El imputado permanecerá en prisión preventiva; el automotor fue robado en plena zona urbana
La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que obtuvo la vinculación a proceso penal de Paulo Isael J. M., a quien se le atribuye el delito de robo agravado de vehículo, cometido en el municipio de Guachochi, como parte de las acciones para combatir ilícitos que afectan el patrimonio de las familias.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2025, cuando el imputado presuntamente se apoderó de un vehículo marca Jeep, línea Rubicon, modelo 2020, color blanco, que se encontraba estacionado en un punto urbano de la ciudad.
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La carpeta de investigación establece que el automotor estaba sobre la avenida Las Garzas, y que el apoderamiento se realizó sin autorización del propietario, por lo que se inició la denuncia y se activaron las diligencias correspondientes para ubicar tanto a la unidad como al probable responsable.
Tras el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación lograron la detención de Paulo Isael J. M. en términos de flagrancia, lo que permitió que fuera puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio del procedimiento penal.
Durante la audiencia inicial, la representación social presentó datos de prueba y argumentos incriminatorios con los que buscó acreditar la probable responsabilidad del detenido, además de sustentar la necesidad de mantener medidas cautelares mientras avanza la investigación.
El Juez de Control que conoce la causa penal consideró suficientes los elementos expuestos y resolvió vincular a proceso al imputado, determinando que existen indicios para que el caso continúe en etapa de investigación bajo control judicial.
Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva, por lo que el acusado enfrentará su situación jurídica privado de la libertad, en tanto se desarrollan los actos de investigación y se define su responsabilidad en los hechos imputados.
Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá ampliar diligencias, robustecer la carpeta y, en su momento, presentar la acusación correspondiente, reiterando su compromiso de buscar justicia y resarcimiento del daño a las víctimas.
