En 2016, varias comunidades serranas de Puebla supieron que las autoridades impulsaban el proyecto Coyolapa-Atzalan, que amenazaba con privatizar el agua y despojarlos de sus tierras. Aun con poblaciones divididas, lograron frenar la hidroeléctrica, pero sufrieron amenazas, ataques y la desaparición de uno de sus compañeros de lucha
Mely Arellano / Periodismo de lo Posible
En abril de 2016, a la orilla del río Coyolapa, que atraviesa la Sierra Negra de Puebla, se reunió una multitud de personas de distintas edades, incluidos representantes de diferentes comunidades nahuas, algunas ubicadas a cuatro horas de viaje, que habían sido convocadas para enfrentar una amenaza.
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Torito —nombrado así por razones de seguridad— recuerda que prepararon una gran ofrenda con flores y frutas a un lado del río, y al final hicieron un juramento: “Vamos a unirnos en resistencia”. Estaban ahí para enfrentar el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, que causaría impactos como la privatización del agua y el despojo de tierras en los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec, una región con cerca de 90 mil habitantes.
Entre los presentes estaba también don Herlindo, campesino originario de la comunidad de Pozotitla. Cuando tomó la palabra, nombró lo que todos sentían: “El agua tiene vida, y nuestra madre tierra, también”. Con las flores de la ofrenda se hicieron collares para los representantes de cada comunidad; uno era Sergio Rivera Hernández, un entusiasta defensor de Coyolapa, otro de los lugares que iba a ser afectado, entonces de 32 años, padre de cinco hijos.
Desde ese momento, Flor —nombre ficticio de una comunicadora comunitaria formada en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)—, entonces una adolescente de 14 años e hija de don Herlindo, se unió al movimiento de resistencia. “Invocamos al espíritu de la lucha para seguir sobreviviendo. En ese momento sentimos que teníamos que enfrentar una batalla muy fuerte”. Pero esa gran lucha que se avecinaba no impedía que en el río se respirara un ambiente de esperanza.
Para llegar a esta zona de la Sierra Negra de Puebla hay que recorrer, desde el municipio de Zoquitlán —ubicado a tres horas y media de la capital del estado—, caminos de terracería, y atravesar senderos repletos de palmas, mamey, naranjos, plátanos, mangos, cafetales y plantaciones de caña. Un universo que hacen posible los ríos de la región.
Las comunidades están dispersas entre las montañas y cañadas. Se habla el náhuatl en todas las casas, y la vida se sostiene a través de los usos y costumbres,refiere Torito.
El proyecto del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan consistía, según su manifestación de impacto ambiental, en construir dos subsistemas: uno aprovecharía el cauce del río Coyolapa, y el segundo las aguas de los ríos Atzalan y Huitzilatl. En ambos casos se construiría una cortina de concreto para derivar el caudal hacia un túnel que lo conduciría hasta una “casa de máquinas”, donde dos turbinas convertirían el agua en energía. El objetivo era generar electricidad en beneficio de los hornos de la Minera Autlán, del Grupo Ferrominero de México, ubicados en Teziutlán, que produce ferroaleaciones para la fabricación de acero.
“Es un grupo con mucho dinero, y en ese asunto se nos puede ir la vida”, advirtió Martín Barrios, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, a los representantes de las comunidades.
Lo primero que hicieron los pobladores fue movilizarse; comenzaron a reunir firmas de rechazo al proyecto. Subían el cerro, caminaban, nadaban, recorrían la sierra para informar a los pobladores sobre los planes de la empresa. “Pero sus enviados [de la minera] hacían lo mismo, nos seguían los pasos, y ahí comenzó la disputa”, recuerda Torito.
Se dieron cuenta de que los ingenieros de la minera llegaban a las comunidades el mismo día en que habían organizado una reunión; su estrategia consistía en ofrecer dinero, despensas, vacunas... Había mucha presión para que la gente accediera a vender sus tierras y pudieran construir el megaproyecto.
“Yo un apoyo no quiero, digo: ¿cómo crees que voy a vender mi territorio?”, decía don Herlindo. “Aunque estemos necesitados, o nos falte dinero, no vamos a vender”.
Pero en la región hay muchas carencias, y los ofrecimientos de la empresa, sumados a una narrativa que prometía empleo, hospitales, carreteras y escuelas, comenzaron a sembrar la discordia entre los habitantes. Los amigos se agarraban a golpes, e incluso hubo disputas entre hermanos, “porque uno quiere el dinero, y otro el río”, recuerda Martín. Fue uno de los primeros golpes a la resistencia.
En 2016 y 2017, los representantes de las comunidades y muchos pobladores dejaron sus trabajos para dedicarse por completo a la lucha contra el megraproyecto: organizaban asambleas informativas, protestaban en la Secretaría de Energía y frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México, bloqueaban carreteras, hacían manifestaciones y exponían la situación en diferentes estados del país.
“Van a secar esa agua [del río], porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar de un volumen del 10%. En partes puede que hasta se seque, […] puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio, quien se convirtió en defensor del territorio, en una conferencia realizada en Tehuacán.
Los aliados del Grupo Ferrominero reaccionaron; enviaban personas armadas para intimidar a quienes asistían a las asambleas.
“Luego organizamos los foros en defensa del territorio. Y ahí hubo una participación muy fuerte de la gente y el rotundo no al proyecto hidroeléctrico”, recuerda Flor. Ese sentimiento colectivo provocó que nuevas comunidades se sumaran a la resistencia, lo que fortaleció al movimiento, porque sentían el apoyo de los pobladores. “Aunque tienes miedo, por otra parte tienes ánimo”, dice Rubén, otro de los defensores.
Una de las herramientas para la defensa del territorio fue Radio Tlayoli (“Voces del maíz”), fundada el 7 de noviembre de 2016, que era sintonizada por más de 20 mil personas. Torito fue uno de los jóvenes locutores que se ofrecieron para hacer transmisiones desde una cabina improvisada, con una mesa, un par de sillas, y una antena montada en un árbol.
“El objetivo era comunicar”, explica Torito —un joven de 25 años que es también un comunicador comunitario formado en el CESDER—, “informar en la Sierra Negra de que se va a instalar un megaproyecto de muerte; entonces, al mencionar este tipo de cosas, […] estás tocando intereses de ciertos políticos o cacicazgos. Ahí es donde viene el problema”.
No solo transmitían noticias sobre el avance del proyecto; también convocaban a asambleas e invitaban a la gente a informarse.
Pocos días después de la inauguración, el 24 de noviembre, unos sujetos dispararon contra la radio, se llevaron equipo, golpearon a quienes estaban ahí, e incluso hirieron a un compañero. “De alguna manera, [eso] nos ayuda a visibilizar que había violencia y que alguien no quería que pudiéramos tener voz ante lo que se estaba viviendo”, recuerda Omar Esparza, coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Aunque con ese atentado pretendían callar a la radio comunitaria, el 3 de diciembre ya estaba reinstalada, con un mayor respaldo de la comunidad. Lo primero que hicieron fue alertar en sus transmisiones sobre la nueva estrategia de la minera que, junto con la Secretaría de Energía y autoridades de Coyolapa y Zoquitlán, promovieron en 2017 consultas para lograr la aceptación del proyecto.
Sergio se comunicó con los compañeros de lucha de Pozotitla, les dijo que tenía miedo de que en las consultas se aprobara el proyecto,recuerda Flor.
La consulta es un derecho constitucional de las comunidades indígenas para decidir sobre el desarrollo de proyectos en sus territorios, pero la campaña informativa surtió efecto: la población rechazó que se organizara porque consideraba que no iba a ser libre ni informada.
En enero de 2017, la gente de las comunidades se unió para clausurar las instalaciones de la minera en Teziutlán e instalaron un plantón frente a la puerta principal. Hubo golpes, gritos entre vecinos, pero ganaron los pobladores organizados que querían mantener intactos sus ríos y rechazaban a la hidroeléctrica.
El sentimiento de triunfo duró poco. Además de afectar los intereses de la minera, los pobladores se habían impuesto a las autoridades municipales y federales, y perjudicado a quienes apoyaban el proyecto. Sabían que los caciques y líderes políticos no se iban a quedar quietos.
“Empezaron las amenazas del presidente de Tlacotepec contra nosotros, de muerte, prácticamente”, afirma Omar. Entonces pidió a sus compañeros que tomaran precauciones. “Presentíamos que iba a pasar algo”.
Sergio había recibido amenazas de muerte —mensajes, audios, llamadas—, incluso fue golpeado tras ser detenido en un retén; a finales de 2017, intentaron dispararle en una vereda, pero el arma se encasquilló. Eso no detuvo su compromiso.
La tarde del 23 de agosto de 2018, Sergio regresaba en motocicleta desde Tepexilotla, en dirección a su casa, cuando cuatro hombres armados lo interceptaron y lo subieron a una camioneta gris; después tomaron rumbo a Zoquitlán.
“Yo los vi cuando lo tiraron, ahí lo amarraron con la cinta y lo aventaron en la camioneta y lo cerraron, y se lo llevaban”, narró un testigo de la desaparición. Otro escuchó, al pasar la camioneta, que alguien la pateaba desde dentro, pero pensó que era un animal. “Sergio nunca más volvió a casa”.
La desaparición de Sergio dejó una estela de miedo en el movimiento. Ya nada fue igual, su ausencia apagó un poco las ganas de luchar, pero hubo quienes comenzaron a levantar la voz para pedir la aparición con vida de su compañero.
La fiscalía de Tehuacán acusó de la desaparición de Sergio a tres hombres, los mismos que meses antes lo habían golpeado. A pesar de que acudieron a declarar testigos del hecho, el 11 de septiembre de 2020, el juez Mario Cortés Aldama dejó en libertad a los procesados por considerar que no había pruebas suficientes para sentenciarlos.
En enero de 2023, un tribunal ordenó un nuevo juicio, porque el anterior no contó con un intérprete del náhuatl y no se tomó en cuenta la condición de defensor del territorio de Sergio. Actualmente, se lleva a cabo el proceso, nuevamente a cargo del juez Cortés Aldama, y se teme que los presuntos responsables, quienes han sido acusados de amenazar a los testigos, sean absueltos.
El caso de Sergio es el primero en México, tras la promulgación en 2017 de la Ley General en Materia de Desapariciones, en que la víctima es considerada un defensor del territorio. Su esposa, Consuelo Carrillo, y sus cinco hijos tuvieron que abandonar la comunidad por razones de seguridad.
Sergio es recordado como un hombre hábil y serio, alguien con carisma que atrajo mucha gente al movimiento. Estaba convencido de la necesidad de defender la tierra para que sus hijos tuvieran un mejor futuro.
Al defensor lo desaparecieron cuando habían logrado un movimiento sólido, reconoce Omar, pero “entendimos que la manera de hacer justicia es mantener viva la organización, su memoria”. Y eso les permitió continuar con la resistencia hasta lograr que se frenara el megaproyecto.
Además, crearon una escuela de formación política para compartir lo que habían aprendido sobre la defensa de sus derechos y sumar a nuevas comunidades. También constituyeron una cooperativa de café llamada Tepeyolo (“Corazón de la montaña”).
“Ya en la región producíamos café para nuestro consumo, pero organizarnos en la cooperativa nos ha permitido comercializar el café como una alternativa para nuestras familias y para mantener la resistencia viva”, dice Flor. Desde hace cuatro años, lo exportan a Suiza y Alemania.
Poco a poco, los vecinos que no se saludaban por la división que produjo el megaproyecto comienzan a platicar, y ya organizan juntos las fiestas patronales. El proceso de defensa del territorio les ha hecho valorar más el río y los frutos que crecen gracias a sus aguas, desde el maíz hasta los plátanos o las naranjas.
Las comunidades de la Sierra Negra lograron la cancelación del proyecto hidroeléctrico después de que, en marzo de 2018, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla ordenó dejar sin efecto la licencia de impacto ambiental. Como consecuencia, en febrero de 2021, el amparo interpuesto por pobladores de Coyomeapan y por el Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular fue sobreseído tras producirse la suspensión de la hidroeléctrica.
Para los habitantes de la zona, la resistencia continúa; no pararán hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto. En esa pugna, la memoria de Sergio permanece firme en el movimiento. “Sigue caminando con nosotros”, dice Flor. El río por el que luchó fluye cristalino y quienes asumieron su defensa mantienen su compromiso “hasta donde podamos”, afirma Torito, “hasta donde nos arrebaten la vida”.
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Con información de Aranzazú Ayala Martínez.
Esta historia es una versión escrita basada en el pódcast “Puebla: Una promesa al río”, cuya investigación y guion fueron realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.
