen siendo madres y los agresores permanecen impunes, recalcan las AC.
Parral, con poco menos de 120 mil habitantes, es el cuarto municipio con mayor incidencia de violencia familiar en el estado y cuenta con alerta de género vigente. Para las asociaciones civiles, esta coincidencia no es casual: el embarazo infantil y la violencia doméstica forman parte de la misma cadena de abuso y desigualdad que se reproduce desde generaciones anteriores.
Mientras las autoridades intercambian discursos sobre prevención y valores, las estadísticas muestran que en Parral cada año hay más niñas que se convierten en madres antes de terminar la secundaria, coinciden. Y se refiere que detrás de cada número hay una historia que pudo evitarse si alguien, una escuela, un médico, una institución, hubiera cumplido con su deber de denunciar.
