La vida sin papeles: estabilidad aparente, riesgo permanente
Ese contraste define bien la situación: no se trata de una comunidad arrasada por desalojos, pero sí de un lugar donde la base misma de la vida cotidiana —el derecho a un lote, a un techo— permanece pendiente de formalización.
Los acuerdos de palabra, las compraventas hechas sin acompañamiento técnico y la ausencia de padrones claros han construido una estabilidad aparente sostenida más en la confianza que en el derecho.
La llegada de los desplazados y la presión sobre el territorio
En este sentido, se revela que la falta de certeza jurídica se vuelve entonces un problema encadenado: ni los habitantes originarios tienen títulos, ni los desplazados pueden acceder a un esquema formal de asentamiento.
El territorio se administra por costumbre, acuerdos vecinales y la intervención permanente de la presidencia seccional, que funciona como mediadora, árbitro y gestora al mismo tiempo.
El primer paso: un expediente que por fin entra a Cabildo
Un problema que nació con el fin de La Colorada
Sin catastro actualizado, sin un padrón claro de posesionarios y sin un programa específico de regularización, el tiempo fue pasando y las decisiones se tomaron caso por caso, muchas veces sin registro oficial.
La mirada técnica: regularizar para construir futuro
“Es bueno que se empiecen a ver acciones para la regularización de predios municipales”, afirma. “Ya se empieza a ver la necesidad de tener certeza legal y técnica como algo urgente para el desarrollo de los municipios”.
Ulloa Schaefer insiste en que estos procesos deben trascender a las administraciones específicas. Es decir, no pueden depender exclusivamente de la voluntad de un alcalde en turno, sino de una estructura institucional que involucre a la sociedad civil organizada.
El especialista también recalca la importancia de contar con un catastro actualizado y con áreas de Desarrollo Urbano activas, no solo como oficinas que autorizan trámites, sino como instancias que planifican, previenen y corrigen.
Los riesgos de no regularizar
Un momento decisivo para Villa Escobedo
Si el proceso se frena o se diluye, el mensaje será otro: que el tiempo, una vez más, jugó en contra de quienes han esperado toda la vida para ser, también en el papel, dueños de su propio lugar en el mapa.
Contar con una póliza puede evitar gastos, problemas legales e incluso cubrir indemnizaciones de hasta tres millones de pesos en caso de accidentes con víctimas; exhorta Tránsito a fortalecer esta cultura de prevención
En aproximadamente 20 días se sabrá el nivel de producción que se tendrá este año, señaló el presidente de la Unión de Nogaleros en Jiménez, Manuel Rodríguez
Señala la JMAS que la bomba principal actualmente opera con 4.6 litros por segundo cuando se requieren al menos 7, por lo que implementaron un programa de distribución nocturna
A la fecha, solo 8 de los 180 habitantes cuentan con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
En Villa Escobedo, una comunidad rural al poniente de Parral, tener certeza jurídica es un lujo, ya que de sus 180 vecinos solo 8 tienen los papeles de sus propiedades. Pocos saben dónde empieza un predio y termina el otro, lo que ha abierto la puerta a ventas irregulares, pleitos entre vecinos y la posibilidad de despojos, situaciones que a cien años de la creación de este seccional apenas están siendo atendidas por las autoridades municipales para intentar regularizarlo.
Por más de un siglo, este poblado ubicado en el oeste de la ciudad, a 20 minutos del centro de Parral, ha vivido atrapado en un vacío legal que arrancó prácticamente desde su fundación en 1924, cuando la comunidad minera de Veta Colorada empezó a transformarse en un asentamiento permanente. Lo que nació como un fundo legal bajo responsabilidad del municipio nunca avanzó hacia la regularización de la propiedad.
La falta de un catastro actualizado ha propiciado ventas informales y disputas vecinales / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
En números, el rezago se vuelve todavía más evidente: en Villa Escobedo viven alrededor de 180 personas, pero solo ocho conservan algún papel antiguo para acreditar su propiedad. El resto habita casas levantadas por sus familias o solares adquiridos de forma informal, sin un título actualizado que los respalde. Esa desproporción resume la dimensión del problema y explica por qué la regularización del fundo legal dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una urgencia social y comunitaria.
Generaciones enteras crecieron, trabajaron y envejecieron en terrenos que habitan como suyos, pero que en el papel siguen siendo municipales. Hoy, tras casi cien años, ese rezago histórico comienza por fin a ser atendido: el Cabildo acordó turnar el tema a la Comisión de Desarrollo Urbano y abrir así un expediente que había permanecido en silencio durante décadas.
Para los habitantes, ese movimiento administrativo no es menor. Representa el primer intento formal de poner orden donde solo había costumbre y palabra. Significa empezar a construir un futuro con papeles, después de toda una vida de vivir “a la buena de Dios”, como describe más de un vecino.
Y también abre una discusión incómoda: por qué una comunidad completa debió esperar casi un siglo para ser reconocida jurídicamente por las mismas autoridades que han administrado, vendido o protegido otros predios municipales con mucha más rapidez.
La historia de Villa Escobedo ayuda a entender el tamaño del problema. La comunidad nació ligada a la mina La Colorada y a la actividad minera que sostuvo la región durante las primeras décadas del siglo XX. Cuando la explotación decayó, el poblado no desapareció: se transformó en un asentamiento estable, con familias que se quedaron, construyeron casas, formaron barrios y levantaron su vida alrededor de lo que alguna vez fue un enclave minero.
Villa Escobedo, asentamiento minero fundado en 1924 / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
Gloria Hernández, presidenta seccional de Villa Escobedo, conoce bien esa realidad; en entrevista exclusiva reveló que, en términos legales, el territorio se configuró como fundo legal o mancomún, una figura en la que el suelo queda como propiedad del municipio. En los años 40 y 50, el Congreso del Estado formalizó esa pertenencia, pero nunca se tradujo en títulos individuales ni en un programa integral de regularización.
Desde entonces, cada administración heredó el tema y lo dejó pasar. El expediente permaneció prácticamente inmóvil, mientras en el terreno la vida cotidiana seguía su curso entre nuevas construcciones, herencias de palabra y compraventas informales.
En su gestión, a la presidenta seccional actual le ha tocado escuchar historias, apaciguar conflictos y tocar puertas. Por un lado, asegura que hoy no hay un despojo masivo ni una ola de desalojos; por otro, reconoce que la falta de control durante administraciones pasadas sí permitió ventas irregulares de terrenos que, por ley, le correspondían al municipio.
“Hasta ahorita no hemos tenido despojos”, aclara de entrada. “Únicamente que la gente irregularmente ha vendido predios que le corresponden al municipio. Entonces no ha habido un control debido tras la venta de esos predios en administraciones pasadas, hemos tratado de controlar la venta ilícita de los terrenos en Villa Escobedo y en la comunidad del Ojito”.
Como si la falta de certeza jurídica no fuera suficiente, en los últimos años Villa Escobedo también se convirtió en refugio de personas que llegan huyendo de otra violencia: la de la Sierra Tarahumara. Familias indígenas desplazadas por la inseguridad en la región serrana han encontrado en este poblado un lugar donde intentar recomenzar.
“Tenemos gente desplazada de la sierra que también vive ahí”, explica Hernández. “Ha llegado gente desplazada de la sierra por la inseguridad que priva ahorita en la región. Le estamos dando apoyo, para que tengan un lugar digno donde vivir”.
Esas familias, que ya vienen de procesos de desarraigo y pérdida, se insertan en un territorio que tampoco está claro en términos legales. Buscan casas abandonadas, solares vacíos, rincones donde no estorben y puedan levantar un cuarto. La comunidad, en muchos casos, las recibe con solidaridad, pero también con la incertidumbre de no tener papeles propios que respalden su permanencia.
En este contexto, el paso dado recientemente por el Ayuntamiento de Parral, encabezado por el alcalde Salvador Calderón Aguirre, se percibe como un punto de inflexión. Por primera vez, el tema del fundo legal de Villa Escobedo llegó a la mesa de Cabildo y fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano. No es todavía la entrega de títulos, pero sí el arranque formal de un proceso largamente aplazado.
“Ahora con el programa de vivienda digna para darle certeza jurídica a todos los que viven ahí, ya presentaron sus papeles ante Desarrollo Urbano”, explica Hernández. “Es el que lleva o va a llevar los trámites para la entrega de títulos, para ir citando a la gente, a los vecinos, para que completen ya su papelería y darle certeza jurídica”.
Autoridades del Ayuntamiento de Parral turnaron el caso a la Comisión de Desarrollo Urbano, iniciando el primer proceso formal para regularizar el fundo legal de la comunidad tras décadas de omisión administrativa / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
Este trabajo conjunto resume una nueva dinámica: por un lado, el área técnica del municipio revisando expedientes, delimitando superficies y ordenando información; por otro, el liderazgo comunitario convocando, explicando, ayudando a juntar papeles y a traducir el lenguaje institucional a la realidad del barrio. A diferencia de décadas anteriores, cuando el tema vivía en la informalidad o en trámites aislados, ahora se abre la posibilidad de construir un proceso integral y, sobre todo, documentado.
Para la representante de la comunidad, el origen de esta situación está estrechamente ligado al recorrido de la minería en la región. Villa Escobedo y su entorno crecieron bajo la lógica de los campamentos mineros: se construía cerca del yacimiento, la empresa mandaba y la vida giraba alrededor del trabajo en la mina, no muy diferente a poblados como Santa Bárbara y San Francisco del Oro. Con el declive de La Colorada, el poblado se desprendió de ese centro económico, pero no tuvo un acompañamiento institucional que transformara el asentamiento minero en una comunidad con reglas claras de tenencia.
El intento de incorporarse a esquemas agrarios como ejido nunca se consolidó. La comunidad quedó en esa figura intermedia de fundo legal, que en teoría permite ordenar el territorio bajo responsabilidad municipal, pero que en los hechos quedó a medias.
El resultado, décadas después, es un rompecabezas territorial: casas construidas sobre lotes que son, legalmente, propiedad del municipio; cesiones de palabra que no figuran en ningún archivo; ventas hechas sin peritajes ni avalúos; y familias que han vivido toda su vida en un lugar que no pueden acreditar formalmente como propio.
Desde la perspectiva profesional, el proceso que hoy se abre no solo es deseable, sino urgente. Carlos Ulloa Schaefer, vicepresidente del Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua, considera positivo que el municipio empiece a actuar sobre los predios que aún no cuentan con certeza legal. Sin entrar en confrontaciones políticas, subraya el valor de este tipo de acciones para el desarrollo ordenado.
“Es de señalar que por eso es tan importante que los colegios, cámaras y otras organizaciones de la sociedad civil sean partícipes en la creación, actualización y confirmación de instrumentos y comisiones que trasciendan administraciones, para que sea la ciudadanía quien marque el rumbo de lo que Parral quiere para Parral”, explica.
“La actividad y actualización catastral y de desarrollo urbano es clave para evitar que este tipo de prácticas continúen”, subraya. En otras palabras, la regularización de Villa Escobedo no solo beneficiaría a esta comunidad, sino que podría convertirse en un punto de partida para mejorar la forma en que el municipio administra su suelo y anticipa futuros conflictos.
El costo de mantener a Villa Escobedo en el limbo jurídico es alto y se mide en distintos planos. En lo social, la ausencia de papeles fomenta desconfianza, abre espacio a rumores y multiplica los conflictos entre vecinos cuando surgen dudas sobre los límites de un solar o sobre la legitimidad de alguna compraventa. En lo económico, impide que muchos habitantes accedan a créditos de vivienda o programas de mejoramiento que exigen certificados de propiedad. En lo institucional, dificulta la planeación de servicios, la inversión en infraestructura y la definición de prioridades.
Además del rezago histórico en titulación, la comunidad enfrenta el reto de integrar a familias desplazadas de la Sierra Tarahumara / Foto: Luis Murillo / El Sol de Parral
Si el municipio no avanza en la regularización, Villa Escobedo corre el riesgo de enfrentar un deterioro social acelerado: aumentarán las disputas por la tierra entre habitantes, se incrementará la vulnerabilidad frente a despojos o intentos de apropiación irregular, crecerán los asentamientos sin orden, se agudizarán los conflictos derivados de la presencia de familias desplazadas que no tienen un lugar definido y se volverá más difícil frenar las ventas informales.
Las fuentes consultadas exponen que la falta de un título no solo afecta a los hogares de manera individual; compromete la gobernabilidad y la cohesión social de toda la comunidad. Un territorio sin reglas claras es un territorio más expuesto a la discrecionalidad, a los abusos y a los intereses particulares.
Pese a la complejidad del panorama, el ambiente en Villa Escobedo no es de resignación, sino de expectativa. La presidenta seccional, Gloria Hernández, resume ese ánimo en una frase que repite con frecuencia: “Gracias a Dios, ahora sí estamos avanzando”. Para ella, la clave está en que el trabajo entre Desarrollo Urbano y la comunidad se mantenga cercano, transparente y constante, y en que los vecinos entiendan que el esfuerzo de juntar documentos, acudir a citas y responder requerimientos no es un simple trámite, sino la base de su tranquilidad futura.
En los próximos meses, el éxito del proceso dependerá de varios factores: el ritmo con el que el municipio atienda los expedientes, la capacidad técnica para ordenar décadas de informalidad, la participación de especialistas que aporten rigor a las decisiones y el involucramiento de la propia comunidad para no dejar nuevamente el tema en manos de otros.
Después de un siglo sin papeles, Villa Escobedo se encuentra frente a una oportunidad histórica. Si la regularización se concreta, cada título entregado será algo más que una hoja firmada: será la confirmación de que una comunidad que nació al calor de la minería y sobrevivió al abandono institucional finalmente obtuvo lo que siempre debió tener: reconocimiento pleno sobre la tierra en la que ha construido su vida.
