Lo que inició como la búsqueda de cuatro personas reveló una red de trata, corrupción policial y vínculos con el crimen organizado en Chihuahua, Durango y Sinaloa
La memoria de Mayra, Merari, Sigrid y Oswaldo pesa en el aire, como un eco que rebota cada vez más fuerte entre las calles de Parral y Jiménez. Se cumplen siete años de su desaparición. Han pasado dos mil 557 días desde que un grupo armado irrumpió en una vivienda al sur de la ciudad y se llevó a los cuatro jóvenes de profesión enfermeros.
Lo que comenzó como una pesquisa por personas desaparecidas se convirtió, con el paso de los meses, en una historia oscura de trata de personas, corrupción institucional, complicidad policial y vínculos con el crimen organizado que se extienden por Chihuahua, Durango y Sinaloa. A siete años, el caso sigue sin resolverse, aunque hay detenidos y sentencias. El paradero de los enfermeros, sin embargo, sigue siendo un misterio.
Era la noche del 29 de mayo de 2018 cuando Mayra Guadalupe Mendoza Adame y su amiga Merari Muñoz Lozano salieron de su domicilio. Horas después, sujetos armados —varios de ellos policías municipales— irrumpieron en el mismo lugar y se llevaron a otros tres jóvenes: Sigrid Casandra Díaz Huerta, Oswaldo Galván Rodríguez y un quinto joven cuya identidad se ha reservado por seguridad. Este último fue liberado momentos después. Su conexión familiar con uno de los captores lo salvó de correr la misma suerte que sus amigos.
El testimonio de este sobreviviente se convirtió en pieza clave del expediente 4129/2018. Bajo protección estatal, narró cómo los agresores sabían a quién buscaban, cómo los llamaban por su nombre y cómo fue liberado mientras a los demás se los llevaban con amenazas. Él es uno de los pocos hilos de verdad en un caso que ha sido marcado por el silencio, el miedo y la muerte.
Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) desentrañó un entramado que superaba con creces un caso de desaparición forzada. Las indagatorias apuntaron hacia una red de trata de mujeres con fines sexuales. En el centro de esa red estaba Claudia Palmira M. A., alias “La Pamy”, una mujer que operaba desde la colonia Bellavista en Parral y que ofrecía a mujeres a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Mayra y Merari, según los hallazgos de la FGE, eran parte del “catálogo” que Palmira distribuía entre clientes del crimen organizado. Comunicaciones encontradas en su teléfono y testimonios recogidos durante el juicio confirmaron que las jóvenes eran ofrecidas sin su consentimiento. Algunas de las víctimas eran menores de edad.
“La Pamy” fue detenida y sentenciada a casi 60 años de prisión. En su contra pesaron pruebas contundentes: chats, fotografías, pagos y testimonios de otras víctimas. Se comprobó que trasladaba mujeres incluso en avionetas hacia municipios de Durango y Sinaloa. Pero ni siquiera su condena trajo consigo la respuesta más urgente: ¿dónde están los enfermeros?
El golpe más crudo para la comunidad fue descubrir que dos de los captores eran policías municipales en activo. Iván Francisco L., conocido como “El Robocop”, y Omar Iván R., apodado “El Policholo”, participaron directamente en la captura de los jóvenes. Ambos fueron detenidos y sentenciados en 2021 a 31 años de prisión por desaparición forzada.
En los juicios quedó claro que actuaron con plena impunidad, utilizando su autoridad para ingresar al domicilio y someter a las víctimas. Los vecinos, al ver uniformes, creyeron que se trataba de un operativo legítimo. Fue esa mezcla de poder, armas y silencio institucional lo que permitió su actuar sin consecuencias inmediatas.
Jesús Antonio T. M., apodado “Chavita”, fue otro nombre que emergió como pieza clave. Estuvo presente en la escena del crimen y, según la FGE, tenía información del destino final de los desaparecidos. Sin embargo, en 2020 fue asesinado en el fraccionamiento San José. Su muerte fue un mensaje: quien hable, muere.
“Chavita” habría sido el eslabón para identificar más responsables y posibles ubicaciones de las víctimas. Su muerte selló, temporalmente, esa línea de investigación. La Fiscalía confirmó que había sido citado para declarar y que se encontraba en proceso de colaborar con información crucial.
La investigación escaló hasta señalar a dos figuras clave del crimen organizado: Antonio Leonel C. M., alias “El 300” o “El Bin Laden”, y César Ulises R. J., conocido como “El 309” o “El Arlekín”. Ambos operadores de “La Gente Nueva”, brazo armado del Cártel de Sinaloa en el sur de Chihuahua.
A pesar de estar detenidos por otros delitos, ninguno ha aportado información relevante sobre los jóvenes. La FGE sostiene que sus células operativas participaron en la desaparición, pero los testimonios directos se han esfumado entre asesinatos y pactos de silencio.
Durante estos siete años se han realizado decenas de rastreos en zonas rurales, viviendas abandonadas, predios, y hasta en fosas clandestinas. Se han encontrado restos óseos, pero ninguno ha sido identificado como perteneciente a los enfermeros. La incertidumbre sigue siendo el castigo más doloroso para las familias.
El caso se mantiene abierto. El expediente ha crecido con los años. La carpeta de investigación incluye miles de hojas, videos, fotografías, declaraciones, cateos y peritajes. Pero el núcleo del misterio sigue intacto: ¿Dónde están los cuatro enfermeros?
